En 3 años, Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua abrió 154 casos, pero solo resolvió cinco

En sus tres años de existencia como órgano constitucional autónomo, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ha tenido poco éxito en castigar el mal uso de recursos por parte de servidores públicos, pues solo ha obtenido cinco sentencias condenatorias en las que el estado logró recuperar poco más de 5 millones de pesos del erario, de acuerdo con información oficial de la institución de procuración de justicia.

Recientemente, quien había sido designada en 2019 titular de la Fiscalía Anticorrupción por el Congreso estatal para un periodo de siete años, Gema Chávez Durán, presentó súbitamente su renuncia al cargo. En su lugar, la gobernadora Maru Campos nombró encargada de despacho a Nidia Orpinel Pizarro, en un procedimiento cuestionado debido a que no se siguió la ruta establecida en la Ley Reglamentaria y Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción.

De acuerdo con su último Informe de Actividades, de 2019 a 2021 la Fiscalía inició 154 carpetas de investigación, mismas que, no obstante, tuvieron escasos avances.

Por ejemplo, durante el ejercicio 2021, la Fiscalía logró que un juez le concediera apenas dos solicitudes de intervención telefónica y 42 solicitudes de investigación del secreto fiscal y bancario.

De las 154 carpetas de investigación iniciadas, 69 fueron determinadas por el Ministerio Público o un juez. Ello no es un logro por sí mismo, pues, entre 2019 y 2021, tan solo 4 resultaron en sentencias condenatorias, esto es, el 2.5% del total de indagatorias abiertas en tres años. La quinta sentencia obtenida corresponde al ejercicio 2022.

En 25 de las carpetas determinadas se resolvió el no ejercicio de la acción penal; en ocho se determinó la incompetencia y en siete se invocó la facultad de abstenerse a investigar.

Veamos el detalle de las carpetas que sí derivaron en sentencias condenatorias. En 2020, en la única indagatoria que tuvo ese resultado, se lograron recuperar 252 mil pesos por concepto de reparación del daño. Las restantes tres corresponden a 2021 y en ellas se logró la recuperación de 811 mil 566 pesos.

Es decir, el trabajo de tres años de la Fiscalía Anticorrupción reportó a los chihuahuenses una recuperación de 1 millón 063 mil 566 pesos.

El órgano autónomo informó también que en 2022, hasta antes de la renuncia de Chávez, se obtuvo otra sentencia condenatoria por el delito de peculado agravado y una suspensión condicional del proceso, casos en los que se recuperaron recursos por 4.2 millones de pesos.

Este medio buscó directamente a la extitular de la Fiscalía Anticorrupción para solicitarle un balance sobre su salida del órgano autónomo, pero no atendió la solicitud.

Para activistas y especialistas en materia anticorrupción, la poca efectividad de esta institución es una forma de impunidad.

“Los juzgadores sentencian con reparación del daño, y luego dan una pena de tres años, y esta pena en Chihuahua permite llegar a pena condicional, es decir que (los sentenciados) no tienen que pisar la cárcel. Hay un doble estándar: a las personas que tienen acceso una buena defensa solo les toca reparar el daño, y a las personas que se roban mil pesos les toca cárcel. Cárcel para pobres y reparación del daño para ricos. Es un doble estándar en la procuración de justicia, incluso con mismos jueces”, señaló René Moreno, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

“Históricamente, desde que se creó la Fiscalía Anticorrupción en Chihuahua, nosotros hemos presentado denuncias en diversos casos concernientes a la administración anterior del gobierno municipal de Juárez y nunca vimos ningún avance con la Fiscal anterior, Gema Chávez; es más, había una gran resistencia a recibir las denuncias que nosotros presentábamos, no las querían recibir, buscaban cualquier argumento para tratar de mandarlas a otro lugar o hacernos desistir de que las presentáramos. Históricamente la Fiscalía ha tenido un manejo político, entonces, la autonomía ha estado siempre en entredicho”, afirmó por su parte Sergio Meza, director ejecutivo de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez.

Relevo cuestionado

La ahora exfiscal Chávez renunció al cargo para el que fue electa constitucionalmente cuando aún le faltaban cuatro años para concluirlo. Especialistas en anticorrupción advirtieron que la manera como fue designada la encargada de despacho viola la ley.

Conforme la legislación, la ausencia de la exfiscal Chávez debía ser cubierta por el titular de la Vicefiscalía de Investigación y Procesos, Ulises Soteno Torres, mientras se emitía una convocatoria para elegir al nuevo o la nueva Fiscal. Para ello, las dos terceras partes del Congreso deben elegir de entre una terna elaborada con perfiles propuestos por especialistas en materia anticorrupción.

Sin embargo, ni el vicefiscal Soteno asumió la suplencia ni ha sido emitida la convocatoria a un nuevo proceso de selección de Fiscal Anticorrupción. La administración de Campos defiende que el ascenso del vicefiscal solo está previsto en caso de una “ausencia temporal” de la persona titular de la Fiscalía, lo que no sucedió en el caso de Chávez, pues renunció permanentemente al cargo.

Además, la nueva encargada de despacho designada por la gobernadora Campos ha sido señalada de tener cercanía con el exgobernador César Duarte. Orpinel Pizarro fue nombrada en 2014 por Duarte como Fiscal de Distrito de la Zona Centro-Sur de Chihuahua, y luego, en 2016, el entonces gobernador la designó Fiscal de la Zona Sur. En ambos casos, el exmandatario priista acudió personalmente a tomarle protesta.

“Este es un procedimiento irregular que a mí me deja pensando lo peor: ¿qué es lo que va a poder hacer esa persona con ese nombramiento ilegal? Porque hay que recordar que tiene acceso a todas las carpetas de investigación sobre hechos de corrupción y esa información es de todo el interés”, cuestiona René Moreno, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua.

