Un año después de George Floyd existe presión para aumentar las filas de la policía ante el aumento de la delincuencia

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Marqueece Harris-Dawson, representante del sur de Los Ángeles en el ayuntamiento, en el ayuntamiento, el 22 de mayo de 2021. (Ryan Young/The New York Times)
Marqueece Harris-Dawson, representante del sur de Los Ángeles en el ayuntamiento, en el ayuntamiento, el 22 de mayo de 2021. (Ryan Young/The New York Times)

LOS ÁNGELES — Helen Jones creció en Watts en una época de enfrentamientos entre pandillas y de epidemia de crac, cuando la policía utilizaba arietes para derribar los muros de las casas donde se sospechaba que había drogas y, de manera habitual, los policías de calle señalaban o golpeaban a los negros.

Entonces, y ahora, la vida de Jones se ha visto marcada por la violencia: la primavera pasada, después de que la ciudad inició un confinamiento para contener la pandemia de coronavirus, su sobrino fue asesinado a tiros en su casa; el año pasado, su hermano recibió un disparo en la espalda en una calle del sur de Los Ángeles y sobrevivió, y en 2009, su hijo murió en una cárcel del centro de la ciudad en lo que las autoridades calificaron de suicidio, pero que ella cree que fue un asesinato a manos de los agentes del alguacil.

El año pasado, las exigencias de Jones de reducir el número de agentes de policía y de invertir más en comunidades como la suya se convirtieron en las demandas de un movimiento, después de que el asesinato de George Floyd por parte de la policía de Minneapolis estremeciera al país, inspirara las mayores manifestaciones masivas a favor de los derechos civiles en generaciones y llevara la reforma policial a la primera línea de la agenda nacional.

Ahora, transcurrido un año desde la muerte de Floyd, Los Ángeles y otras ciudades de Estados Unidos se enfrentan al aumento de los delitos violentos entre la desesperación pandémica y una avalancha de nuevas armas en las calles. El incremento está haciendo que ciudades cuyos líderes adoptaron los valores del movimiento el año pasado se replanteen hasta dónde están dispuestos a llegar para reconfigurar la seguridad pública y destinar más dinero a los servicios sociales en lugar de a la policía.

“No me importa cuánto empeore la situación, nadie quiere más policías”, señaló Jones, de 56 años, la semana pasada mientras se reunía con otros activistas frente a una zona de restaurantes en el sur de Los Ángeles. “No necesitamos que la policía sea más estricta, necesitamos más alternativas para ayudar a la gente a vivir mejor”.

Sin embargo, lo que Los Ángeles está recibiendo son más policías.

Un año después de que en las calles se escucharan los llamados a “desfinanciar” a las fuerzas del orden y de que los líderes de la ciudad aceptaran el mensaje y acordaran quitarle 150 millones de dólares al Departamento de Policía de Los Ángeles, o alrededor del ocho por ciento del presupuesto de la corporación, la semana pasada, la ciudad acordó aumentar el presupuesto de la policía para permitir que el departamento contrate a unos 250 agentes. En esencia, el aumento restablece los recortes posteriores a las protestas.

Manifestantes y policías en West Hollywood, California, el 3 de junio de 2020. (Bryan Denton/The New York Times)
Manifestantes y policías en West Hollywood, California, el 3 de junio de 2020. (Bryan Denton/The New York Times)

En las calles del sur de Los Ángeles, donde los residentes son los que más han padecido la labor policial agresiva y la violencia de las pandillas y donde se produce gran parte del actual aumento de los tiroteos, la policía aumentó los patrullajes y detiene más autos en busca de armas.

Según algunos dirigentes de la ciudad, todo esto es necesario porque los delitos violentos han aumentado de manera considerable, el año pasado los asesinatos aumentaron un 36 por ciento en Los Ángeles y la ciudad está inundada de nuevas armas. En lo que va de año, no se ha logrado disminuir la cantidad de tiroteos, lo que ha llevado a la ciudad a replantearse la reforma policial.

