Aguascalientes, tercer estado con más llamadas de emergencia por violencia de pareja

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La violencia de pareja continúa siendo una de las problemáticas sociales más frecuentes en el estado de Aguascalientes, ya que actualmente se ocupa el tercer lugar nacional en tasa de llamadas de emergencia por este motivo ante las corporaciones de seguridad pública.

De acuerdo al informe de violencia hacia las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en el primer semestre del 2022 se registró un promedio de 457.5 reportes por cada 100 mil habitantes.

Únicamente por encima de Aguascalientes se ubican Quintana Roo, con un promedio de 622.4 llamadas de emergencia, y Baja California, con 573.4 incidencias de este tipo.

Por el contrario, las entidades con menor registro de llamadas de emergencia por violencia de pareja son el Estado de México, con 9.6 reportes, Chiapas, con 20.1 e Hidalgo con 27.9 incidencias.

La media nacional es de 100.7 llamadas de emergencia por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo al Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia se define a la violencia de pareja como “la agresión infligida por la pareja que incluye maltrato físico, sexual o emocional y comportamientos por un compañero íntimo”.

Cabe destacar además que el informe incluye sólo el registro de las llamadas de emergencia realizadas al servicio 911 por hombres y mujeres, de forme indistinta, sin que estas representen denuncias concretadas ante la autoridad ministerial correspondiente.

En el artículo 133 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes se encuentra tipificado el delito de Violencia a partir de una relación de pareja, la cual consiste en “la fuerza física o psicológica ejercida por una persona en contra de otra, en una relación de pareja, y que ello le cause afectaciones en su autoestima o seguridad, con el objeto de controlar, intimidar, humillar, someter o dominar a la persona”.

La sanción contemplada en el código es de 1 a 4 años de prisión y de 50 a 100 días multa, además del pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

La pena podría aumentar hasta dos terceras partes respecto a los mínimos y máximos, cuando la víctima sea una persona menor de 18 años de edad o mayor de 60 años.

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