Acuerdan en Senado abrir espacio para revisar Ley de Juicio Político

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- La Junta de Coordinación Política del Senado de la República acordó abrir un espacio de negociación y revisión de la minuta que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia, por lo que se abrió un impasse para su debate y aprobación ante el pleno, que estaba programado para este martes.

Informó el presidente de dicha instancia y coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila quien expuso que se acordó lo anterior con todos los grupos parlamentarios y como una forma de preservar el diálogo.

"En acuerdo con los grupos parlamentarios, decidimos abrir un espacio para revisar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia. Perseverantes en el diálogo", publicó en su cuenta de Twitter.

Previamente el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, declaró que el dictamen de esta nueva ley se discutirá hasta el próximo jueves, ello ante la falta de acuerdos entre todos los grupos parlamentarios.

Senadores del PAN, PRI y PRD, adelantaron que en caso de aprobarse en los mismos términos que la Cámara de Diputados, presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

La reforma es reglamentaria de los artículos 108, 109, 110, 111 y 112 de la Constitución Política en materia de juicio político, declaración de procedencia y responsabilidad penal del Presidente de la República.

La nueva ley actualiza, define y regula los procedimientos que permitan sancionar a servidores públicos, incluido el Presidente de la República, gobernadores y otros que violenten el buen funcionamiento de las instituciones públicas.

El punto más polémico y por el cual la oposición en el Senado ha manifestado que iniciará una acción de inconstitucionalidad es que se obliga a los Congresos locales de cada estado a acatar las decisiones de desafueros de las cámaras de senadores y diputados federales, con el propósito de evitar el freno a dichos procesos, como ocurrió con el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyo Poder Legislativo evitó que se le removiera el fuero.

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