A casi un año presa, las pruebas de la Fiscalía de Veracruz contra July Raquel por asesinato de rectora se tambalean

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Las pruebas de la Fiscalía de Veracruz en contra de July Raquel Flores, acusada de participar el pasado 29 de junio de 2020 en el asesinato de la rectora de la Universidad Valladolid, en Xalapa, se tambalean a casi un año de que permanezca aun recluida en prisión preventiva.

July Raquel, de 29 años, fue detenida el 6 de noviembre del año pasado en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. La mujer denunció en un reportaje publicado por este medio el 22 de febrero que fue detenida de manera violenta por agentes de la policía de investigación de Veracruz, y que en el traslado de la capital al penal de Pacho Viejo, en Xalapa, fue torturada y agredida sexualmente por cuatro policías para que admitiera su participación en el caso de la rectora María Guadalupe Martínez Aguilar.

La defensa de July Raquel consiguió, a casi un año de su encarcelamiento, que un juez admitiera como pruebas para el juicio del caso, que posiblemente se lleve a cabo a inicios del próximo mes de octubre, los testimonios de cuatro personas que acreditan que la mujer estuvo a más de 300 kilómetros del lugar del asesinato el día que se cometió.

También logró que se integrara a la carpeta de investigación del caso un oficio que acreditaría que no existe un documento original del contrato de compra-venta del coche que se utilizó para cometer el homicidio de la rectora, y que, básicamente, deja constancia de que uno de los ‘pilares’ de la Fiscalía para acusar a July Raquel como copartícipe del asesinato se sustenta en una copia simple del contrato en la que, además, la firma no coincide con la plasmada por la imputada en documentos oficiales.

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Además, la defensa logró que, por medio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se realizara el Protocolo de Estambul a July Raquel para determinar si fue víctima de tortura; este avance se produce luego de que el anterior juez del caso negó que se llevara a cabo esta diligencia clave, y luego de que, cuatro meses después, la Fiscalía anti tortura veracruzana le realizara dicha prueba sin que a la fecha haya informado a la familia y la defensa de los resultados.

El contrato de compra-venta y la firma

Entre las principales pruebas que tiene la Fiscalía estatal para asegurar que July Raquel fue copartícipe en el homicidio de la rectora María Guadalupe Martínez Aguilar están la copia del contrato de compraventa del coche que estuvo en el lugar de los hechos en Xalapa y que sí fue utilizado por tres agresores para trasladarse de la Ciudad de México a Xalapa.

Se trata de un Honda City blanco, modelo 2018, que July Raquel le rentaba desde enero de 2020 a otro hombre para trabajarlo como chofer de Uber. Sin embargo, tras el asesinato, y luego de apersonarse los agentes de investigación en el domicilio del dueño, ubicado en el Estado de México, éste les aseguró que el coche ya no era suyo, sino de July Raquel. Y para tratar de acreditarlo les entregó una copia simple del contrato de compraventa, con la supuesta firma de la mujer.

En una entrevista telefónica desde el penal de Pacho Viejo, July Raquel rechazó que la rúbrica estampada en ese contrato fuera la suya, y su familia mostró a este medio múltiples documentos originales, como el INE, en los que se aprecia que la firma de July es distinta. Incluso, la firma que aparece en los documentos que estampa la mujer cuando fue detenida en noviembre del año pasado por los policías de investigación es diferente a la de la copia simple del contrato.

Además, este medio, que tuvo acceso al expediente del caso, acreditó que el supuesto contrato no va acompañado de una factura, ni de un comprobante de transacción, ni un estado de cuenta con el supuesto ingreso por la venta, y no hay constancia por escrito de la presencia de un testigo en la firma, ni de un notario.

Por ello, la defensa de July había insistido en varias ocasiones a la Fiscalía veracruzana que se hiciera un peritaje de la firma del documento, para corroborar su autenticidad o falsedad.

