Solo 50 condenas por tortura tras 27 mil investigaciones desde 2006

Las imágenes de la tortura de Carlos Canto, detenido por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, provocaron que Fiscalía General de la República abriese una investigación. En el video aparecer el hombre siendo sometido a sesiones de asfixia por parte de militares que buscan una confesión. No se trata de un caso aislado. La Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hizo pública una web en la que analiza las investigaciones, quejas y sentencias sobre tortura registradas en México en el período entre 2006 y 2018. Según el estudio, en este período se registraron más de 27 mil investigaciones por tortura pero solo 50 se tradujeron en condenas.

Según el estudio elaborado por la CMDPDH, en doce años se registraron 10,787 investigaciones penales por tortura a nivel federal y 16,555 a nivel estatal, lo que da un total de 27 mil 342 investigaciones. En este mismo período únicamente se dieron 50 sentencias condenatorias y 16 absoluciones en relación a 25 causas penales.

Las cifras muestran que desde que Felipe Calderón iniciase lo que denominó “guerra contra el narcotráfico” se registraron miles de denuncias por malos tratos a manos de diferentes fuerzas policiales. Esto, sin embargo, no se traduce en persecución de los responsables.

“No hay un incentivo para no torturar”, dijo Lucía Chávez, investigadora a cargo del proyecto.

“La fiscalía es un gran cuello de botella. Pocas veces hace una investigación seria sobre violaciones a los derechos humanos donde el estado está involucrado”, señaló.

Saber que es muy difícil que las demandas se investiguen supone una barrera para que los ciudadanos denuncien.

Chávez pone como ejemplo la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que reveló que las dos principales razones que hacen que los ciudadanos no busquen el amparo judicial es el miedo a las a las autoridades y la creencia de que denunciar no sirve para nada.

“Todo esto redunda en la impunidad. Que la gente no pueda obtener justicia genera un círculo de impunidad”, dijo.

La investigadora indicó que las pocas sentencias condenatorias no afectaron a altos mandos del Ejército o la policía. “Los altos mandos conocen la tortura pero las sentencias no les afectan”, afirmó.

“Del análisis de las versiones públicas de las sentencias, sabemos que al menos seis están dirigidas a personal militar. También es importante mencionar que un gran número de las causas penales que originalmente se iniciaron por tortura, terminaron en sentencia por algún otro delito como homicidio, abuso de autoridad y/o inhumación clandestina de cadáveres”, dice la organización en su web.

En el mismo período, el que comienza con la denominada “guerra contra el narcotráfico”, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) y las diferentes comisiones estatales recibieron 42 mil 212 quejas sobre tortura y malos tratos. El equipo de la CMDPDH detectó 177 recomendaciones de la CNDH sobre esta materia.

En este punto, nuevamente, la organización observa falta de cumplimiento por parte de las autoridades. “Se dice que se investigue, pero no se investiga porque no hay personas sancionadas”, dice Chávez.

La web desarrollada por la CMDPDH analiza quién tortura y de qué manera.

Según los datos de la organización, la Secretaría de la Defensa (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Federal son, por este orden, las instituciones que acumulan un mayor número de denuncias.

Del mismo modo, las prácticas más habituales son los golpes y las amenazas. Sin embargo, el análisis también recoge que se han utilizado toques eléctricos, ahogamiento con bolsa o abusos sexuales.

“Para practicar este tipo de torturas tienen que haber una preparación. En ocasiones hasta se ha registrado la presencia de un médico para revivir al torturado”, explica Chávez.

“A lo largo del periodo 2006-2018 hemos documentado los efectos y las implicaciones de una estrategia de seguridad pública de corte militar a la que conocemos comúnmente como “guerra contra las drogas”, en donde se ha invertido una gran cantidad de recursos en armamento y entrenamiento militar. El resultado son los miles de víctimas de la guerra y el aumento de la violencia y la impunidad en el país. Los datos oficiales que exponen violaciones graves de derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias muestran un crecimiento al alza, sin sanción o castigo de los responsables, ni justicia y reparación para las víctimas”, explica el informe.

Uno de los objetivos de la organización es el apoyo a las víctimas. De este modo, la web incluye una guía que explica qué hacer en caso de que una persona sufra tortura o tratos degradantes y quiera denunciar o presentar una queja.

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