Adiós programa de multas de tráfico en Fresno: lo que debes saber

La Corte Superior del Condado de Fresno es uno de los 10 tribunales en todo California que han puesto fin a un programa de multas de tráfico que abusaban de las personas de color de bajos ingresos para generar dinero para los sistemas judiciales, según un abogado y organizaciones de derechos civiles que demandaron sobre la práctica.

La corte de Fresno estaba entre los 10 peores en el estado en la imposición del programa, dijo el abogado Zal Shroff a The Bee. Solo en un año fiscal, 2018-19, el tribunal recaudó aproximadamente $5 millones en tarifas por mora de más de 10,000 residentes de Fresno de bajos ingresos, dijo Shroff, abogado del Lawyers’ Committee for Civil Rights del Área de la Bahía de San Francisco.

La corte de Fresno no respondió el martes a una solicitud de comentarios. Merrill Balassone, portavoz del Consejo Judicial estatal, dijo que no podía hacer comentarios sobre litigios pendientes.

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Shroff fue el abogado principal en una demanda presentada por su organización, la ACLU Foundation of Northern California y Bay Area Legal Aid el año pasado contra la Corte Superior de San Mateo y luego el Consejo Judicial de California.

El martes, las organizaciones anunciaron el final de su demanda, calificándola de victoria en una lucha que se había prolongado durante mucho tiempo. Su demanda argumentaba la legalidad de “las exorbitantes tarifas judiciales de retraso conocidas como ‘evaluaciones civiles’, que California había alentado a los tribunales a usar para recaudar ingresos”, dijeron las organizaciones en su anuncio.

“Solo en los últimos 10 años, $700 millones fueron tomados de las comunidades de color de bajos ingresos que predominantemente ya están sobre vigilados en las paradas de tráfico”, dijo Shroff. “Las únicas personas a las que se les está cobrando esta tarifa, son las personas que no pueden permitirse pagar a tiempo, y esas son las personas que están financiando el funcionamiento de los sistemas judiciales”.

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Las organizaciones presentaron una resolución de desestimación con base en un acuerdo alcanzado con el Consejo Judicial y la corte de San Mateo.

Como resultado de la demanda de las organizaciones, la Corte Superior del Condado de San Mateo anunció que dejaría de usar esta práctica, y el Consejo Judicial emitió nuevas orientaciones para los tribunales del estado. La corte de Fresno está entre al menos otros nueve tribunales que siguieron la dirección de la corte de San Mateo para suspender este programa en particular, dijo Shroff.

Una nueva ley aprobada a raíz de la demanda de las organizaciones también ha marcado ya una diferencia significativa. Toda la deuda que estaba pendiente hasta julio, cuando la nueva ley 199 de la Asamblea fue aprobada, ahora se ha eliminado en todo el estado, dijo Shroff.

“Lo que esto significa es que hemos eliminado unos $1,000 millones de deuda por morosidad de, quiero decirlo, hasta un millón de californianos de bajos ingresos”, dijo. “Estaba afectando a un gran número de personas con serias cargas de deuda”.

El Consejo Judicial en su orientación dice que actualizó su política sobre las tarifas, y había estado trabajando para “aliviar las presiones financieras para las personas que luchan con la deuda judicial”, especialmente después de la aprobación de la AB 199.

Las organizaciones de derechos civiles dijeron que los “programas de tarifas por mora ilegales ... penalizaban la pobreza”.

Shroff explicó que este programa en particular había estado en vigor durante unos 20 años, y que procedía de la época del encarcelamiento masivo en California. Los tribunales, dijo, entraron en una crisis fiscal porque no tenían el personal para manejar los casos. En lugar de que la Legislatura del Estado proporcionara más fondos, dijo, se dijo a los tribunales que les cobraran a las personas que estaban procesando.

“Lo que teníamos era este esquema de tarifas por mora que era meramente para generar ingresos”, dijo.

Comparaciones con la policía de Ferguson

Esta práctica, dijo Shroff, se alinea con las estrategias que el Departamento de Policía de Ferguson, Missouri, tenía en marcha que también “abusaban de las personas de bajos ingresos para obtener financiación”.

“Se puede ver que eso ocurre en California también”, dijo, “con este tipo de esquemas”.

La cantidad máxima que los tribunales estaban autorizados a cobrar era de $300 por una tarifa por mora en virtud de este programa, dijo, y la mayoría de los tribunales imponían la cantidad máxima.

“Ese programa... era básicamente un sistema informático automatizado”, dijo Shroff, “que en cuanto no cumplías el primer plazo de pago, de repente tenías una factura de $300 más de lo que era antes”.

La AB 199 también redujo el importe máximo de tarifa por mora de las multas de tráfico a $100 a partir de julio de 2022, pero el objetivo de las organizaciones es conseguir que todos los tribunales eliminen el programa.

Las tarifas por mora eran también “una violación fundamental del debido proceso y de los derechos constitucionales”, dijo Shroff.

La victoria anunciada el martes, dijo Shroff, es un paso importante, pero queda más trabajo por hacer, ya que hay más tarifas impuestas a las personas que pasan por el sistema de justicia penal, incluso por delitos menores.

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Stephanie Campos-Bui, profesora clínica adjunta de Derecho en la Facultad de Derecho y Clínica de Defensa Política de la Universidad de California en Berkeley, dijo que la legislación de California autorizaba anteriormente al sistema jurídico penal a cobrar a las personas más de 90 tarifas diferentes.

“Más de 40 han sido eliminadas hasta la fecha, pero hay varias que aún permanecen, incluyendo las tarifas para sellar los registros, para la supervisión de la libertad condicional, para los programas de asesoramiento”, entre otros, dijo a The Bee en un correo electrónico.

El objetivo de las organizaciones, según Shroff, es eliminar todas las tarifas actualmente en vigor.

“Es realmente importante, creo, que el público entienda que ni siquiera el tribunal está por encima de la ley”, dijo, “y que tenemos que pedir cuentas a nuestras instituciones gubernamentales cuando perjudican a las comunidades a las que se supone que deben servir”.