Aborto legal: las cifras de la Argentina a un año de la sanción de la Ley IVE

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Una imagen del 30 de diciembre del año pasado, cuando se aprobó la ley
Manuel Cortina

Hoy se cumple un año de la sanción de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE). Fue el 30 de diciembre de 2020 cuando una multitud copó la Plaza del Congreso de la ciudad de Buenos Aires, en una vigilia que concluyó a las 4.15 de la madrugada, el momento en que se sancionó la ley, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención. A un año de su aprobación, en la Argentina se realizaron 32.758 interrupciones en el sistema público, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

La Ley IVE, que entró en vigor el pasado 24 de enero, regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto para las mujeres y adolescentes, con el fin de “reducir la morbilidad y mortalidad prevenible”, hasta la semana 14 de gestación inclusive sin motivos, o si el embarazo es consecuencia de una violación o pone en peligro la vida o la salud de la mujer. En el país existen 1243 centros de salud y hospitales públicos que garantizan este derecho, 340 más que en 2020 [903].

“La aprobación de la Ley IVE marcó un hito en la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos. Se trata de una lucha que involucra más allá de la salud pública: tiene que ver con la dignidad humana, con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y con que no se puede instrumentalizar el cuerpo de una mujer”, señaló Patricia Bustamante, abogada integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

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Además, en este año se distribuyeron 46.283 tratamientos de misoprostol [18.560 en 2020] para garantizar interrupciones seguras con medicamentos, y la línea de atención del Ministerio para consultas sobre la interrupción del embarazo recibió 19.000 llamadas, mientras que entre 2010 y 2020, previo a la implementación de la ley, fueron 17.302.

“En primera instancia, cuando un país legaliza el aborto, pareciera que las cifras son elevadas; pero realmente se está estableciendo una nueva línea de base, porque antes no existía más allá de la clandestinidad”, destaca Lucila Szwarc, socióloga especializada en salud y género y becaria posdoctoral del Conicet.

Y agregó: “También aumentaron las consultas porque tiene que ver con la visibilidad. Antes las mujeres no lo demandaban al sistema de salud y ahora sí, porque saben que tienen acceso por derecho”.

Defunciones

En 2018, el Ministerio de Salud registró 35 muertes por “embarazo terminado en aborto”, que implicaron el 13,6% de las defunciones de mujeres embarazadas. “Hay que seguir trabajando en la difusión de la ley y que cada vez haya menos clandestinidad. Esta batalla no solo trata del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo; también de la información sobre anticoncepción y otras cuestiones sobre derechos reproductivos”, reclamó Bustamante.

Y destacó: “De ahí nuestro lema: ‘Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir’. Tenemos que conseguir que la implementación de la ley repercuta en que se reduzcan los abortos por embarazos no deseados, principalmente en la adolescencia, producto de la ignorancia ante los métodos anticonceptivos, y que se reduzca la mortalidad materna. Insistimos en que las niñas no pueden ser madres y en que se libere a las mujeres presas por abortar. La lucha sigue porque es una responsabilidad nacional, sí, pero también del Gobierno de cada provincia, ante la realización de diagnósticos, los recursos destinados y el funcionamiento del sistema”.

Szwarc agregó: “Es una victoria muy importante, pero es un derecho que siempre puede retroceder. También hay barreras que dificultan el acceso al aborto y desigualdades en términos de implementación en las distintas provincias del país. Para ello y mientras tanto, la campaña cuenta con una red de profesionales de la salud por el derecho a decidir que trabaja con programas para garantizar el acceso a las interrupciones legales del embarazo”.

Por su parte, el Ministerio de Salud reveló que en este año se realizó la capacitación federal especializada en contenidos técnicos y legales de 904 profesionales en la ley 27.610, edades y consentimiento para el acceso a la Ley IVE/ILE, tratamiento con medicamentos y con Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y atención posaborto. Además de un fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) para la prevención del embarazo no intencional en adolescentes y la implementación de acciones federales de acceso a métodos anticonceptivos gratuitos: se distribuyeron botiquines de salud sexual a 5500 centros de salud en todo el país.

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