De 76 mil mdp que recibirán instancias anticorrupción, solo 4.6% lo invertirán en combatirla

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De 76 mil mdp que recibirán instancias anticorrupción, solo 4.6% lo invertirán en combatirla
De 76 mil mdp que recibirán instancias anticorrupción, solo 4.6% lo invertirán en combatirla

Las siete instituciones que integran el Sistema Nacional Anticorrupción proyectan, en total, disponen de un presupuesto de 76 mil 817 millones de pesos para el próximo 2022. Sin embargo, de esa bolsa de dinero, en realidad solo 3 mil 532 millones, es decir, apenas un 4.6%, estará realmente destinado a combatir la corrupción, la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder.

Así consta en el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), publicado en el documento del Proyecto de Presupuesto 2022. Este Anexo se incluyó por primera vez en este 2021, y es una herramienta presupuestal que, a partir de la integración de cuatro ejes, permite que el dinero público destinado a un tema particular, en este caso corrupción, y en el que participan varios entes, pueda ser rastreado y así evaluar su eficacia.

En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción, las instituciones que enviaron información del destino que darán al dinero público fueron el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia y de acceso a la Información (INAI), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT, la Comisión de Valores, y la Procuraduría Fiscal.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque también forma parte del grupo de siete instancias del Sistema Anticorrupción, no envió información.

En el desglose por instancia que ofrece el Anexo, puede apreciarse que, de los 68 mil 576 millones de pesos proyectados para el Consejo de la Judicatura Federal, este ente solo destinará 1 mil 576 millones, es decir, el 2.3% del total, al combate a la corrupción.

El desglose es el siguiente: 986 millones van para el eje 1, combatir la corrupción y la impunidad; 546 millones al eje 2, combatir la arbitrariedad y el abuso de poder; y 45 millones 538 al eje 4, involucrar a la sociedad y el sector privado. Para el eje 3, promover la mejora de la gestión pública, no destinará nada.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que se encarga de sancionar la corrupción en el plano de lo administrativo, destinará únicamente 135 millones 219 mil pesos al eje 1 de combatir corrupción e impunidad, el 4.5% de los 2 mil 986 millones de presupuesto proyectado para 2022.

El INAI destinará 46 millones, el 4.7% de los 982 millones que proyecta, a combate a la corrupción, la arbitrariedad y el abuso, promover la mejora de la gestión pública, y a involucrar a la sociedad.

Los únicos tres organismos del Sistema Nacional Anticorrupción que destinarán la mayoría de su presupuesto a combatir la corrupción son la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el ente encargado de coordinar a los siete integrantes del Sistema, que invertirá el 100% de los 123 millones que proyecta para 2022 a estos cuatro ejes antes mencionados; la Fiscalía Especializada en Combate a Corrupción, que también destinará prácticamente los 174 millones 792 mil pesos a estos cuatro ejes; y la Secretaría de la Función Pública, que destinará el 79% de su presupuesto proyectado al combate a la corrupción.

Recortes en anticorrupción

En total, las siete instituciones del Sistema Anticorrupción tendrán 76 mil 817 millones de pesos, como ya se expuso. Esta cifra supone un ligero aumento del 3.9%, en términos reales, del presupuesto de 2021, y un 4% al alza en comparación con el monto ejercido en 2018, el último año de gobierno de Peña Nieto.

Sin embargo, hay que tener presente que, del total de ese presupuesto para instituciones anticorrupción, hasta un 89% corresponde solo al Consejo de la Judicatura Federal, y que este organismo, como también se expuso, destinará únicamente el 2.3% a materia anticorrupción.

Por ello, Marco A. Fernández, investigador de México Evalúa que hizo un análisis del paquete económico destinado a anticorrupción, señaló en entrevista que el aumento global a las instancias del Sistema Nacional Anticorrupción “es ficticio”, puesto que hay organismos clave que sí tendrán recortes y porque el dinero que destinarán a este rubro es solo una pequeña parte.

