Acreedores del exterior demandan a Buenos Aires por la deuda de US$7148 millones

Sofía Diamante
·4  min de lectura
Axel Kicillof brinda una conferencia de prensa en Villa Gesell
Tomás Cuesta

Tras 11 meses de negociaciones para refinanciar la deuda bajo legislación extranjera, finalmente los acreedores de la provincia de Buenos Aires cumplieron con su amenaza de demandar al gobierno de Axel Kicillof, y lo hicieron por dos, ya que presentaron dos solicitudes en paralelo.

Las denuncias que llegaron hoy a la corte del Distrito Sur de Nueva York -que ya tiene varios expedientes que involucran a la Argentina- están firmadas por el estudio White & Case, muy conocido en la Argentina porque también negoció la reestructuración de la deuda soberana con el ministro de Economía, el canje reciente de YPF y realizó una demanda contra la provincia de Entre Ríos.

El estudio representa al grupo de acreedores Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Buenos Aires, quienes tienen 11 series de obligaciones con un monto de capital e intereses de US$204,8 millones y de US$1900 millones, según consta de las dos presentaciones judiciales. El gobierno de Kicillof está reestructurando en total US$7148 millones.

Las demandas fueron presentadas “en relación con el continuado default de los pagos programados de intereses y/o capital bajo cada una de estas series de bonos”. Entre los acreedores que iniciaron acciones legales figura el fondo Amundi y los sistemas de pensión de empleados del estado de Luisiana y del condado de San Bernardino.

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Anteanoche, Kicillof se había anticipado a un nuevo vencimiento del plazo establecido para aceptar su oferta de canje y dijo que, “pese a la mejora en el valor total del paquete, los bonistas continúan reclamando concesiones que en nada aportarían a la solución real del problema de la deuda provincial”.

El gobernador había mejorado los términos de la oferta inicial, luego de conversar con el fondo GoldenTree Asset Management, el principal acreedor de la provincia. Propuso eliminar la quita de capital, elevar el valor de los cupones y disminuir la vida promedio de los bonos de más de 13 años a 11 años.

Sin embargo, según el grupo de bonistas, los funcionarios provinciales no accedieron a la petición de GoldenTree de que se invite a todos los acreedores a participar en las discusiones, y rechazaron la nueva oferta. “Permanecen muy alejados de los términos que los bonistas internacionales de la provincia considerarían aceptables”, dijeron, en un comunicado difundido hoy.

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“Las acciones hablan más que las palabras y es lamentable que el liderazgo provincial haya optado por seguir un curso de confrontación e incumplimiento con sus tenedores de bonos internacionales en lugar de un camino de negociación y compromiso. A largo plazo, el costo verdadero de tal curso no constructivo será asimilado por su población y sus empresas. Sin acceso a capital y con un ambiente de inversión hostil, la creación de empleo, la actividad empresarial y el crecimiento económico seguirán sufriendo”, agregaron.

En el equipo económico de Kicillof dijeron al respecto de las demandas que no les sorprende “porque son las tácticas que suelen utilizar para presionar. Lo hicieron con otras provincias. Nosotros venimos trabajando de buena fe, dialogando, negociando, y estas tácticas solo dificulta una resolución y en nada ayuda a resolver los problemas reales e inmediatos que tiene la provincia”.

Además señalaron que los acreedores están “en una posición intransigente, pidiendo niveles de cupones que niegan el alivio financiero que la provincia necesita y otorgaron a la Nación”.

“El gran Buenos Aires tiene niveles de pobreza de casi el 50% en términos de personas y más del 60% en el caso de los niños. Comprometernos a pagos insostenibles tiene un impacto real y nos llevaría empeorar una situación que ya es extremadamente frágil”, comentaron.

En el Distrito Sur de Nueva York se lleva adelante también el juicio contra la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que sucedió cuando Kicillof era ministro de Economía. En la misma corte, también se presentó hace dos meses una demanda contra la provincia de Entre Ríos, que finalmente se retiró cuando el gobierno de Gustavo Bordet anunció que habían llegado a un acuerdo por la deuda de US$500 millones.

En los últimos meses, ocho provincias argentinas lograron refinanciar sus deudas con acreedores externos. Además de Entre Ríos, se suma a la lista Mendoza (US$590 millones), Chubut (US$650 millones), Neuquén (US$694 millones), Río Negro (US$300 millones), Córdoba (US$1685 millones), Salta (US$383 millones) y Jujuy (US$210 millones). Mientras tanto, Buenos Aires, Tierra del Fuego (US$170 millones), Chaco (US$250 millones) y La Rioja (US$300 millones) siguen negociando.