A un año del 11J en Cuba, decenas siguen detenidos y HRW denuncia violaciones a los DD. HH.

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© Ramon Espinosa / AP

Cuba cumple un año del estallido social del 11 de julio de 2021, las mayores protestas antigubernamentales en décadas que respondieron al hartazgo de sus ciudadanos por una profunda crisis económica. En la actualidad hay más de 700 personas detenidas y HRW denuncia violaciones a sus Derechos Humanos. Las causas de la protesta aún siguen sin soluciones estructurales.

Las movilizaciones de hace un año, sin precedentes en Cuba por el descontento de la población ante la escasez de alimentos, el aumento de la inflación, los cortes de luz y la dolarización de la economía, fueron un catalizador para sus ciudadanos que también pedían una democracia liberal, frente al sistema socialista que impera en la isla.

En esas protestas contra la grave crisis económica que atraviesa el país y de la que aún no hay soluciones, hubo detenciones masivas, tanto de disidentes históricos contra el Gobierno y críticos, como de ciudadanos.

Un año después, el balance de esas detenciones no es alentador. Las ONG Cubalex y Justicia 11J han documentado 1.484 arrestos y otras ONG cubanas e internacionales han denunciado irregularidades en los juicios, criticado las altas condenas en la cárcel, la fabricación de pruebas e incumplimiento del debido proceso, algo que el Poder Judicial cubano niega.

La Unión Europea ha pedido este lunes 11 de julio la liberación de todos estos detenidos a los que se les ha vulnerado sus derechos.

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió este lunes un comunicado donde expresa que “durante los pasados 12 meses, la UE ha reiterado su llamamiento al Gobierno cubano para que respete los derechos humanos y las libertades de los cubanos (...) y libere a todos los presos políticos y detenidos, solo por ejercer su libertad de reunión y expresión y continuará haciéndolo", dijo Borrell.

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó en enero, según relaciona la agencia EFE, “que 790 personas habían sido procesadas por estos hechos, de las que 55 tenían en esa fecha entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16” y que hasta el momento “los tribunales han emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas. El 78 % de los sancionados (297) obtuvo penas de prisión, en ocasiones de hasta 25 años”, por su presunta participación en incidentes violentos, tales como arrojar piedras durante las protestas.

Unas sentencias tachadas por la UE como “desproporcionadas”. Borrell dijo que estos juicios "plantean importantes preocupaciones en relación con los principios básicos y los estándares de transparencia", y llamó al Gobierno cubano a que permita a la comunidad diplomática asistir a los procesos judiciales.

El alto representante también le pidió al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que realice un diálogo "significativo e inclusivo con los cubanos sobre sus quejas legítimas".

HRW habla de procesos penales “abusivos” contra los detenidos

Human Rights Watch (HRW) y ONG locales han reportado un repunte de represión contra activistas, disidentes y periodistas independientes desde el 11J. Denuncian detenciones arbitrarias, amenazas, interrogatorios y cortes de la conexión a Internet.

El informe de 37 páginas, llamado “Prisión o exilio: Represión sistemática contra las protestas de julio de 2021 en Cuba”, documenta un gran número de violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas, como la incomunicación a la que están sometidos o los procesos penales "abusivos".

La ONG ha investigado, desde el momento en el que iniciaron las detenciones, más de 155 casos y escribe en su informe que "jueces y fiscales, que en Cuba carecen de independencia respecto al Gobierno, facilitaron procesos penales abusivos y participaron en los mismos (…) en la mayoría de los casos documentados mantuvieron a los detenidos incomunicados durante días, semanas o incluso meses, sin poder realizar llamadas telefónicas o recibir visitas de sus familiares o abogados", agregó HRW.

El informe revela que "la mayoría de las personas detenidas manifestaron que las mantuvieron en celdas atestadas e insalubres, con acceso limitado o nulo a alimentos, medicamentos, agua limpia o protección para evitar el contagio de Covid-19". Y añade que "brigadas de respuesta rápida", nombre de los grupos de civiles organizados por el Gobierno, “estuvieron implicadas en varias golpizas".

