Acusados de traer personas desde Cuba enfrentan penas de 10 años en Miami

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Tres hispanos de Florida están detenidos y a la espera de juicio acusados de presunta pertenencia a una red armada que trajo a personas desde Cuba y tuvo algunas retenidas en una casa de Hialeah, a la espera de que sus familiares pagaran 15.000 dólares, según documentos judiciales.

Un gran jurado de Miami acusó la semana pasada a Didier Pérez Pérez, Lester Leyniel Soca Díaz y Yoandy Alonso por transportar ciudadanos cubanos a los EEUU a través del condado de Monroe (extremo sur de Florida) a cambio de dinero y por toma de rehenes, según los documentos judiciales del caso.

“Los migrantes fueron amenazados, incluso se les dijo que se quedarían en medio del océano si no pagaban sus deudas de contrabando. La policía rescató a los migrantes capturados y desbarató la red de transporte de extranjeros, acompañando al amigo de una víctima al punto de intercambio de rehenes”.

Cada uno está acusado de seis cargos y se enfrenta a una pena máxima de 10 años de cárcel y un máximo de tres años de libertad vigilada, así como multas de 250,000 dólares, si es hallado culpable.

Mañana martes está previsto que Pérez comparezca a una audiencia de estatus del caso.

Según la acusación, a la que Efe tuvo acceso, los hechos de los que se les acusa sucedieron desde agosto hasta principios de septiembre de este año y en ellos “participaron otras personas, tanto conocidas como desconocidas” para la justicia de EEUU.

El documento judicial menciona la existencia de dos víctimas, identificadas solo como víctima 1 y víctima 2, que estuvieron retenidas y a las que sus captores amenazaron con “herir” o “matar”.

El caso es parte de una investigación del Grupo de Trabajo de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF), que tiene como misión principal identificar y desmantelar a los narcotraficantes, lavadores de dinero y otras organizaciones criminales trasnacionales prioritarias de más alto nivel que amenazan a los ciudadanos estadounidenses.

La acusación establece la confiscación de las embarcaciones, vehículos y aviones que puedan haber sido utilizados para cometer los delitos imputados.

También se decomisarán las propiedades que puedan derivarse directa o indirectamente de la comisión de los delitos y las usadas para cometerlos.