Acusan impunidad en caso de matanza de 45 tzotziles en Acteal

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TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- A 23 años de la matanza de 45 tzotziles en Acteal, Chenalhó, continúa la impunidad al no identificarse a los responsables, autores intelectuales y materiales del múltiple homicidio cometido el 22 de diciembre de 1997, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

La ONG aseguró que el Estado mexicano no ha podido señalar quiénes son los autores intelectuales, la cadena de mando que se utilizó para cometer la masacre y las violaciones graves a derechos humanos, antes de la masacre.

Es decir, luego de más de dos décadas de la masacre "seguimos viviendo en completa impunidad porque no ha habido justicia", sostuvo.

El organismo defensor, a través de Rubén Moreno Méndez, coordinador del área de sistematización e incidencia del organismo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el próximo año emita ya el informe de fondo "por salud mental de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, pues ya muchos han fallecido y ha habido división interna que ha favorecido al Estado".

Queremos, enfatizó, que la CIDH "ponga algo de su parte" para evitar el retraso en el caso. Moreno Méndez dijo que la única esperanza que les queda sobre el caso es la determinación de la CIDH.

El caso ante esa instancia internacional "se litiga allá" y no se puede acudir a otro organismo internacional, porque por principio, en donde se interpone es donde se debe litigar, detalló.

Consideramos, agregó el activista, que hay buena disponibilidad de la CIDH, "no porque tengan un buen corazón", sino porque el caso Acteal está muy bien documentado, y desarrollado con pruebas contundentes, con las cuales se demuestra "la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre".

Al igual que con los anteriores gobiernos, con el actual gobierno federal, de la Cuarta Transformación, "no ha habido ningún cambio", aseveró.

Únicamente, señaló, se busca "tapar la impunidad que se vive", que no es un cambio ni reparación integral hacia el reconocimiento de responsabilidad y el contexto de "las graves violaciones" a derechos humanos, y no sólo se hable de indemnización o de proyectos para comunidades, sino de una verdadera justicia para que hechos como los de Acteal no se repitan.

Moreno Méndez dijo con el argumento de fallas en el debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó, entre 2009 y 2011, a la casi totalidad de acusados de autoría material.

La resolución, subrayó, procedió no porque sean inocentes , sino porque el propio Estado mexicano reconoció que las investigaciones tenían graves violaciones a derechos humanos y procesales también.

Por ello, casi nadie está en prisión. "Están saliendo debajo del agua"

El Estado, ni siquiera a través de la CIDH, ha informado sobre la situación jurídica de esos casos, y quienes salieron de prisión fueron indemnizados y les compraron tierras.

El integrante de la ONG , abundó que existen órdenes de aprehensión que no se ejecutaron, y no se han desarticulado a grupos armados en comunidades, como ocurre en Chalchihuitán y Aldama, donde prevalece el asedio y la impunidad. "Ése es el mensaje del Estado”.

Para el activista el Estado mexicano no ha podido ni siquiera realizar una investigación que señale quiénes son los autores intelectuales, porque los materiales se conocen , "a veces son sus vecinos o familiares".

Aunque a nivel de los tres órdenes de gobierno, dijo finalmente, está la cadena de mandos que intervino para cometer la masacre que continúa en completa impunidad.