Activistas piden la liberación de inmigrantes detenidos de las cárceles de McHenry y Kankakee en los últimos días del contrato federal
Un grupo de activistas pidieron el martes a las autoridades que liberen a las personas acusadas de violaciones de inmigración que fueron detenidas durante los últimos días bajo resguardo federal en las cárceles de los condados McHenry y Kankakee.
Se espera que las cárceles finalicen sus contratos federales para retener a inmigrantes antes del 12 de febrero, dijeron activistas. Desde el 1 de enero, una nueva ley estatal prohíbe tales contratos. Los funcionarios condales retrasaron la fecha de vigencia mientras impugnaban la ley al calificarla de inconstitucional, pero los jueces federales fallaron en su contra.
Los funcionarios de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU están decidiendo si transferir a los detenidos a otro centro de detención fuera del estado o liberarlos mientras esperan las audiencias judiciales.
Los defensores calificaron las detenciones de inhumanas y costosas, mientras que el fiscal estatal del Condado McHenry, Patrick Kenneally, y el presidente de la junta del condado, Mike Buehler, ambos republicanos, calificaron la ley estatal como precipitada y políticamente motivada.
Los defensores realizaron una conferencia de prensa frente a la oficina de campo de ICE en Chicago el martes, pidiendo a la agencia que libere a los detenidos. Siete miembros demócratas del Congreso de Illinois enviaron una carta a ICE solicitando la liberación de los detenidos, junto con una petición en línea.
Dos detenidos contaron al Tribune sobre sus experiencias en la cárcel.
Ángela Osorio, madre de tres hijos que vive en Cicero, dijo que estuvo detenida en la cárcel de McHenry desde abril hasta octubre, y luego la transfirieron a una cárcel en Kansas, lejos de todos sus conocidos.
Ella vino a los Estados Unidos con una visa de turista en 2000 y se quedó más tiempo, y está esperando una decisión sobre la apelación de su caso.
Durante su tiempo en la cárcel, dijo: “Cambió mi vida, no para bien”.
Los detenidos se mantuvieron en celdas, de aproximadamente 6 por 4 pies, con una litera y colchón de metal, inodoro y lavabo. “Es como si estuvieras durmiendo en el baño”, dijo.
Dijo que estaba deprimida y que tenía tendencias suicidas, que la separaron de su familia y que le preocupaba la deportación. La comida era terrible, y cualquier artículo a la venta en el almacén costaba el doble de lo normal, y en Kansas estaba retenida con criminales.
Alejandro Ortiz, de 27 años, dijo que voló desde Zacatecas, México, al Aeropuerto Midway en octubre con una visa de turista para ver a su familia, pero las autoridades no la aceptaron y lo detuvieron. Dijo que tiene algunos problemas en México de los que no quería hablar, pero que había venido con una visa de turista antes y no anticipó ningún problema.
Al llegar a la cárcel de McHenry, se vio obligado a hacer cuarentena debido a la pandemia de COVID-19. Dijo que la peor parte fue estar en confinamiento solitario en su celda las 24 horas del día, sin contacto con nadie, excepto una hora cada dos días cuando se le permitía entrar en un área común más grande.
Su primo en Chicago patrocinó a Ortiz, prometiendo albergarlo y mantenerlo, e ICE lo puso en libertad condicional en enero, pendiente de una audiencia en la corte civil de inmigración sobre su solicitud de asilo debido a los peligros que dijo que enfrenta en México.
Dijo que muchos detenidos tenían que faltar a las citas para reunirse con familiares o abogados porque la cárcel cambiaba constantemente los horarios de encierro y períodos libres.
Ambos detenidos describieron sus experiencias como “aterradoras”.
Hasta el 21 de enero, ICE había liberado a 34 detenidos, según Fred Tsao, asesor principal de políticas de la Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados. Alrededor de 30 más permanecieron en McHenry y 10 en Kankakee en ese momento, e ICE permitió 10 días para que los individuos y sus abogados presentaran información adicional para argumentar su liberación.
Alrededor de 20 personas se manifestaron para liberar a los detenidos, en representación de las Comunidades Organizadas contra la Deportación, la Comunidad Interreligiosa para Inmigrantes Detenidos, el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y la Colaborativa para la Equidad en Salud del Condado Cook.
Antes de que la ley estatal terminara los contratos de ICE en mayo pasado, luego de un debate polémico, la junta del Condado McHenry votó para continuar reteniendo a los detenidos federales, y señaló que el contrato generaba alrededor de $8 millones al año en tarifas federales. Las autoridades dijeron que la cárcel de McHenry está acreditada con altos estándares de seguridad y humanidad, y advirtieron que poner fin a las detenciones en las cárceles locales solo conduciría a que algunos detenidos fueran trasladados fuera del estado, lejos de sus familias, amigos y abogados.
Este texto fue traducido por Octavio López/TCA