Abren camino para quitar fuero a Mauricio Toledo

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Horacio Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- La presidencia de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados finalizó el dictamen del juicio de procedencia contra el diputado federal del PT, Mauricio Toledo, en la cual se resuelve que sí ha lugar el retiro de la inmunidad procesal solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), para que se pueda proceder penalmente en su contra por su probable responsabilidad en la comisión del delito de enriquecimiento Ilícito.

El dictamen, que fue distribuido entre los integrantes de la Sección Instructora, y que se tendrá que reunir para avalar o rechazar el mismo, se especifica que con base en "los medios de prueba contenidos en el expediente crean la convicción de que existen elementos suficientes para considerar procedente la Solicitud de Declaración de Procedencia que ha efectuado la fiscalía local en su escrito inicial de fecha 25 de enero del año en curso.

"En consecuencia, se tiene por colmada la exigencia consagrada en los artículos 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para arribar a la presente determinación, por lo que se propone a los integrantes de la Sección Instructora dictaminar que ha lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez", define el resumen del dictamen.

Si este documento es aprobado, sería remitido a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que, en su oportunidad, lo discuta la Cámara erigida en Jurado de Procedencia en un eventual periodo extraordinario.

Se define que todavía no hay fecha de reunión de la Sección Instructora para analizar el proyecto de dictamen.

En el documento se describe que Mauricio Toledo, quien busca la reelección, ha desempeñado continuamente empleos, cargos o comisiones de carácter público, al menos desde 2009 y hasta la fecha; lo que tiene relevancia toda vez que la fiscalía le atribuye conductas ilícitas a partir de 2010 y hasta las fechas en que se documentan los probables excesos patrimoniales no justificados.

Reseña que de la revisión de los documentos aportados, así como las declaraciones patrimoniales del investigado que obran en el expediente, el proyecto de dictamen da por acreditado el incremento patrimonial del servidor público y por no acreditada la legal procedencia del total de sus activos conforme a lo que ha sido su remuneración por el desempeño de cargos públicos, su actividad principal, como tampoco respecto de los cuantiosos recursos que ha recibido de una actividad paralela como "consultor privado".

La defensa presentó diversos documentos públicos, a los que el proyecto de dictamen reconoce valor probatorio pleno; sin embargo, no tienen el alcance que se pretende.

De estos se desprende la calidad de servidor público del imputado y retribuciones percibidas como tal, pero la suma de las cantidades no dan cobertura a las detectadas por la propia fiscalía.

En el proyecto se advierte que, si bien, a partir de 2009 Toledo Gutiérrez tuvo ingresos importantes como diputado federal, incluyendo un préstamo por una suma relevante que afirma haber obtenido de la propia Cámara de Diputados en 2010, de los autos que integran el expediente se desprende la adquisición de dos inmuebles y un vehículo de lujo entre 2010 y 2011, bienes cuyo valor en aquel entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a 2 millones de pesos.

"En el proyecto de Dictamen en manos de la Sección Instructora, una vez valorados los medios probatorios aportados por las partes, se corrobora que entre los ingresos reportados por el inculpado en sus declaraciones patrimoniales y aquellos cuya fuente queda acreditada a partir de las documentales públicas en el expediente [recibos, cheques, constancias e informes de autoridad] existe efectivamente una discrepancia, particularmente en el ejercicio de 2017, que asciende a $1,513,928.00. Recursos que, se insiste, fueron declarados por el servidor público pero cuyo ingreso no pudo ser corroborado en los medios de convicción recabados", indica.

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