Absolvieron a un médico que había sido condenado por un aborto

Debate del proyecto de ley sobre la Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Atención Postaborto
Debate del proyecto de ley sobre la Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Atención Postaborto (foto de archivo) - Créditos: @Patricio Pidal / AFV

La Cámara de Casación absolvió a un médico que había practicado un aborto a una persona gestante con su consentimiento y ratificó así la vigencia de la Ley que hoy cumple dos años.

La Sala III de la Cámara confirmó -según el texto, al que accedió LA NACION- la absolución de Osvaldo Ramón Antonio Pastorino Garay, que había sido condenado por la interrupción del embarazo de H.R.G.P. fue en Mendoza en el año 2013. La víctima atribuyó el embarazo a un hecho de violación sufrido cuando era explotada en un prostíbulo de la ciudad de Mendoza.

Los jueces Mariano Borinsky, Carlos A. Mahiques y Alejandro W. Slokar, por mayoría, hicieron lugar al recurso de revisión interpuesto por la defensa pública oficial.

En 2015, el médico fue condenado a la pena de dos años de prisión bajo ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para ejercer la medicina, tras ser considerado autor penalmente responsable del delito de aborto punible (en ese entonces previsto en los arts. 85 inc. 2° y 86 del Código Penal). Al entrar en vigencia la Ley 27.610, la defensa solicitó la revisión de la condena.

Borinsky argumentó: “Resulta tanto contrario a las disposiciones generales del Código Penal (art. 2) como inapropiado sostener la validez de una condena penal por una conducta que actualmente y tras la sanción de una norma de amplio consenso de la población y de la mayoría de las fuerzas políticas que la representan, ha dejado de ser punible (cfr. art. 86, segundo párrafo, primer inciso, del Código Penal -texto incorporado tras la entrada en vigor de la Ley 27.610-)”.

El juez Alejandro W. Slokar concurrió en la mayoría para hacer lugar a la revisión interpuesta y absolver al condenado Pastorino Garay. Y consideró que las disposiciones de la ley 27.610 “resultan de orden público, por tanto, de aplicación imperativa en todo el territorio de la nación”.

Slokar agregó: “Los resguardos a la profesión médica frente a la criminalización de la práctica legal constituyen un estándar fundamental para el acceso de las mujeres y personas con capacidad de gestar al derecho a decidir y acceder a un aborto regular”.

El camarista destacó que es la falta de certeza sobre el marco legal y la inaccesibilidad de los abortos legales “la que mantiene la práctica en la clandestinidad y perpetúa los peligros asociados a las malas condiciones sanitarias que impone la falta de amparo y la inseguridad jurídica, sobre todo discriminatoriamente en los sectores económicamente desfavorecidos”.

A ello agregó que “desde el precedente ‘F.,A.L. s/ medida autosatisfactiva’ de la CSJN de hace un decenio la clandestinidad de la práctica prevaleció debido a la morosidad del Estado provincial -como también del nacional- en cumplir con la formulación de políticas públicas y regulaciones orientadas a garantizar el acceso al aborto”.

Finalmente, el juez Slokar concluyó: “El fallo realizó exactamente lo que el cimero tribunal censuró en el precedente hace ya una década, al denegar operatividad a la causal de aborto no punible mediante la exigencia de extremos no contemplados en la ley. En consecuencia, el pronunciamiento objetado contribuyó a la inseguridad jurídica que la corte federal intentó combatir en el citado precedente, con la finalidad de evitar que el Estado argentino volviera a incurrir en responsabilidad internacional por no garantizar el acceso al aborto legal, enfoque se encuentra ahora reafirmado por la voluntad legislativa plasmada en la ley n° 27.610″.

El juez Carlos A. Mahiques votó en disidencia y sostuvo que el recurso de revisión interpuesto por la defensa de Pastorino Garay, mediante el cual pidió la absolución por imperio del principio de ley penal más benigna, debía ser rechazado. Según su criterio, hay al menos tres cosas por las que no debería ser absuelto. La primera, porque la causa es “cosa juzgada”. En segundo lugar, porque en el expediente que tramitó en su momento había testimonios de ciertos “nexos” entre el médico y el prostíbulo, que “no implican que obtuviera ganancias de la explotación de esas mujeres”. Y por último, porque el aborto se habría practicado con posterioridad a la semana 14 algo que con la nueva ley sigue penado.