Abuso de poder en Oaxaca es evidente en casos de violencia de género

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OAXACA, Oax., diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Desde 1993, en Chihuahua se comenzó a hablar de los feminicidios y también inició un movimiento para levantar la voz, con el fin de exigir justicia para las mujeres asesinadas de manera violenta en ese estado; 28 años después, la violencia contra las mujeres en Oaxaca, así como en el resto del país, no es distinta a la que hizo que los reflectores voltearan hacia el norte mexicano, sostiene la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) en Chihuahua, Ruth Fierro Pineda.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la activista señala que Chihuahua fue el lugar en donde se "destapó" el tema de los feminicidios, pero no fue hasta que activistas feministas de otros estados se organizaron y movilizaron, que se comenzaron a hacer análisis sobre el tema en el resto del país.

Así fue como organizaciones, colectivos y activistas concluyeron que la violencia contra las mujeres es generalizada en todo el país.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) Oaxaca es uno de los estados con mayor impunidad en homicidio doloso, con 99.4%, junto con Morelos, con 99.6% y Guerrero, con una tasa de impunidad de 99.9%, según cifras de 2020.

Tan sólo en 2014, de acuerdo con datos del OCNF, Oaxaca ocupó el tercer lugar nacional en este tipo de delitos, con 129 casos, detrás del Estado de México y la Ciudad de México.

Fierro Pineda apunta que en el caso de Oaxaca, el Poder Judicial obstaculiza la justicia para las mujeres, mientras que en la generalidad, de acuerdo con casos estudiados por defensoras de derechos humanos, la mayoría de los retos están en la procuración de justicia.

"En ningún lado se está exento del influyentismo en el Poder Judicial; sin embargo, en el estado de Oaxaca el abuso de poder es muy claro. Otra situación son los contextos en los que las mujeres indígenas enfrentan la violencia, donde los sistemas tradicionales impiden que se alcance la justicia", afirma.

Resalta que además de ser víctimas de todo tipo de violencia, las mujeres también son las que terminan saliendo a las calles para exigir justicia en sus casos o en el de alguien cercana.

"Son las mujeres quienes salimos a exigir justicia. Madres de mujeres asesinadas y desaparecidas encabezan las exigencias de justicia y ello es una de las principales alarmas que da cuenta de que al país le falta mucho para garantizar la justicia", dice.

Abunda que la actuación del Estado en estos casos debe ser oficiosa, ejercida como un deber jurídico propio del mismo, que no puede depender del impulso que le den a los casos las familias o las partes interesadas, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); sin embargo, señala que las fiscalías en el estado están inactivas.

Sobre este tema, Ruth Fierro Pineda indica que es muy frecuente que cuando los casos de feminicidio y violencia se hacen públicos para evidenciar la corrupción, la opacidad y la simulación, las mujeres que defienden los casos se enfrentan al acoso y la violencia no sólo de parte de los agresores, sino también de las autoridades.

En el estado, de acuerdo con el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A. C., suman, hasta el 8 de diciembre pasado, 578 asesinatos de mujeres, de los cuales, 83 sucedieron en 2021.

En los últimos años, explica, ha aumentado el número de delitos con las nuevas políticas de seguridad; sin embargo, agrega, "no exigimos como ciudadanos que se destinen mayores recursos a la procuración de justicia y que haya personal suficiente con condiciones dignas de trabajo que incluya protección".

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que de 2019 a octubre de 2021, fueron asesinadas 365 mujeres, niñas y adolescentes; y que de estos casos, 104 son investigados como feminicidios.

Ruth Fierro Pineda fue una de las juezas invitadas al Tribunal Feminista, ejercicio que encabezó la organización Consorcio el pasado 30 de noviembre. Sobre estos ejercicios ciudadanos, la defensora detalla que son mecanismos efectivos para visibilizar el derecho que las familias de las víctimas tienen a la verdad.

Destaca que en los casos de feminicidio, las activistas olvidan el derecho a la verdad de la población, para conocer las omisiones que cometen las autoridades y tras ello, poder exigir a los gobiernos que se actúe en consecuencia.

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