“Hemos perdido más de una década de progreso”, dijo en una entrevista el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, en referencia a los importantes descensos de la delincuencia en los años anteriores a la pandemia.

“No voy a negar que hay carencias de vivienda, educación, así como desintegración familiar, abuso de sustancias, sistemas que son racistas y tienen problemas sistémicos que se han prolongado durante generaciones”, dijo, cuando se le preguntó sobre las demandas de los manifestantes. “Pero la manera de solucionar eso no es eliminar la vigilancia policial”.

Los criminólogos y los responsables de las fuerzas del orden atribuyen el aumento de la violencia en gran medida a dos cosas: un incremento inusitado en la compra de armas por parte de los estadounidenses, que incluye una gran cantidad de armas ilegales, conocidas como armas fantasma, que muchas veces se ensamblan con piezas compradas por internet y no se pueden rastrear, así como la desesperación y la devastación económica de la pandemia. Aun así, aunque el año pasado el número de asesinatos en Los Ángeles, que ascendió a 350, fue el más alto en más de una década, no se acercó ni de lejos al número de asesinatos de principios de la década de 1990, cuando hubo más de mil homicidios en un año. Y otros delitos, como las violaciones y los robos, han descendido en lo que va de año en comparación con las cifras del 2020.

En algunas ciudades liberales como Minneapolis, donde la violencia con armas de fuego está aumentando y el departamento de policía está mermado después de que muchos agentes renunciaron o se jubilaron, algunos líderes electos, así como miembros del clero de mayor edad y líderes de los derechos civiles comparten los sentimientos de los comentaristas conservadores que afirman que existe un vínculo entre la violencia y el movimiento para retirar los fondos a los departamentos de policía, además agregan que los agentes están desmoralizados y que están dejando de patrullar las zonas de alta criminalidad.

Moore comentó que, en Los Ángeles, los agentes no se están retirando —y destacó el aumento considerable este año de las detenciones relacionadas con armas de fuego y pandillas—, sino que “en lo emocional, están abatidos: sienten que han sido denigrados y victimizados por los actos delictivos ilícitos de unos cuantos”.

‘Detención y cacheo a automóviles’

A los activistas les preocupa que el aumento de la violencia con armas de fuego se haya convertido ya en un obstáculo para replantear la seguridad pública, ya que los dirigentes de Los Ángeles se retractan de sus promesas de cambiar de modo radical la vigilancia policial.

Este año, el departamento de policía de la ciudad desplegó una unidad de élite en el sur de Los Ángeles para llevar a cabo lo que, según los críticos, ha provocado durante mucho tiempo desigualdades raciales y, en ocasiones, tiroteos mortales: detenciones aleatorias de vehículos en busca de armas y sospechosos de pertenecer a pandillas.

“Es una detención y cacheo a automóviles”, afirmó Marqueece Harris-Dawson, quien representa al sur de Los Ángeles en el ayuntamiento. “Toman una zona, deciden que en esa zona hay muchos tiroteos, piden a todos los autos que pasan que se detengan y buscan armas”.

Según Harris-Dawson, pedir que los autos se orillen de esta manera es un “pretexto”, lo que significa que los agentes buscan infracciones menores en los vehículos, como tener los cristales polarizados o una luz trasera rota para detener a alguien. La estrategia puede ser legal, pero es controvertida en las comunidades minoritarias y es una táctica que ha dado lugar a encuentros violentos entre agentes y ciudadanos, como la reciente muerte de Daunte Wright a manos de la policía en el suburbio de Brooklyn Center, en Minneapolis.

Las demandas de que las ciudades sustituyan a los agentes de policía por civiles desarmados y tecnologías como las cámaras para multar las infracciones de tránsito han motivado reformas, porque muchos encuentros mortales entre agentes del orden y ciudadanos, en particular los hombres negros, comienzan con una parada de tránsito.

