El acuerdo de último momento del funcionario de Trump con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas deja a Biden con las manos atadas

Zolan Kanno-Youngs y Charlie Savage
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WASHINGTON — La acusación presentada el lunes por un denunciante decía que un funcionario de seguridad nacional de Donald Trump quiso entorpecer la agenda de inmigración del gobierno de Biden al pactar la transferencia del control de las políticas al sindicato pro-Trump que representa al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).

La denuncia acusa a Kenneth Cuccinelli de “una gestión torpe, un inconcebible derroche de fondos gubernamentales y abuso de autoridad” en relación con los contratos laborales que firmó con el sindicato de los agentes de inmigración un día antes de la toma de posesión del presidente Joe Biden

Según esta denuncia, Cuccinelli —un partidario de línea dura en materia de inmigración cuya legitimidad jurídica para trabajar en altos puestos en el Departamento de Seguridad Nacional fue impugnada— prácticamente quería dejar a Biden con las manos atadas.

“Este abuso de autoridad es indignante”, escribió David Z. Seide, un abogado que representa al denunciante, a quien definió como “un empleado actual del gobierno que desea permanecer en el anonimato” y que “posee información relacionada con importantes actos de conducta indebida” cometidos por Cuccinelli.

Un alto funcionario de seguridad nacional confirmó que desde la toma de posesión de Biden, se han estado reuniendo las autoridades para hablar sobre las implicaciones de los contratos laborales del ICE. Este funcionario proporcionó información sobre las deliberaciones internas con la condición de que no se revelara su nombre.

En una cláusula del contrato se habla de que los directivos de seguridad nacional deben obtener un “consentimiento expreso previo” por escrito del sindicato para cambiar políticas y funciones que afecten a los agentes. Al parecer, también le da argumentos al sindicato del ICE para rechazar cambios como los de la orden reciente de Biden de enfocarse más en delincuentes con antecedentes de violencia y no tanto en otros inmigrantes que hayan entrado al país de manera ilegal.

Según una ley federal, un directivo de la agencia tiene 30 días para cancelar ese contrato una vez que ha sido firmado, después de lo cual, entrará en vigor.

En esencia, el contrato estipula que el secretario de Seguridad Nacional —actualmente David Pekoske, con carácter provisional— notifique al sindicato por escrito acerca de cualquier aspecto del contrato que desapruebe. En cada caso, ese aspecto sería devuelto para llevar a cabo más negociaciones.

Sin embargo, los contratos firmados por Cuccinelli sugieren que el sindicato podría apelar cualquiera de esas negativas ante la Autoridad Federal de Relaciones Laborales. Y ya que los contratos entren en vigor, pretenden suspender de “manera irrevocable” la facultad del gobierno de impugnar cualquier cosa sobre las concesiones al sindicato del ICE durante los próximos ocho años.

Cuccinelli señaló en un correo electrónico que los contratos laborales anteriores con el sindicato del ICE “se habían anquilosado durante muchos años, a lo largo de varios gobiernos”, y sostuvo que el nuevo contrato que firmó planteaba mayores beneficios para ese organismo.

“Niego de manera categórica haber incurrido en cualquier gestión inadecuada, derroche de fondos gubernamentales y abuso de autoridad”, afirmó Cuccinelli. “El contrato es completamente legal y procedente; de otra manera no lo habríamos validado”.

Cuccinelli se rehusó a responder cómo afectaría ese contrato las órdenes de Biden al ICE.

Chris Crane, el presidente del sindicato que firmó el contrato con Cuccinelli, no respondió a la solicitud de realizar comentarios. El sindicato del ICE, que representa a más de 7500 agentes y empleados, respaldó a Donald Trump en las elecciones de 2016 y de 2020.

Seide, un asesor jurídico superior en el Government Accountability Project, que representa a los denunciantes, presentó la demanda de seis páginas ante el Congreso, el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Asesor Especial, la cual protege a los denunciantes. Seide adjuntó copias de tres “memorandos de entendimiento” firmados el 19 de enero por Cuccinelli y Crane.

Entre otras cosas, la demanda de Seide mencionaba que los acuerdos le otorgaban “en efecto al sindicato facultades de veto sin precedentes en muchos temas”, que incluyen más facultades para “ralentizar y obstaculizar actividades del organismo al solicitar su aprobación expresa por escrito antes de implementar cambios a las condiciones de empleo” para los agentes.

Uno de los acuerdos dice, por ejemplo: “No se aplicará ni se presentará modificación alguna relacionada con políticas, horas, funciones, horarios de trabajo alternativos, recursos, herramientas, compensaciones y temas similares, ni se otorgarán empleados o contratistas sin el consentimiento expreso previo” por escrito del sindicato.

La demanda también mencionó que los contratos ofrecían niveles “desmesurados” de “tiempo oficial” —compensaciones por el tiempo dedicado a actividades del sindicato— que superaban por mucho lo que recibían otros sindicatos de empleados públicos, decía la demanda. Seide calculó que estas concesiones de Cuccinelli les costarían a los contribuyentes varios millones de dólares al año.

En los contratos también se estipula que el gobierno cubra los gastos de viajes relacionados con el sindicato, una prestación que Trump había vetado en 2018.

“Cuando se recaban las pruebas —la fecha de último momento de los contratos, su traslado desmesurado de poder y prestaciones, su supuesta invulnerabilidad y la participación extraordinaria de Cuccinelli—, es evidente que representan otro ejemplo del intento del gobierno anterior de consolidar, en sus últimos días, un legado a costa del contribuyente”, escribió Seide en la demanda.

El contrato laboral de último momento es una de las muchas maneras en que el gobierno saliente de Trump quiso atarle las manos a su sucesor en materia de políticas. El 8 de enero, por ejemplo, Cuccinelli firmó un acuerdo con el gobierno de Texas que él esperaba que impidiera que el Departamento de Seguridad Nacional cambiara la política de deportación sin avisarle al estado con 180 días de anticipación.

En referencia a ese acuerdo, el fiscal general Ken Paxton, un republicano de Texas, dijo que era “ilegal” la prórroga de Biden de cien días a la mayoría de las expulsiones de inmigrantes.

Texas presentó una demanda y, la semana pasada, un juez federal nombrado por Trump emitió una orden judicial que congelaba la prórroga. Pero siguen en vigor las disposiciones de Biden de que los agentes de migración se enfoquen más en los inmigrantes que hayan cruzado la frontera de manera ilegal en fechas recientes o en quienes tengan antecedentes de delitos violentos.

La demanda presentada el lunes es la segunda acusación importante que realiza un denunciante contra Cuccinelli en los últimos meses. Brian Murphy, exjefe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional, aseveró en septiembre que Cuccinelli le había ordenado modificar las evaluaciones de inteligencia para que la amenaza de la supremacía blanca pareciera “menos grave” y que incluyera información sobre grupos violentos de “izquierda”. Cuccinelli negó esas acusaciones.

This article originally appeared in The New York Times.

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