Por ejemplo, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, que durante el sexenio pasado tuvo un papel muy importante en la revelación de casos de corrupción como La Estafa Maestra, o Las empresas fantasma de Veracruz, para este 2022 tiene proyectado un presupuesto de 2 mil 528 millones; un ligero recorte en términos reales del 0.3%, en comparación con el presupuesto aprobado este 2021.

Ahora bien, si se compara lo proyectado para 2022 con el monto modificado al segundo semestre de este año, cuando se modificó el presupuesto de la Auditoría al alza (2 mil 967 millones), el recorte es aún mayor: 14.3%.

El investigador Marco A. Fernández explicó que en este caso hacer la comparativa con el monto modificado “es el dato que mejor refleja” la realidad presupuestal de las instancias, puesto que “incluye las reasignaciones autorizadas del gasto que no obtuvieron en el Presupuesto de Egresos original”.

En el caso de la Auditoría, no obstante, cabe precisar que es un organismo que depende de la Cámara de Diputados, por lo que el ajuste a la baja de su presupuesto no fue planteado por la Secretaría de Hacienda de López Obrador. La Auditoría, a través de la Cámara, es la que envía su propuesta de presupuesto a Hacienda, y esta la integra en el Proyecto para que, posteriormente, sean los diputados los que decidan si conservan esa propuesta, la reducen, o la aumentan.

Lo mismo sucede con el INAI, que, al ser un órgano autónomo, es el que hace la solicitud de presupuesto para que los diputados la discutan. Para este 2022, el INAI pidió 982 millones 900 mil pesos; un ligero aumento del 4.9% en comparación con este año, aunque supone un recorte de hasta un 17.6% en términos reales frente a los 1 mil 192 millones que se ejercieron en 2018.

La Secretaría de la Función Pública, uno de los ejes del actual gobierno de López Obrador para el combate a la corrupción administrativa al interior del Ejecutivo, proyecta 1 mil 446 millones, prácticamente lo mismo que en el presupuesto aprobado de este 2021. Aunque, de nuevo, si se compara con el monto modificado, hay un recorte del 2.3%, y un recorte mayor, del 30%, en comparación con lo ejercido en el último año de Peña Nieto, en 2018.

Marco Fernández expuso que la Secretaría de la Función Pública, además del recorte global, también presenta ajustes de hasta un 40% en la partida destinada a la inhibición y sanción de las prácticas de corrupción, mientras que otras áreas, como la dedicada a implementar políticas de austeridad en el Gobierno, recibirán más dinero el próximo año.

El presupuesto proyectado para la sanción administrativa de la corrupción, a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), no presenta prácticamente cambios: 2 mil 986 millones para este 2022, una variación de 0.8% al alza, aunque, de nuevo, comparado con los 3 mil 349 millones que se ejercieron en 2018, el recorte en términos reales es del 10.4%.

Mientras que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, proyecta un presupuesto para 2022 de 123 millones 200 mil pesos, un recorte en términos reales del 3.4% frente a este año, y del 4.9% en comparación con los ejercido en 2018.

Por otra parte, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que depende de la Fiscalía General de la República, y que se dedica a la persecución penal, proyecta un presupuesto de 174 millones 792 mil pesos; un aumento del 36.8% en términos reales.

Hasta el momento, es la única institución de las que integran el Sistema Nacional Anticorrupción que ha venido registrando aumentos progresivos de presupuesto desde 2019, aunque para el investigador Marco Fernández el dinero que se le destina está muy por debajo de lo que realmente requiere este organismo ante la enorme tarea que tiene por delante.

“Su presupuesto es claramente insuficiente. Por eso tienen tan pocas personas para integrar las investigaciones, y también por eso, a la hora de judicializar, los casos se pierden porque no pueden hacer investigaciones sólidas que desarticulen redes de corrupción”, consideró el investigador.

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