Agresiones verbales y negación de derechos, principales formas de violencia y discriminación hacia poblaciones LGBTI+

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Integrantes de la comunidad LGBTTTEQ+ caminaron en conmemoración del "Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Biofobia" en la alcaldía Venustiano Carranza.
Integrantes de la comunidad LGBTTTEQ+ caminaron en conmemoración del "Día Nacional contra la Homofobia, Transfobia y Biofobia" en la alcaldía Venustiano Carranza.

“Salí con una amiga con toda la actitud de disfrutar y divertirme. Hicimos reservaciones para un bar y un antro, todo iba bien, pero en la entrada del lugar el cadenero me dijo: ‘Buenas noches, disculpa no te puedo dejar ingresar así’. Mi amiga y yo le preguntamos: ‘¿Así cómo?’, y él nos respondió: ‘vestida de mujer’. Le comentamos que teníamos reservación, y nos contestó que tenía indicaciones de no dejar entrar a ‘este tipo de personas’.

“Me quebré por un momento, hace tanto tiempo que esto a mí no me pasaba, por un momento sentí que tenía que ofrecer disculpas por ser una mujer transexual”, relata una mujer transpansexual como parte de su reporte sobre ese hecho, ocurrido en Celaya, Guanajuato, en la plataforma Visible, puesta en marcha por la organización Amicus DH, y que permite reportar actos de violencia y discriminación cometidos hacia personas LGBTI en cualquier entidad de México.

A partir de los 864 reportes que esta plataforma ha recibido entre noviembre de 2018, fecha de su creación, y noviembre de 2021, la organización presenta hoy, en el contexto del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, un informe que revela que los tipos de agresión más frecuente en los casos recopilados son la verbal (236), el impedimento de entrada, negación de servicios o derechos (114) y los asesinatos (108).

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Respecto a las agresiones verbales, el informe señala que el tipo de lugar más común en el que suceden es en redes sociales o medios de comunicación. La mayor parte del resto de agresiones suceden más o menos con la misma frecuencia en el espacio público tanto como en el privado.

En tanto, las identidades de género más frecuentes de las víctimas en los reportes recibidos son hombre cis (285), mujer trans (222) y mujer cis (85). A estas les siguen las personas no binarias (39), hombres trans (36), y personas trans en general (27).

Del total de reportes registrados en la plataforma, la mayoría, es decir 352, sucedieron en el espacio público, seguido por el privado con 320, y las redes sociales y medios de comunicación con 192.

“En los lugares públicos, destacan los que suceden en la vía pública o parques, oficinas gubernamentales y escuelas públicas. En el espacio privado, los principales subtipos de lugar son la casa propia o familiar, los establecimientos comerciales, y las empresas u oficinas. En el espacio de comunicación, los reportes han sucedido principalmente en redes sociales”, se lee en el documento.

La mayor parte de los reportes recibidos en la plataforma Visible son de víctimas gays (360), seguido de lesbianas (81) y bisexuales (52).

Falta de conocimiento y de confianza para denunciar

En su informe 2020-2021, Visible señala que 6 de cada 10 reportes recibidos por la plataforma no habían sido denunciados con anterioridad por las víctimas.

“La información recopilada es de suma importancia no solo por la forma sistematizada de organización, sino porque no sería posible encontrarla en algún otro lugar”, describe el documento.

De aquellas víctimas que sí realizaron reportes previos, 114 en total, 61 lo hicieron ante autoridades gubernamentales, 25 sólo lo compartieron con personas cercanas y 19 a alguna instancia privada, pero únicamente 9 víctimas realizaron un reporte en más de una de esas alternativas.

De acuerdo con las propias víctimas, las principales razones por las que no denunciaron con anterioridad fue por no saber a dónde podían acudir, como sucedió en 68 casos, porque creían que no habría consecuencias (62) o porque tenían miedo de denunciar (36).