"Comprobamos que los funcionarios detuvieron de forma reiterada a personas que protestaban de manera pacífica y arrestaron a críticos cuando se dirigían a las manifestaciones o les prohibieron salir de sus casas durante días o incluso semanas", dice HRW en su informe.

Las víctimas y sus familias dijeron, según reporta el informe de HRW, que los agentes de las fuerzas de seguridad los intimidaron repetidamente, en algunos casos obligándolos a abandonar el país.

Orelvys Cabrera Sotolongo, un periodista del sitio web de noticias 'Cubanet', fue detenido cuando salía de las manifestaciones el 11 de julio.

“Los oficiales lo interrogaron reiteradamente y le dijeron que no volvería a ver a su familia. Solo se le permitió hacer una llamada telefónica 10 días después de su arresto. Pasó parte de su detención con otros ocho detenidos en una celda de un metro y medio por dos metros, con escasa ventilación, luz y acceso al agua. Fue liberado el 19 de agosto, pero oficiales le dijeron reiteradamente que debía abandonar el país. En diciembre, él y su pareja huyeron”, relata el informe de HRW.

¿Qué pasó el 11 de julio de 2021 en Cuba?

El descontento por la crisis económica, como consecuencia de fallos en la política nacional, las sanciones de EE. UU., y la pandemia, hizo que muchos cubanos salieran a las calles ese domingo 11 de julio de 2021, la mayoría de manera pacífica, a pedir cambios, pero las marchas no lograron reducir las causas que la provocaron.

Apoyadas por transmisiones en vivo en redes sociales, las concentraciones lograron convocar a personas en cerca de 50 lugares de la isla, con epicentro en La Habana.

Pero para el Gobierno, algunos choques con la policía sirvieron para que fueran tildadas de violentas, contrarrevolucionarias y orquestadas desde el exterior. De hecho, la semana pasada, Díaz-Canel las calificó como un “golpe de Estado vandálico”.

Y aunque las manifestaciones no lograron un cambio de Gobierno, la población se "despertó" ante las dificultades y ha instado a la "libertad" en la isla. Las manifestaciones, dice el artista disidente Yunior García, un año después, fueron la mayor explosión social en la historia de Cuba.

El dramaturgo, que vive en el exilio en Madrid desde noviembre, fue entrevistado por AP y dijo que “a pesar de que todo es peor (…) a pesar de los miles de presos políticos... Creo que valió la pena porque fue el despertar del pueblo de Cuba. No se trata solo de la miseria y el hambre que sufren los cubanos. Ese día fue un grito de libertad, dijo García.

El dramaturgo fue el principal promotor de una plataforma opositora de Internet llamada Archipiélago, que presentó en septiembre -un mes y medio después de las protestas- para convocar a una “marcha cívica por el cambio”.

Las crisis en la isla: ¿qué está aplacado y qué no?

Un año después, según analistas consultados por EFE, el Gobierno solo ha solucionado una de las causas: la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

"La campaña (contra el Covid-19) ha sido todo un éxito. Pero en cuanto a la crisis económica, no veo necesariamente grandes avances”, le dice a EFE Michael Bustamante, historiador de la Universidad de Miami.

“El tema energético (por los apagones) y alimentario se ha agravado y es un factor de irritación social”, dice Arturo López-Levy, profesor asistente de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Holy Names en California.

En cuanto a la crisis energética y económica, según datos oficiales, la inflación en el mercado minorista estatal alcanzó en 2021 el 70%. El incremento de los precios en el extendido mercado informal, dependiendo de los cálculos, rondó entre el 500 y el 700%.

El Gobierno de Diaz-Canel ha reiterado que estas dificultades se deben al recrudecimiento de las sanciones de EE. UU. en el mandato de Donald Trump (2017-2021) y la pandemia, pero ha reconocido que la implementación de la reforma económica denominada Tarea Ordenamiento a principios de 2021 tiene fallos.

Por su parte, la estatal Unión Eléctrica (UNE) ha informado de cortes en al menos 54 días prácticamente a diario desde junio.

Con EFE y AP

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