AI pide al gobierno de El Salvador poner fin a régimen de excepción

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La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) solicitó este jueves al gobierno de El Salvador poner fin al régimen de excepción que provoca detenciones masivas en el marco de una "guerra" contra pandillas, y advirtió que esa política viola derechos humanos y podría dar lugar a responsabilidad penal internacional.

"Amnistía Internacional solicita al Estado salvadoreño poner fin al régimen de excepción y revertir inmediatamente las reformas legislativas que atentan contra los derechos humanos", declaró en rueda de prensa en San Salvador la directora regional para las Américas de AI, Erika Guevara.

Guevara hizo su llamamiento al presentar el resultado de una "investigación de crisis" sobre la situación humanitaria en El Salvador en el contexto de la imposición del régimen de excepción.

Se ha generado "una grave situación de violaciones a los derechos humanos", resumió la directora de AI.

En respuesta a una escalada de violencia de las pandillas que dejó a fines de marzo 87 homicidios, el Congreso, a solicitud del presidente Nayib Bukele, aprobó el 27 de marzo el régimen de excepción, que ha sido prorrogado en dos ocasiones y finalizará a fines de junio.

La medida permitió a las autoridades detener sin orden judicial a más de 36.000 supuestos pandilleros que luego son enviados a jueces sin rostro que pueden ampliar la detención provisional de 15 días a seis meses.

El régimen de excepción restringe también el derecho a la defensa de los capturados, y la libertad de asociación.

-Responsabilidad penal -

A inicios de abril el Congreso controlado por el oficialismo, aprobó una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de pandillas y con hasta 15 años la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.

Esas reformas, según Guevara, "atentan contra el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías judiciales".

Advirtió que "la política implementada por el gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional".

"A estas alturas (de lo actuado) los tres poderes del Estado (salvadoreño) tienen conocimiento suficiente para tomar las medidas necesarias que detengan el encarcelamiento ilegal de miles de personas y las muertes arbitrarias bajo custodia del Estado", enfatizó.

El miércoles, Bukele, en un discurso a la nación con motivo de su tercer año de gobierno, aseguró que está "a punto de ganar la batalla" contra las pandillas y en respuesta a los críticas dijo que "El Salvador es un país soberano", que "tomará las decisiones que (considere) correctas".

- Juicios sin garantías -

Para Guevara, las víctimas de la violencia de las pandillas "merecen justicia de forma urgente" y no "la respuesta visceral y flagrantemente ilegal dada por el gobierno".

"La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de 36.000 personas en dos meses no habría sido posible sin la complicidad de instancias de justicia, incluida la Fiscalía, Procuraduría y el poder judicial que están sacrificifando derechos humanos irrenunciables", destacó.

Zaira Navas, abogada de la ONG salvadoreña Cristosal, Zaira Navas, aseguró que las audiencias en los tribunales "son masivas, con más de 500 personas procesadas", por lo que el requerimiento de la Fiscalía "no tiene la individualización de la responsabilidad de cada persona".

Cristosal atendió, en una plataforma virtual que habilitó, unos 850 casos de supuestos casos de "detenciones arbitrarias" y de "abusos de autoridad".

"Hemos registrado 23 ejecuciones (homicidios) en los centros penales", enfatizó Navas.

La mayoría de los detenidos son procesados por el delito de "agrupaciones ilicítas" y casi todos pasan a la siguiente fase de instrucción por seis meses prorrogables, por lo que una persona estar hasta dos años sin condena, explicó la abogada.

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