Cómo afectarían las políticas migratorias de DeSantis si llega a la presidencia en 2024

Este miércoles, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su candidatura en un evento público junto al magnate estadounidense, Elon Musk, para representar al Partido Republicano en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo año 2024.

El evento se llevó a cabo en la plataforma Twitter Spaces y fue moderado por David Sacks, un personaje allegado a Musk que también es partidario de DeSantis. Casi de inmediato, los ciudadanos estadounidenses se cuestionaron cuáles serán las políticas migratorias del republicano a nivel federal y cómo afectarían a los viajeros irregulares, en caso de que arribe a la presidencia.

Aquí un recuento de las acciones más controversiales de DeSantis en materia migratoria:

• Semanas previas al anuncio de su candidatura, DeSantis aprobó la normativa migratoria conocida como ‘H.R. 1718’; se trata de la ley más dura contra la inmigración indocumentada. La medida contempla la exigencia a las empresas con 25 o más empleados, el uso obligatorio del programa federal ‘E-verify’, el cual detecta el estatus migratorio de los trabajadores.

• Ese mismo ordenamiento sugiere que, los residentes estadounidenses que trasladen a una persona con estatus migratorio irregular, pueden ser acreedores a una pena de cárcel de hasta 15 años.

• Las licencias de conducir emitidas legalmente a personas sin un estatus migratorio regulado ya no tendrán validez.

• A las agencias de aplicación de la ley se les permitirá que recolecten muestras de ADN a personas que no tienen un estatus migratorio regulado.

• A todos los hospitales que permiten Medicaid y centros de salud que atienden emergencias, los obliga a recopilar datos sobre el estatus migratorio de los pacientes. Para lograr esta y otras acciones, DeSantis también aprobó 12 millones de dólares para el traslado de inmigrantes indocumentados a otras entidades ‘santuario’ o ‘de acogida’ de EEUU.

• Por si fuera poco, a los abogados que no tienen un estatus migratorio regulado se les impedirá ejercer su profesión.

En el mes de abril, DeSantis también promovió modificaciones a la ley de “Derechos de los padres en la educación”, catalogada por la oposición política y la población LGBT+ como la ley “No Digas Gay”, la cual pretende arribar no solo a las escuelas primarias, donde ya está establecido; sino también en educación media y secundaria.

• Según el impulso del actual gobernador de Florida, las modificaciones a esta norma establecen que se prohibirá las lecciones sobre orientación sexual e identidad de género de cuarto a duodécimo grado. Solo serán impartidas si lo requieren las normas estatales existentes e, inclusive, si es parte de las clases de salud sexual y reproductiva. Estas últimas clases son opcionales.

Otras leyes polémicas del gobernador DeSantis son las siguientes:

• La Ley CS/HB 9B, la cual busca quitarle el denominado “autogobierno” a los parques de diversiones de Disney que operan en el distrito de Florida desde 1960. Cabe mencionar que la compañía, al ser una de las más grandes empleadoras y contribuyentes de la entidad, contaba con un estatus especial para fungir como un gobierno local con toma de decisiones independiente. DeSantis y su nueva ley permitieron la remoción de miembros de la junta interna de Disney, y optó por designar a cinco miembros de su elección.

• La ley HB-543, la cual estableció que a partir del próximo 1 de julio, los residentes de la entidad podrán portar armas ocultas en espacios públicos. Lo anterior sin tener un permiso emitido por el Gobierno Estatal.

• La Ley SB-300, conocida por los republicanos como la “ley de protección de los latidos del corazón”. Este ordenamiento reduce la pena por abortar de las 15 a las seis semanas. La comunidad médica ha referido que, en ese periodo de tiempo, muchas mujeres ni siquiera saben si van a tener a un hijo o no; mientras que científicos sugieren que las cámaras del corazón se forman entre las 17 y 20 semanas de embarazo.

De arribar a la presidencia de EEUU, especialistas sugieren que estos ordenamientos seguirán teniendo validez; e, incluso, querría promoverlos a nivel federal.