Moore comentó que, en este momento, se hace necesario pedir a los vehículos que se orillen porque hay muchas armas en las calles, pero subrayó que otras estrategias —como el trabajo con los intervencionistas de pandillas— eran más prioritarias. Y agregó que el número de autos orillados había sido relativamente bajo: 538 en lo que va de año en el sur de Los Ángeles, en comparación con más de 3700 durante el mismo periodo en 2019 (el año pasado el número de vehículos detenidos fue mínimo, dijo, en parte debido a la pandemia).

1992 y ahora

Desde los años en que Jones creció en las violentas calles de Watts, la delincuencia en general ha disminuido de manera considerable y las relaciones entre los agentes de policía y las comunidades negras y morenas del sur de Los Ángeles han mejorado, impulsadas por las reformas introducidas tras la golpiza propinada por la policía a Rodney King y los disturbios de 1992 que esta provocó.

El año pasado, mientras las protestas se extendían por todo el país, era habitual escuchar a los líderes de Los Ángeles decir que la nación estaba pasando ahora por lo mismo que la ciudad en la década de los noventa, después no solo de la golpiza a King, sino también de un escándalo de corrupción conocido como Rampart y del juicio a O. J. Simpson, el cual puso al descubierto el profundo racismo que había dentro del departamento de policía de la ciudad.

Muchas de las personas que empezaron a trabajar en estos temas hace casi 30 años siguen haciéndolo y ahora existe una marcada división generacional: los activistas, a menudo más jóvenes e inspirados en Black Lives Matter, hablan el lenguaje de la abolición y la disminución de fondos, en lugar de asociarse con la policía.

Desde la encrucijada de 1992, los exmiembros de las pandillas del sur de Los Ángeles se esforzaron por lograr la paz, al colaborar a menudo con una nueva fuerza policial dedicada a la “vigilancia comunitaria”, en la que los agentes trabajaban en barrios concretos para establecer relaciones estrechas con los residentes.

El mes pasado, el alcalde Eric Garcetti, quien dio su informe anual sobre el Estado de la Ciudad desde el Observatorio Griffith, con la ciudad de fondo, hizo mención del aumento en los homicidios y dijo: “Si quieren abolir la policía, están hablando con el alcalde equivocado”.

Los activistas no ven con buenos ojos su propuesta de aumentar el presupuesto de la policía, pero todos comparten una esperanza: que a medida que la pandemia ceda y los parques y las escuelas vuelvan a abrir y los intervencionistas de pandillas puedan volver a trabajar, los casos delictivos también disminuyan. Eso generaría un nuevo espacio para que los activistas ejerzan presión a fin de que haya cambios más profundos en la labor policial.

Si la antigua generación de activistas buscaba cambios mediante la colaboración con la policía, la visión que define al nuevo movimiento se centra en el dinero, y en tratar de disminuir al máximo el presupuesto de la policía para destinarlo a otros programas que aborden el racismo sistémico.

La reverenda Najuma Smith-Pollard, quien trabaja en la Universidad del Sur de California en la formación de pastores en la organización comunitaria, dijo: “Tenemos que seguir presionando sobre el presupuesto porque el presupuesto es un documento moral”.

Jones, que trabaja como organizadora de Dignity and Power Now, está en el movimiento a largo plazo, impulsada por la muerte de su hijo bajo la custodia de los agentes del alguacil, por la que ha conseguido un acuerdo civil de 2 millones de dólares y está presionando para que se presenten cargos penales. Más allá de las victorias y derrotas políticas, cree que el año pasado cambió el debate en Estados Unidos.

“Un año después, siento que ha habido un cambio”, dijo. “El cambio que veo es que la gente ha despertado a la manera en que se ha tratado a los negros y morenos, y a su trauma. Y el desprecio por la vida humana que experimentan las personas negras y morenas. Se han abierto muchos ojos”.

This article originally appeared in The New York Times.

© 2021 The New York Times Company