San Salvador, 31 ago (EFE).- Un grupo de organizaciones humanitarias advirtió este miércoles en El Salvador la "anulación" de los mecanismos de control de los abusos a derechos humanos atribuidos a los cuerpos de seguridad en el contexto del régimen de excepción, implementado para "combatir" a la pandillas.

Las denuncias que han recibido dichas entidades no gubernamentales superaron las 3.100, de acuerdo con un informe presentado este miércoles.

Tras una ola de asesinatos, que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días, el Ejecutivo del presidente Nayib Bukele pidió al Congreso la suspensión de garantías constitucionales, medida que fue aprobada y que se ha ampliado en cinco ocasiones.

De acuerdo con el Gobierno, son más de 51.200 supuestos pandilleros los detenidos durante este régimen, en el que las ONG también han registrado la muerte de al menos 72 personas bajo custodia estatal.

CONTROLES ANULADOS

Danilo Flores, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), afirmó en una conferencia de prensa que les preocupa la situación de los mecanismos de control.

"Vemos con suma preocupación el debilitamiento o anulación que está teniendo el sistema nacional de protección de los derechos humanos en el país", añadió Flores.

Esto en referencia al papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República, de la Policía Nacional Civil (PNC) y de los tribunales en estos últimos meses, además de "las afectaciones al debido proceso, garantía de defensa, audiencia y presunción de inocencia".

"Prácticamente se ha anulado el sistema de mecanismo de control del poder y de los abusos de poder, esa es una situación que nos preocupa", agregó.

El letrado urgió a las autoridades a que "investiguen de manera independiente, imparcial y exhaustiva las distintas denuncias de violaciones atribuidas a la PNC y la Fuerza Armada, entre otros actores".

LAS DENUNCIAS DE ATROPELLOS

Rina Montti, de la organización Cristosal, detalló a periodistas que son 3.186 denuncias de supuestas vulneraciones a los derechos humanos las que han recibido entre marzo e inicios de agosto, a las que se suman las más 3.400 reportadas por la PDDH para superar las 6.400.

De acuerdo con Montti, estas denuncias recibidas por las organizaciones indican "una clara necesidad de la población de algún tipo de asesoría legal".

Entre el 53 % y 100 % de las denuncias recabadas por estas ONG están relacionadas con la detención arbitraria de personas, mientras que el 61,5 % y 90,5 % identifican a los agentes de la Policía como sus victimarios.

Solo Cristosal ha recibido 2.588 denuncias, con 2.695 personas afectadas y 7 fallecidos durante su detención.

Por su parte, el Idhuca ha procesado 237 denuncias con 619 "víctimas indirectas". Los registros de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y Servicio Social Pasionista (SSPAS) son de 226 y 109, respectivamente.

El informe de las organizaciones también da cuenta de supuestos atropellos a personas de la población LGTBI y contra defensoras de derechos humanos, con 15 y 11 denuncias, respectivamente.

Montti agregó que las organizaciones están documentado estas vulneraciones "con la intención de que luego pueda servir de evidencia" de las "violaciones a derechos fundamentales que se están dando durante este período".

CUESTIONAN MOTIVOS DEL RÉGIMEN

En un informe enviado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Estado salvadoreño informó que hasta finales de julio únicamente se habían llevado ante los tribunales 5 de los más de 80 homicidios que propiciaron el régimen de excepción, mientras que el resto estaba en investigación.

A juicio de Montti, esta situación pone en entredicho el verdadero objetivo de la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.

"Pereciera que el régimen de excepción no tenía como objetivo ulterior procesar, capturar, descubrir y presentar públicamente, con evidencia suficiente, a este grupo de personas que fueron los causantes", indicó a Efe.

También señaló que históricamente la Fiscalía no ha tenido "el papel mejor desempeñado", dado que "por años hemos mantenido entre 80 %-90 % de casos de homicidios que quedan en la impunidad".

RUPTURA CON PROCURADOR

Recientemente el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tobar, fue señalado de "minimizar" los abusos.

A preguntas de Efe, Danilo Flores, del Idhuca, señaló que la comunicación entre las organizaciones humanitarias y Tobar se ha roto.

"Al menos en nuestra experiencia del Idhuca, sí se ha roto el diálogo con la institución y lamentamos mucho que eso haya ocurrido, porque es una tendencia que está ocurriendo con casi la totalidad de instituciones del Estado", dijo Flores.

Llamó a la PDDH a ejercer "su rol de verificación, promoción y defensa de los derechos humanos con firmeza y con prontitud", además de "objetividad e imparcialidad".

El procurador Tobar indicó que recientemente han confirmado la existencia de atropellos en al menos 7 casos de 173 reportados durante el primer mes del régimen de excepción, únicamente en el departamento de San Salvador.

La PDDH, según indicó su titular, ha recibido desde que se aprobó en el Congreso el régimen de excepción, más de 3.400 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos.

Sobre las muertes de personas detenidas bajo el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, Tobar dijo que la PDDH tiene "28 expedientes abiertos".

Estas organizaciones esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conceda una audiencia pública para exponer la situación de los privados de libertad.

(c) Agencia EFE