“Con este cambio que se está dando (en la Fiscalía) se está violentando un proceso que está establecido; la gobernadora está pasándose por alto ese proceso y eso nos hace pensar que no hay una voluntad real de hacer que el Sistema Anticorrupción en Chihuahua funcione; nosotros no hemos visto una voluntad ni en la administración pasada (de Corral) ni en esta de que el sistema jale, y una muestra es precisamente esta designación”, advierte por su parte Sergio Meza, director ejecutivo de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez.

Acusan presiones desde la actual administración

Una de las investigaciones más relevantes de la exfiscal Chávez fue una carpeta iniciada en contra de la actual gobernadora, Maru Campos, por presuntos hechos de corrupción cometidos durante su gestión como alcaldesa de la ciudad de Chihuahua.

En 2020, la Fiscalía Anticorrupción acusó a Campos de cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades por supuestamente haber recibido de empresas contratistas del Ayuntamiento pagos mensuales por más de 1.3 millones de pesos entre 2017 y 2018, como dio a conocer Animal Político.

Además, en ese mismo periodo, habría utilizado una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa a fin de solventar, mes con mes, gastos personales. La tarjeta fue usada en varias ciudades de México y de Estados Unidos, Italia y Francia; la suma de cargos atribuidos a la candidata panista ronda 1 millón de pesos.

Ya en campaña por la gubernatura, la defensa legal de la panista logró diferir varias veces la audiencia inicial de vinculación a proceso.

Campos Galván arrastraba ya para entonces otra acusación de corrupción relacionada con la llamada “nómina secreta”, en la que supuestamente, según una investigación de la Fiscalía General del Estado (un órgano dependiente del Ejecutivo y ajeno a la Fiscalía Anticorrupción), habría cobrado sobornos del exgobernador Duarte cuando ella era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local.

A pocos días de su toma de protesta como gobernadora, en un hecho inédito, la Fiscalía Anticorrupción se desistió de la acusación contra Campos Galván por cohecho y uso indebido de atribuciones sin que nunca se lograra llevar a cabo la audiencia inicial.

La Fiscalía, que aún encabezaba Gema Chávez, explicó que hizo dicha solicitud luego de que tres exfuncionarios que habrían colaborado con Maru Campos en los presuntos actos de corrupción, y quienes fungieron como testigos de la autoridad ministerial acogiéndose a un criterio de oportunidad, se desdijeron de sus declaraciones en contra de la panista.

Además, la Fiscalía señaló haber conocido un nuevo testimonio de un “testigo crucial” que pone en duda presumir que la gobernadora electa participó en los actos que se le imputaban.

La decisión de la Fiscal Chávez fue interpretada como que la administración entrante la había presionado hasta “doblarla”, o bien, que había “pactado” con Campos.

“Me parece que hubo un arreglo, es difícil creer que te vas a lanzar a judicializar una carpeta con la que no te sientes seguro, porque también hay responsabilidades penales para los Ministerios Públicos que presentan carpetas sin evidencia suficiente, y los tiempos dan a entender que parece que se negociaron esas carpetas”, considera René Moreno.

Advierten uso político de Fiscalía Anticorrupción

Para los especialistas y activistas entrevistados, la breve historia de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ha demostrado que su labor está dictada por los intereses de la administración en curso.

“No vemos una voluntad de combatir la corrupción frontalmente. La Fiscalía, en la administración anterior, no funcionaba; para nosotros, como organización civil, era muy difícil. Nosotros estamos en Juárez, para ir a poner una denuncia a Chihuahua tienes que hacer un día entre ir y regresar, teníamos que ir a ratificarla, y en realidad había un desinterés por darle atención a las denuncias, y de las 4 o 5 denuncias que tenemos ahí –todas tienen que ver con el ámbito municipal, que es donde nosotros nos movemos–, ninguna ha mostrado un avance sustancial”, denuncia el director de Plan Estratégico de Juárez, Sergio Meza.

Por su parte, René Moreno tiene claro que un gobierno actual no se investiga a sí mismo, lo que pone en duda la autonomía de la institución de procuración de justicia.

“Tres de los cinco casos que se han sentenciado han sido de la administración del 2010 al 2016; es como si en la administración pasada no hubiera pasado nada. Eso me hace poner en duda la autonomía. Porque la autonomía de una Fiscalía es que se ponga a revisar los temas del presente”, afirma en entrevista.

“Me llama la atención que los casos de corrupción de la administración pasada no se hayan investigado durante esa administración, y otra vez volvemos a la persecución política. Ahora probablemente lo que va a pasar es que los casos que se van a empezar a perseguir son los de la administración 2016-2021 (de Corral), y es muy probable que los casos de corrupción del periodo 2021-2027 (de Campos) no se toquen sino hasta que entre la siguiente administración, ¿y cuál combate a la corrupción? Parece más bien una persecución política por turnos”.

Serio Meza considera que la andanada del gobierno de Campos en contra de Corral es una demostración del interés político que motiva la supuesta lucha anticorrupción.

“Es parte de los manejos políticos de la justicia. Todo esto que está pasando, desde la ciudadanía vemos que lo que sigue prevaleciendo es el interés y el manejo político, ya sea en el caso Duarte, o como se hizo del caso Maru Campos y como se está dando el caso Corral: la justicia está totalmente politizada, partidizada, no hay instituciones fuertes, tenemos instituciones muy débiles, y eso va contra la democracia, contra el desarrollo del estado, se sigue afectando la vida cotidiana de quienes vivimos en Chihuahua”, critica.

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