El informe de Visible precisa, además, que durante las dos primeras olas nacionales de la pandemia, los reportes de agresiones en medios de comunicación o redes sociales aumentaron su proporción:

“Durante abril, mayo y junio de 2020, los reportes en este tipo de lugar representaron más de una tercera parte de los reportes y hubo un descenso de la proporción de los reportes en espacios públicos. Asimismo, de enero a febrero de 2021 los reportes en espacios de comunicación también tuvieron un aumento en la proporción superior a una tercera parte”, señala el documento.

Rezagos en dependencias gubernamentales para garantizar derechos LGBT

El informe derivado de los casos recogidos por la plataforma Visible contempla también un capítulo dedicado a un estudio de caso sobre la generación de información e implementación de políticas para garantizar los derechos de las personas LGBTI en diferentes dependencias gubernamentales a nivel estatal en el país.

Para ello, la organización Amicus DH realizó solicitudes de información a las secretarías del poder ejecutivo, judicial, legislativo y a algunos órganos con autonomía en todas las entidades del país. Mediante la categorización de las respuestas, la detección de las prácticas rescatables y el establecimiento de un indicador por dependencia y entidad, los resultados revelaron que las dependencias con la mejor atención son las comisiones de derechos humanos, además de aquellas responsables de la cultura y el turismo.

“Las primeras dependencias tienen –en teoría– ya de por sí una mayor sensibilidad por tener dentro de sus facultades la atención de grupos que sufren discriminación, entre los que están las personas LGBTI. Por su parte, las áreas de cultura y turismo son áreas que realizan a lo largo del país actividades dirigidas específicamente a nuestras poblaciones”, se explica en el documento.

Los peores resultados, en cambio, se encontraron en las áreas de educación, deporte y en los sistemas para el desarrollo integral de las familias (DIF), principalmente porque la mayoría de sus planes, capacitaciones y garantía de ambientes de igualdad no están diseñados para las personas LGBTI.

“Aunque algunas preguntas eran transversales —por ejemplo, en relación con los mecanismos para atender la discriminación entre las personas trabajadoras de la dependencia—, otras eran específicas por la naturaleza de las labores realizadas —por ejemplo, la generación de información sobre solicitudes de matrimonio entre personas del mismo género en el Registro Civil—”, precisa el informe.

Del mismo modo, aclara que debido a que el ejercicio se realiza a partir de las respuestas de las propias dependencias, esto no implica que la implementación de las medidas reportadas se haya realizado de manera adecuada.

Aun así, de 309 dependencias consultadas, 224 no contestaron o mostraron incumplimiento en sus respuestas, mientras que únicamente 85 mostraron algún indicio de avance para garantizar los derechos de estas poblaciones LGBTI o cumplir con estándares de generación de información.

Los mejores resultados los obtuvo el área de gobierno en Jalisco, seguida de la comisión de derechos humanos y las secretarías de cultura y de trabajo de la Ciudad de México, donde se ubican 4 de las 10 dependencias mejor evaluadas. Otras dependencias que el informe destaca como punteras son la de salud en Chihuahua y el Poder Judicial de Aguascalientes.

“Sin duda alguna, las dependencias del nivel estatal todavía tienen fuertes rezagos para cumplir con estándares mínimos de garantía de derechos humanos y de recolección de información. Hay, asimismo, todavía una confusión o ignorancia incluso sobre aspectos esenciales, como entender qué es la identidad de género. Además, varias dependencias responden con medidas gubernamentales ‘para toda la población’ sin considerar las especificidades y realidades de poblaciones discriminadas y excluidas, como las poblaciones LGBTI”, concluye el informe.

La asociación Amicus DH recuerda en el documento que 25 entidades en México ya reconocen el matrimonio igualitario en el país y 18 reconocen la identidad de género autopercibida, mientras que los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género (ECOSIG), conocidos como “terapias de conversión”, están prohibidos en seis entidades. En 2021, se registraron 117 candidaturas de personas LGBTI y dos representantes lograron ser las primeras mujeres trans en llegar a San Lázaro, mientras que el segundo alcalde abiertamente gay fue electo en Ciudad Nezahualcóyotl.

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