Más de 900 niños han sido expulsados a causa de una política fronteriza pandémica

Caitlin Dickerson
Pedro Buezo Romero y su madre; fotografía proporcionada por Pedro Buezo Romero. (Pedro Buezo Romero vía The New York Times)
Sandra Rodriguez y su hijo, Gerson; fotografía proporcionada por Sandra Rodriguez. (Sandra Rodriguez vía The New York Times)

La última vez que Sandra Rodríguez vio a su hijo, Gerson, se agachó para mirarlo a los ojos. “Pórtate bien”, le dijo para indicarle cómo comportarse cuando se encontrara con los agentes de la Patrulla Fronteriza del otro lado del río en Estados Unidos, y cuando se reuniera con su tío en Houston.

El niño de 10 años asintió con la cabeza y le dirigió a su madre una última sonrisa forzada. Las lágrimas se estancaban en los hoyuelos de sus mejillas, recordó ella, mientras abordaba una balsa y atravesaba el río Bravo con dirección a Texas desde México, guiado por un desconocido que también intentaba llegar a Estados Unidos.

Rodríguez esperaba que Gerson estuviera en custodia de la Patrulla Fronteriza durante unos días y luego fuera trasladado a un refugio del gobierno para niños migrantes, donde su hermano en Houston podría recogerlo al final. Sin embargo, Gerson pareció desaparecer del otro lado del río. Durante seis días frenéticos, no supo nada de su hijo, no se enteró si lo habían detenido y no había tenido contacto con el tío de Houston.

Finalmente, recibió una llamada telefónica alarmada de una prima en Honduras que le dijo que Gerson estaba con ella. El pequeño estaba llorando y desorientado, según dijeron sus parientes; parecía confundido sobre cómo había terminado de vuelta en el lugar peligroso del que había huido.

Cientos de niños y adolescentes migrantes han sido deportados rápidamente por las autoridades estadounidenses en medio de la pandemia del coronavirus sin la oportunidad de hablar con un trabajador social o solicitar asilo por la violencia que hay en sus países de origen. Esto se opone por completo a la práctica establecida que se ha respetado durante años para el manejo de jóvenes extranjeros que llegan a Estados Unidos.

Las deportaciones representan un giro extraordinario que se ha visto en las últimas semanas en la frontera suroeste, en el que, al parecer, se han abandonado las salvaguardias que durante décadas gobiernos tanto demócratas como republicanos les han garantizado a los niños migrantes.

Históricamente, los niños migrantes que llegaban a la frontera sin la compañía de un adulto tenían acceso a refugio, educación, atención médica y a un proceso administrativo exhaustivo que les permitía argumentar motivos para quedarse en Estados Unidos. Los que, a la postre, eran deportados, solo eran enviados de vuelta hasta que se habían hecho los preparativos debidos para garantizar que tuvieran un lugar seguro al cual regresar.

Al parecer, los decretos más recientes del presidente estadounidense, Donald Trump, en cuanto al control fronterizo han desechado ese proceso de manera abrupta. Algunos jóvenes migrantes han sido deportados a las pocas horas de haber pisado suelo estadounidense. A otros los han sacado de sus camas en los refugios del gobierno de Estados Unidos a mitad de la noche para subirlos a aviones y expulsarlos del país sin avisarles a sus familias.

El gobierno de Trump está tratando de justificar las nuevas prácticas con una ley de 1944 que le concede al presidente amplias facultades para impedir que los extranjeros entren al país a fin de eludir la “grave amenaza” de una enfermedad peligrosa. No obstante, en las últimas semanas, los agentes de inmigración también han expulsado de golpe a niños y adolescentes migrantes que ya estaban en Estados Unidos cuando se emitió el mandato relacionado con la pandemia a finales de marzo.

Desde que el decreto entró en vigor, cientos de jóvenes migrantes han sido deportados, incluyendo a algunos que tenían audiencias de asilo pendientes en el sistema judicial.

A algunos de los jóvenes se les ha puesto a bordo de aviones de vuelta a Centroamérica, mientras que a otros se les ha obligado a regresar a México, donde miles de migrantes están viviendo en tiendas de campaña sucias y refugios hacinados.

En marzo y abril, el periodo más reciente del que se tienen datos, 915 jóvenes migrantes fueron expulsados poco después de haber llegado a la frontera estadounidense y 60 fueron enviados a sus países de origen desde el interior del país.

En ese mismo periodo, al menos 166 jóvenes migrantes tuvieron acceso a Estados Unidos y a las protecciones que alguna vez fueron consuetudinarias. Sin embargo, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también se ha desviado de lo acostumbrado al rehusarse a revelar la manera en que el gobierno está decidiendo cuáles normas jurídicas aplicar a qué niños.

“Simplemente no podemos hacerlo público”, afirmó Matthew Dyman, especialista en relaciones públicas de la agencia, y citó inquietudes de que si los traficantes de humanos saben cómo se aplican las leyes aprovechen esa información para facilitar la entrada ilícita de más personas al país.

El martes, el gobierno de Trump extendió la política reforzada de seguridad fronteriza que permite que los jóvenes migrantes sean expulsados en la frontera y declaró que la política seguiría en vigor de manera indefinida y que se revisaría cada 30 días.

Chad Wolf, el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), dijo que la política había sido “una de las herramientas más cruciales que el departamento ha usado para prevenir una mayor propagación del virus y proteger al pueblo estadounidense, a los funcionarios del DHS en la línea de combate y a los pacientes con COVID-19 que están bajo su cuidado y custodia”.

Un vocero de la agencia dijo que sus políticas para deportar niños desde el interior del país no habían cambiado.

Los miembros demócratas del Congreso arguyen que las deportaciones rápidas que se están llevando a cabo en este momento violan la Ley de Protección de Víctimas de Trata y Violencia, una ley federal que se promulgó hace 20 años y expone los estándares para el manejo de niños extranjeros que llegan a la frontera estadounidense sin un adulto.

EI mes pasado, los miembros demócratas del Comité de Asuntos Judiciales del Senado le escribieron una carta a Wolf para decir que estas estrategias no tenían “ningún precedente conocido ni fundamentos legales claros”.

Los defensores de los inmigrantes dicen que sus súplicas para garantizar que los niños tengan un lugar seguro al cual regresar han sido ignoradas. Desde que se descubrió el coronavirus por primera vez en Estados Unidos en enero, 239 menores no acompañados han sido enviados de vuelta a Guatemala y 183 a Honduras, según las cifras del gobierno.

“El hecho de que nadie sepa quiénes son estos niños y que haya cientos de ellos de verdad es aterrador”, comentó Jennifer Nagda, directora de políticas del Centro Juvenil para los Derechos de los Niños Inmigrantes. “No hay forma de saber si los han puesto en manos de traficantes o si están en peligro”.

Algunos menores de edad han sido deportados por la noche a pesar de la política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que establece que deben repatriarse únicamente durante el día.

This article originally appeared in The New York Times.

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