El 2020 fue un año "nefasto" para los defensores de los DD.HH. en Colombia

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Bogotá, 20 may (EFE).- El 2020 fue el año más violento en más de una década para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 199 líderes que trabajaban por la vida, el territorio o la paz, según divulgó este jueves el programa no gubernamental Somos Defensores que lo calificó de "nefasto".

Esa cifra supone un incremento del 60,4 % en relación con 2019, año en que hubo 124 asesinatos.

"Del 2010, cuando se registraron 32 hechos, se pasó a 199 asesinatos en 2020, lo cual representa un incremento del 522 % (167 casos más), superando incluso al 2018 que en su momento presentó la cifra más alta con 155 casos", advirtió Somos Defensores.

De los 199 asesinatos, 124 habrían sido cometidos por desconocidos, 30 por paramilitares, 25 por disidencias de las FARC, nueve por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ocho por la fuerza pública y tres por "otros".

La organización registró además 969 agresiones individuales contra 942 líderes de derechos humanos, indígenas, campesinos, comunales, comunitarios, de víctimas, ambientales, LGBTI, juveniles, de mujeres, o del sector académico.

"Esto se traduce en un incremento del 15 % en relación con el año 2019", señaló Somos Defensores quien considera las agresiones un atentado contra "la salud de la democracia colombiana".

Según el estudio, el 62,3 % de las agresiones fueron amenazas; el 20,5 % asesinatos; el 8,2 % atentados; el 3,1 % detenciones arbitrarias; el 2,9 % judicializaciones; el 2,6 % desapariciones y el 0,4 % robos de información.

VIOLENCIA EN PLENA PANDEMIA

Esos datos demuestran la ineficacia de las políticas del Gobierno para brindar garantías de seguridad a los líderes sociales, problema agravado por la pandemia del coronavirus porque "las comunidades y sus liderazgos quedaron aún más desprotegidas y expuestas a la violencia y a la impunidad", añade.

"El 2020 se consolida como un año nefasto para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, con un promedio de 2,64 agresiones por día, que resulta aún más preocupante si se toma en cuenta que buena parte del año el país estuvo sometido a las medidas de aislamiento social decretadas para hacer frente a la pandemia de covid-19", se lee en el informe.

La mayor cantidad de esas agresiones ocurrieron en zonas donde la guerrilla de las FARC ejercía su control antes del acuerdo de paz de 2016, lugares con escasa presencia del Estado y donde la implementación de lo pactado con el Gobierno sigue enredada.

Somos Defensores contabilizó el mayor número de agresiones en el convulso departamento del Cauca con 193 casos, seguido de Bogotá (119), Antioquia (81), Nariño (77), La Guajira (70), Norte de Santander y Valle del Cauca (43), Santander (34), Putumayo (31) y Bolívar (30).

"Las comunidades y especialmente las personas que ejercen el liderazgo en procesos específicos han tenido que enfrentar en soledad el incremento de la violencia", alertó Somos Defensores al subrayar que no es claro por qué en zonas con alta presencia de la fuerza pública los agresores se movilizaron sin dificultad alguna.

DOBLE RIESGO PARA LÍDERES INVISIBILIZADOS

Como lo advirtieron distintas organizaciones, el año pasado los grupos armados consolidaron la violencia contra las principales víctimas de los homicidios que fueron integrantes de las Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios, indígenas, campesinos y afrodescendientes.

"Los liderazgos sociales de zonas rurales y apartadas del centro del país, por tanto invisibilizados, son las principales víctimas de la violencia", alertó Somos Defensores y subrayó que "la impunidad que caracteriza a las agresiones" en general "y los homicidios en particular sigue siendo muy alta".

Somos Defensores documentó que en las regiones quienes cuidan el medio ambiente y los recursos naturales, así como de las economías propias y defienden la autonomía de las comunidades siguen siendo blanco de agresiones "por una combinación de intereses legales e ilegales, o ambos, que hace que su presencia sea incómoda".

En ese sentido, la agresión es "el mecanismo más eficaz para controlar los territorios, al romper los procesos organizativos y obligar a las comunidades a continuar sometidas a la trampa de los cultivos de uso ilícito, entre otras cosas, como única forma de supervivencia".

"Un panorama aterrador enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en el país" pues en los últimos cuatro años las agresiones han aumentado de manera considerable y cada vez son más las formas de violencia utilizadas, sin embargo esa labor "sigue avanzando en cada rincón del país a pesar de las amenazas y de los vacíos del Estado", destacó el informe.

(c) Agencia EFE

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