En la audiencia del pasado jueves, la Fiscalía respondió a la petición del abogado particular de July Raquel informando que, de acuerdo con un oficio fechado el 12 de mayo de este año, medio año después de la solicitud del abogado, se había hecho la solicitud a una perito especialista, pero ésta no había podido llevar a cabo el análisis de la rúbrica.

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Rodolfo René Paratte, abogado de July Raquel, dijo a este medio que la respuesta de la Fiscalía le sorprendió por dos motivos: el primero, explicó en entrevista, porque ese oficio, del que le acababan de informar de su existencia, no está incluido en la carpeta de investigación del caso, lo cual es una irregularidad, a decir del abogado. “Lo que hicieron fue ocultamiento de un indicio y eso está penado por la ley”, subrayó.

Y el segundo, porque en el oficio, del que este medio obtuvo una copia, la perito señaló que la Fiscalía no le informó acerca de a quién pertenecía la firma que tenía que analizar, y más importante, solo le proporcionó una copia simple de un contrato. Y uno de los requisitos del análisis forense de grafoscopía es que la firma a analizar tiene que ser original, al igual que la firma con la que se compara para determinar si es falsa o no.

“En la carpeta de investigación no viene ningún contrato original de la compra del coche porque, sencillamente, no existe ese contrato. Solo hay una copia simple firmada con una rúbrica falsa. Por eso esta prueba, que es con la que la Fiscalía sustenta buena parte del caso, tiene que quedar anulada en el juicio”, hizo hincapié el abogado, que denunció que la Fiscalía “no tuvo interés” en incluir este documento en el expediente porque comprometería buena parte de su tesis contra July Raquel.

“Esa prueba es primordial -insistió el letrado-. Ya que por ese supuesto contrato de compra-venta es que se libró una orden de aprehensión contra July, porque ahí dice que es la dueña del carro que participó en el asesinato”.

Aunque ya terminó el periodo de seis meses para que la Fiscalía complementara la investigación del caso, y, por lo tanto, este oficio, al no estar incluido en la carpeta, debería queda fuera del mismo, el abogado Paratte aseguró que en la audiencia del pasado jueves 2 de septiembre el juez validó la prueba para que ambas partes, Fiscalía y defensa, “estén en igualdad de condiciones” de cara al juicio del próximo mes de octubre.

“La mujer que aparece en el video no es July”

Por otra parte, otra de las pruebas que presentará la Fiscalía en el juicio serán las imágenes de video captadas por una cámara de una tienda de autoservicio próxima a la universidad Valladolid, donde se cometió el homicidio de la rectora.

En el video, al que este medio tuvo acceso y guarda copia, se aprecia una mujer de pelo oscuro a media altura y con la mitad del rostro oculto tras un cubrebocas. A partir de estas imágenes, la Fiscalía veracruzana entrevistó a varios testigos, entre éstos una empleada de la tienda de autoservicio que, a pesar de que la mujer traía parcialmente el rostro cubierto, la identificó como July Raquel cuando el ministerio público le puso una fotografía de ella tomada de sus redes sociales.

Tanto el abogado Paratte, como Melissa Zamora, la abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro que acompaña como asesora el caso de July, observan irregularidades en esta prueba.

La primera, plantea Melissa Zamora, es que en las imágenes del video se aprecia a una mujer con el rostro parcialmente cubierto, mientras que en las imágenes que ponen delante a la testigo es el rostro completo de July Raquel. Y la segunda, es que en las diligencias de reconocimiento participaron los mismos fiscales que llevaron a cabo la investigación en contra de July, a los que ésta acusó de torturarla para que se incriminara.

“Esto puede dar a entender que las personas que hicieron el reconcomiendo de las fotografías pudieran estar inducidos por el propio personal de la Fiscalía”, advirtió la abogada, que explicó que, de acuerdo con lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, estas diligencias de reconocimiento debe realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación, para evitar así que pudiera haber algún tipo de coacción o inducción hacia la persona que está reconociendo las imágenes.

“Vemos con preocupación que no se excluyera esta prueba de cara al juicio”, recalcó Zamora.

