Aguascalientes: activistas y organizaciones tiran iniciativa que buscaba regular manifestaciones; veían golpe a libertades

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Protestas en Aguascalientes
Protestas en Aguascalientes

Mediante la visibilización y la búsqueda de interlocución con diputados locales, un conjunto de asociaciones en Aguascalientes logró que el panista Luis Enrique García López retirara este miércoles la iniciativa mediante la que buscaba regular el derecho a la manifestación en el estado.

Con la prohibición del derecho de asociación y manifestación cuando su fin se considerara contrario a las “buenas costumbres”, la legitimación del uso de la fuerza, la obligación de notificar a las autoridades y la facultad de estas de negar o autorizar cualquier aspecto de la protesta, así como la imposición de horarios y estándares, esta iniciativa criminalizaba y violaba libertades, señalaron las organizaciones desde que fue presentada y turnada a comisiones.

Activistas calificaron este intento de regulación de especialmente preocupante, en un contexto en el que las manifestaciones de mujeres por el 8M en 2021 fueron reprimidas mediante el uso de la fuerza.

Itzia Miravete, de Artículo 19, destacó que el hecho de que no sea la primera iniciativa en el país que busca restringir la protesta social, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha establecido que esto es inconstitucional, es síntoma de que los congresos locales no están mirando qué ocurre en otras entidades para entender cómo se tiene que garantizar este derecho.

“Nos preocupa que haya estados que se sumen a esta intención de regular el derecho a la protesta, porque al final hay que recalcar que el ejercicio de la protesta es parte del derecho a la libertad de expresión, y lo que busca es fortalecer las democracias”, señaló.

Desde Artículo 19, explicó, la preocupación radicaba en que la ley pretendía que la excepción se convirtiera en regla. Y aunque el derecho a la protesta social no es absoluto, bajo estándares internacionales no pueden argumentarse razones como “buenas costumbres” u orden público como pretexto para limitar derechos, insistió.

“La iniciativa sobrerregulaba y era excesiva en los criterios que exigía para que las personas puedan ejercer el derecho a la protesta. En un sinnúmero de artículos, dice que, por ejemplo, tienen que protestar en ciertas calles, en ciertos horarios, en un oficio con tiempo de anticipación, lo cual ya está negando también el carácter muchas veces orgánico, espontáneo, del que surge una protesta, lo cual hemos visto en México tras un asesinato o un feminicidio”, aseguró Miravete.

Un segundo problema de la iniciativa es que le decía a la gente cómo protestar. Por ejemplo, había artículos que establecían que no se podían expresar insultos. La naturaleza de la protesta, agregó Miravete, es exigir al gobierno que haga o deje de hacer algo, por lo cual resulta arbitrario y excesivo que las autoridades regulen cómo deben hacerlo o no las personas. 

La iniciativa incluso proponía establecer sanciones y procesos de investigación a quienes, a través de la protesta, quisieran obligar a las autoridades a hacer algo, lo cual es el objeto mismo de la manifestación. Por ello, se trataba de restringir y negar el derecho de la sociedad a manifestarse libremente, subrayó Miravete.

En acciones conjuntas, como comunicados, foros informativos y reuniones con legisladores, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), conformado por varias organizaciones, y las agrupaciones Cultivando Género, Brigada Centinela, TERFU AC, Flores del Mal, Mujer Entrópica, Diversex, Mexicanas en Acción positiva, VIDHA, CODDEC, CAVA, AguasCannabis, SURÁ, Red Hidrocálida de Personas Trans y de la Diversidad Sexual, el Diario Aguascalientes y Gistyle advirtieron sobre los riesgos de la iniciativa frente al derecho a la protesta.

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Inicialmente, encontraron poca receptividad por parte del diputado panista que presentó la iniciativa, quien insistió en un encuentro apenas el viernes pasado en que esta no contravenía los derechos a la libertad de expresión y asociación, relató Angie Contreras, de Cultivando Género. 

Incluso, había preocupado la rapidez con la que fue turnada a comisiones y se esperaba que este jueves se diera la primera discusión en el Congreso local. Pero ante la presión de las organizaciones, un día antes, el propio legislador solicitó su retiro. 

En el documento donde se oficializa, se lee que, tras ser presentada el 13 de junio de este año, García López solicitó el retiro de la iniciativa

Ante ello, las asociaciones y activistas celebraron la decisión, al tiempo que pidieron al Congreso y autoridades estatales asumir el compromiso de dialogar con la sociedad sobre las decisiones que afectan el derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

Contreras recordó que el intento de regular la protesta se dio luego de un contexto en el que en el estado se han incrementado las manifestaciones y la conciencia social de manera orgánica, sobre todo a partir de hechos específicos de violencia y de expresiones de la agenda feminista y LGBTTTI.

FOTO: Cultivando Género

Por ello, lo primero que se propusieron las organizaciones fue señalar a los diputados la trasgresión del derecho a la protesta y a la libertad de expresión mediante el establecimiento de obligaciones y sanciones a las personas manifestantes, así como mediante la facultad que se pretendía otorgar a las autoridades para cancelar expresiones públicas.

Contreras lamentó, además, que este tipo de iniciativas no sean novedad en Aguascalientes, donde el Congreso local, dijo, está constantemente buscando formas de menoscabar derechos. Por ejemplo, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo es un pendiente que sigue esperando en la Legislatura de la entidad tras el sabotaje de sesiones a las que los legisladores, de mayoría panista, simplemente no se presentan.

En sus señalamientos, Artículo 19 y las demás organizaciones participantes subrayaron que casos como la iniciativa de Aguascalientes dan cuenta del riesgo que implica que, desde el propio Estado, sus normas e instituciones, se legitime la represión de las manifestaciones y reuniones, el uso de la fuerza y la estigmatización de las demandas sociales, lo que podría derivar en graves violaciones a la libertad, integridad y seguridad de quienes participan en ellas.

“Resulta por demás riesgoso y lamentable que sean los propios órganos legislativos, las y los representantes populares que los conforman —quienes se supone deben crear las leyes en respuesta a la voluntad ciudadana— quienes emitan normas que legitimen la violencia y represión social en contra de las y los manifestantes”, argumentaron.

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