Al menos 26 personas murieron bajo custodia del Instituto de Migración desde 2015

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Al menos 26 personas murieron bajo custodia del INM desde 2015
Al menos 26 personas murieron bajo custodia del INM desde 2015

Una joven de 22 años y originaria de EU murió el pasado 19 de agosto en la estación migratoria de Iztapalapa, en la Ciudad de México. La causa de la muerte, según se recoge en una respuesta proporcionada por el Instituto Nacional de Migración (INM), fue una “congestión visceral generalizada”. Ella es la última persona extranjera muerta bajo custodia del estado mexicano. Desde 2015, al menos 26 perdieron la vida en diferentes estancias migratorias.

En lo que llevamos de sexenio con Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno, 9 extranjeros murieron bajo custodia. Además de la joven estadounidense, este 2021 también perdió la vida un salvadoreño de 58 años que sufrió un infarto en la estación provisional de Morelia, Michoacán.

Animal Político solicitó un comentario al INM pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

El pasado año fueron tres las víctimas mortales bajo custodia migratoria. Un hondureño de 40 años que se suicidó en la estación migratoria Guadalupe, ubicada en Monterrey, Nuevo León; un guatemalteco de 31 años solicitante de asilo que se asfixió durante un motín en la estación de Tenosique, Tabasco, y un salvadoreño de 41 años que murió en el hospital Enrique Cabrera de la Ciudad de México. Aunque el registro asegura que la causa de la muerte fue “insuficiencia respiratoria, neumonía atípica”, se trata de la primera víctima de COVID-19 al interior de un centro de detención migratorio. Su fallecimiento se conoció gracias a una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que señaló al INM en un momento en el que la institución que dirige Francisco Garduño negaba los contagios. A pesar de que en México se contabilizan más de 292 mil muertos por coronavirus desde que se inició la pandemia en marzo de 2020, el INM asegura que solo una persona murió con esta enfermedad en sus instalaciones. En febrero de este año, el gobierno aseguró que al menos 55 migrantes habían perdido la vida por COVID-19, aunque no dio detalles sobre si eran personas bajo custodia.

En 2019, primer año con López Obrador en el gobierno, fueron cuatro los fallecidos: tres que murieron víctimas de un infarto (dos en Tapachula y una en Monterrey) y otra una niña de diez años que cayó de su litera en la estación de Iztapalapa y que agonizó durante siete horas sin que las autoridades la auxiliaran.

El resto de fallecidos, un total de 16, corresponden al sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2018 murieron dos personas: un hondureño que se suicidó en Tapachula y un español que sufrió un infarto en Ciudad de México. En 2017, otros cuatro perdieron la vida por distintas dolencias en Tepeji, Hidalgo; Mazatlán, Sinaloa; Matamoros, Tamaulipas y Tijuana, Baja California. El año 2016 fue el más mortífero, con seis fallecidos, mientras que en 2015 se registraron otros cinco, de los que dos fueron suicidios.

“En las estaciones cada vez es más difícil saber el trato que reciben los migrantes, por la dificultad de monitorear. Habría que revisar las cifras y cotejarlas con otras fuentes”, dijo Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi). “Aún si fueran 25, es mucha gente que se ha muerto bajo custodia. Muchas veces es por maltrato o por negligencia médica”, afirmó.

En su opinión, a la gravedad de las muertes bajo custodia se le añade la impunidad. “Es increíble que la gente se pueda morir y que no haya responsables”, dijo, recordando el caso de la menor guatemalteca muerta en 2019 y por la que todavía no hay un solo funcionario señalado.

“El INM se tiene que hacer cargo de que tiene que ir reduciendo su política de detención, pero eso no se ha visto”, dijo Ana Saiz, directora de la ONG Sin Fronteras. En su opinión, la política de detenciones masivas “es muy cara, no solo en términos monetarios, sino de violaciones graves a los Derechos Humanos”.

“No le dan derecho a la gente a la información, no respetan mínimos derechos ni a solicitar asilo. Los asustan, los amedrentan, es difícil tener acceso a servicios legales”, explicó la activista.

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