No obstante, para el abogado Paratte, que el juez a cargo del caso, Adrián Reyes Acosta, decidiera mantener esta prueba de la Fiscalía también puede ser un punto a favor de July Raquel de cara al próximo juicio.

“Es primordial que el juez vea que la persona del video no tiene nada que ver con July Raquel, que su cara, sus facciones, el pelo, todo es distinto”, apuntó el letrado, que señaló otro elemento clave del video: la mujer que aparece entrando en la tienda lleva una camisa de manga corta que le deja al descubierto por completo ambos brazos. En ninguno de los dos se aprecia algún tatuaje. En cambio, July Raquel tiene hasta nueve tatuajes, cuatro de ellos plenamente visibles en brazos, antebrazos y muñecas, tal y como acreditan múltiples fotografías suyas publicadas años atrás en su perfil de Facebook, y que la autoridad de investigación no tuvo en cuenta antes de detenerla para encarcelarla.

Nuevo Protocolo de Estambul

Otra prueba que la defensa está exigiendo que se incluya en el caso es la realización del protocolo de Estambul, un dictamen médico-psicológico que hacen peritos especializados y certificados para determinar si una persona fue víctima de tortura para que aceptara la culpa o su implicación en un delito.

Sobre esto, el abogado René Paratte explicó que, desde mayo pasado, y luego de una denuncia interpuesta por la propia July Raquel por tortura en su contra, la Fiscalía Especializada par la Investigación del Delito de Tortura, que depende de la Fiscalía general del estado, realizó este protocolo de Estambul. Pero, cuatro meses después, siguen sin tener un resultado, ni acceso a la carpeta de investigación, denunció el abogado Paratte.

“Nos parece muy evidente que lo están dilatando de manera dolosa”, acusó. “Porque saben que ese protocolo va a favorecer a July”.

Además, esta no era la primera vez que solicitaban la prueba. Ya desde enero pasado, nueve meses atrás, la defensa solicitó al entonces juez del caso, Marco Antonio Rodríguez Lobato, que se aplicara el protocolo, pero éste rechazó la petición alegando que la petición “carecía de fundamentación” y que, por lo tanto, “no se ajusta a derecho”.

La abogada Melissa Zamora señaló que, ante la falta de resultados de la Fiscalía especializada, y ante la negativa del juez y la inoperancia de la Comisión estatal de Derechos Humanos de Veracruz, el Centro Pro abogó para que interviniera en el caso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a nivel federal, que finalmente terminó por atraer el caso.

“Celebramos esta decisión”, dijo la abogada, que explicó que el motivo del optimismo es que, por primera vez, un organismo autónomo gubernamental independiente de las autoridades de Veracruz va a analizar el caso y a emitir una recomendación si encuentran violaciones graves a derechos humanos.

Por el momento, personal de la CNDH ya le realizó un nuevo protocolo de Estambul a July Raquel el pasado viernes 3 de septiembre, horas después de la audiencia. El resultado que arroje será independiente a la causa penal que enfrenta July, pero, en opinión de la abogada del Centro Pro, de corroborarse que fue torturada previo a su encarcelamiento, le daría grandes opciones de cara al juicio del que saldrá libre o sentenciada.

A falta de este dictamen, el pasado 4 de abril los doctores del Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio en Xalapa, a petición de la comisión estatal de derechos humanos que abrió el expediente 822D0Q por este caso, acreditaron que, en efecto, July Raquel sufría continuos sangrados en la vagina, por lo que le recetaron en ese entonces medicamentos e inyecciones para cortar las hemorragias.

Sobre este caso, el pasado 24 de febrero, la Fiscalía de Veracruz aseguró en un comunicado que la detención de July Raquel se produjo “con apego a la legalidad y con respeto a los derechos humanos”, aunque también informó que se había abierto un procedimiento administrativo para investigar a los cuatro elementos que participaron en su detención.

Hasta la fecha, por tratarse de un proceso legal en curso, no se ha informado de la situación de estos elementos.

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