En los últimos cinco años, gasto en protección social se ha incrementado 35%

En los cinco años que van del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la austeridad ha sido una de sus narrativas oficiales, bajo el mandato de hacer más con menos recursos, lo que se ha reflejado en un repunte importante en el gasto en protección social. pero con un aumento bastante modesto en el rubro de salud.

Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mostraron que, de enero a julio del 2019 — primer año de gobierno de López Obrador — el gasto en protección social fue de 742,846 millones de pesos, mientras que para el mismo periodo de este año se han desembolsado poco más de 1 billón de pesos a este rubro que contiene pensiones y algunos programas sociales.

De esta manera el gasto en protección social, donde están integradas las Pensiones del Bienestar, uno de los programas insignia del gobierno, tuvo un aumento de 35.2% en lo que va de la administración actual.

“Siempre es bueno que aumente el presupuesto en conceptos sociales, y protección social abarca muchos temas que se vinculan, como pensiones, salud, seguridad social, educación, poblaciones vulnerables, entre otros. El problema es cómo se distribuye, en donde se termina beneficiando, por ejemplo, las pensiones más caras de hogares de mejores ingresos”, explicó Alejandra Macías, directora general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.

Jorge Cano, investigador de México Evalúa, explicó que el aumento sustancial en el gasto en protección social se debe, principalmente, por las Pensiones del Bienestar, programa insignia del gobierno que ha aumentado paulatinamente las transferencias monetarias a los beneficiarios.

Asimismo, también el impulso se ha dado a las pensiones contributivas, que aumentan conforme más personas empiezan a pensionarse e, incluso, se han catalogado como una “bomba de tiempo”.

Lejos del sistema universal

El caso de salud es diferente al de protección social. Aún con la promesa de un sistema de salud universal, y con la pandemia del Covid-19 que comenzó en el 2020 y terminó este año, los recursos a este rubro apenas y crecieron.

Mientras que en el 2019, previo a la pandemia, en los primeros siete meses del año se gastaron 367,551 millones de pesos, este año durante el mismo periodo se destinaron 373,166 millones de pesos, es decir, apenas 1.5% en comparación con el inicio del sexenio.

“Es trágico lo que está pasando con el sector salud después de tantas promesas y no nada más de este sexenio, sino de anteriores de tener un sistema de salud universal. No le estamos dando la prioridad ni estratégica ni universal y aún, con una pandemia, el gasto no se movió”, aseveró Alejandra Macías.

Las consecuencias de que no se tenga un mayor gasto en salud repercute, directamente, en el gasto de los hogares, dado que deben desembolsar recursos para atenderse en lugares privados e, incluso, aún con su afiliación a una institución pública de salud, muchas veces terminan atendiéndose en una institución particular.

“Hay que fortalecer los mecanismos institucionales para garantizar la eficiencia del presupuesto en salud”, aseveró Jorge Cano.

Inercial y populista

Aún con la narrativa de austeridad, el gasto público total vio un incremento de 13.7% en los primeros cinco años de gobierno, en medio de las presiones como el costo financiero de la deuda, las pensiones y las necesidades crecientes en rubros como seguridad, educación, salud, entre otros.

Alejandra Macías indicó que los aumentos en el presupuesto público han sido inerciales, atendiendo estas necesidades y presiones de gasto; sin embargo, esto no significo que ha sido eficiente, además de poner prioridad a proyectos y programas del gobierno, y reducir el espacio fiscal para hacer política pública.

“Ha sido un gasto, sin lugar a dudas, populista. Se ha enfocado en incrementar el número de beneficiarios en los programas de subsidio, haciéndoles llegar mayores recursos no sólo a los hogares de los deciles más bajos, sino también para los que tienen mayores ingresos”, aseveró Jorge Cano.

Lo anterior, añadió, se ha hecho desapareciendo programas que sí tenían un enfoque progresivo, es decir, donde se destinaban los mayores beneficios a personas de menores ingresos, como el seguro popular y las instancias infantiles.

ana.martinez@eleconomista.mx