Abusos en el Próvolo: indignación por la prescripción de la causa en La Plata

Pablo Mannino
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El cura Nicola Corradi, ya condenado a más de 40 años de prisión en Mendoza, fue la máxima autoridad del instituto en La Plata desde 1970 a 1997.
Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

MENDOZA.- La prescripción judicial declarada en la causa por los abusos sexuales infantiles en el instituto Antonio Próvolo de La Plata provocó malestar y preocupación en Mendoza, donde los principales acusados de los vejámenes ya fueron condenados. De hecho, el sacerdote Nicola Corradi, quien fue sentenciado a más de 40 años de prisión en tierra cuyana, también era parte del expediente en los tribunales bonaerenses.

Este viernes, el Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires consideró prescripta la causa que investigaba no solo a Corradi sino a otro cura y un profesor de informática por abusos sexuales y corrupción de menores hipoacúsicos en la sede platense. Se trata del religioso Eliseo Primati, quien fue encontrado en un asilo en Italia y cuya extradición había sido solicitada; y José Brítez, docente de computación del instituto, ubicado en las calles 25 y 47 de La Plata.

De acuerdo con las pesquisas judiciales, los tres imputados sometieron sexualmente a cinco menores sordos que vivían en el establecimiento, además de "golpearlos y tratarlos como esclavos", indicaron a LA NACION fuentes de la causa.

En diálogo con este diario, Sergio Salinas, abogado querellante de las víctimas de los abusos sexuales, miembro de Xumek, reconocida organización de DD.HH., se mostró molesto con la decisión judicial y aseguró que realizarán una presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Nos gustaría que esto no hubiese pasado pero hay lugares en la Argentina que incumpliendo compromisos internacionales siguen diciendo que los delitos contra menores son prescriptibles, por lo que es bueno que la Corte de la Nación lo resuelva de una vez por todas. Es una excelente oportunidad", expresó el letrado.

En tanto familiares de las víctimas en Mendoza también evidenciaron su malestar con la decisión judicial y brindaron su apoyo a los damnificados en La Plata. "Sentimos mucha bronca, como que nunca se hace Justicia. Por eso, Mendoza tiene que apoyar ahora a las víctimas de La Plata", indicó a este diario Silvana, la mamá de una de las víctimas de los abusos cometidos en el instituto de Luján de Cuyo, donde ahora funciona la sede de la comuna.

Este viernes, en La Plata, la Sala Tercera del Tribunal de Casación Penal justificó su dictamen al afirmar que "en el presente caso no opera la exclusión de prescripción". En este sentido, hizo referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los delitos comunes: "Como ocurre en el presente, la prescripción es una garantía que debe ser observada debidamente". Esto, a raíz de una hábeas corpus que había puesto sobre la mesa la defensa de Brítez, recordando que los hechos investigados sucedieron entre 1982 y 1991.

Los tribunales platenses dispusieron en abril del año pasado detener a los sacerdotes y al educador, pero solo quedó tras las rejas Brítez, ya que Primati debía ser extraditado, al encontrarse en un asilo de ancianos en su país natal; en tanto, Corradi, condenado en noviembre del 2019, se encuentra con prisión domiciliaria, por su edad avanzada.

De acuerdo con la investigación en La Plata, iniciada en 2016, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, hubo una "inusitada violencia desplegada para su comisión que nada la distingue de la aplicación de tormentos e imposición de torturas". En este sentido, se reconstruyó que los vejámenes se realizan los días sábados, ya que "disminuía el número de alumnos internados y solo quedaban los que no tenían familia".

"Vamos a coordinar una línea de trabajo con la fiscal desde el lunes para que las víctimas estén tranquilas que seguimos luchando", indicaron a LA NACION diversas fuentes del caso en Mendoza.

En cuanto a Corradi se constató que en La Plata fue la máxima autoridad del instituto desde 1970 a 1997 y se lo acusa por los "delitos de abuso sexual simple agravado por su condición de ministro del culto católico y encargado de la guarda por el grave daño en la salud de la víctima y reiterado cuando menos en 3 hechos; y abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado por lo menos 5 hechos en su calidad de partícipe necesario".

En cuanto a Primati, la imputación fue por abuso sexual simple agravado por su condición de culto religioso, en al menos 3 hechos, exhibiciones obscenas y promoción de facilitación de la corrupción de menores agravada. En tanto, en el caso del profesor Britez los cargos en su contra son "abuso sexual simple agravado por su condición de guardador o educador, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados, por lo menos cinco hechos, y corrupción de menores agravada por el medio comisivo y por la edad de la víctima".