Acusan amedrentamiento contra liderazgo social en Pacífico colombiano

Bogotá, 26 Abr (Notimex).- Las amenazas, el confinamiento, los desplazamientos, el reclutamiento de menores y la aniquilación del liderazgo social continúan perpetrándose en el Pacífico colombiano por parte de grupos armados, acusó hoy la Comisión Interétnica de la Verdad de la región del Pacífico (CIVP).

“La crisis humanitaria que vive el país se agudiza en la región del Pacífico y el Suroccidente porque los actores armados legales, paraestatales e ilegales siguen su actuación militar sin respetar los derechos de las comunidades, ni siquiera se atienen a las normas básicas del derecho internacional humanitario”, acusó la CIVP en un pronunciamiento conjunto con el respaldo de académicos, sociedad civil, líderes religiosos, entre otros.

La CIVP aplaudió que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atendiera el llamado de Naciones Unidas y el Vaticano para poner un alto al fuego en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Hecho positivo y buen mensaje de camino hacia la paz, sin embargo no se ha logrado el propósito de alivio en nuestra región, pues se arreciaron los combates entre este grupo y estructuras para estatales. Por su parte, el gobierno nacional no ha atendido nuestro llamado de promover un cese al fuego multilateral”, matizó la Comisión.

El 21 de abril, recordó la CIVP, el ELN rechazó las actuales iniciativas de facilitación de paz y descalificó abiertamente el trabajo del arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve.

“A quien le reconocemos su gran compromiso y destacamos como aliado de nuestras comunidades en la labor de exigibilidad de derechos y en la búsqueda de la paz. Rechazamos este ataque aleve y cobarde”, apuntó la Comisión.

“Nuestra gestión de facilitación social para la paz no es un asunto diplomático, es ante todo la manera de sobrevivir y exigir que se respete definitivamente el derecho que le asiste a las comunidades y a la sociedad en general a no vivir bajo la zozobra de la confrontación armada”, apuntó la CIVP.

La CIVP subrayó que no se identifica con ningún bando bélico ni ninguna acción militar, además de que no le han otorgado rol de representatividad a ninguno de los actores armados del conflicto colombiano.

“Nuestros procesos se representan a sí mismos, pues somos gestores de construcción de paz con justicia social y ambiental”, argumentó la Comisión.

Además, aseguró que la presencia de actores armados genera más dificultades para atender los problemas estructurales que aumentan la inequidad social, como el abandono del Estado, la corrupción y la acumulación inmoral de capital en el sector financiero.

“Ante este panorama, de nuevo levantamos la voz para pedir a todas las partes un cese al fuego que conduzca a un alivio humanitario inmediato para las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, que a su vez allane el camino para un proceso que complete y consolide la paz que anhelamos seguir construyendo”, indicó la Comisión.

“Reiteramos la solicitud a la fuerza pública para que obre en el marco de la legalidad y el respeto del sistema internacional de los derechos humanos, y no permita que ninguno de sus miembros actúe en connivencia con organizaciones procedentes de las antiguas estructuras paramilitares”, añadió.

El gobierno de Iván Duque y el Estado colombiano en su conjunto deben cumplir su mandato constitucional, que instruye que la paz es un derecho y un deber de cumplimiento obligatorio, concluyó la CIVP.

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