Casi 200 líderes de DDHH fueron asesinados en Colombia en 2020, según ONG

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La mayoría de los homicidios permanecen impunes: solo hubo condenas en 16% de los 417 casos que investiga la fiscalía desde 2016, afirmó la ONG Somos Defensores

Casi 200 líderes de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2020, en la peor arremetida contra los activistas sociales en los últimos 11 años, denunció este jueves la ONG Somos Defensores.

Desde la firma de la paz con la guerrilla FARC en 2016 los asesinatos han ido en aumento, pero en medio de la pandemia los defensores de garantías básicas "quedaron aún más desprotegidos y expuestos a la violencia", indica el organismo en su reporte anual.

Los agresores aprovecharon el encierro estricto que rigió en el país entre marzo y septiembre para encontrar a sus víctimas "en sitios cercanos a su residencia o dentro de ella", lo que devela "la ineficacia de las políticas" del gobierno para protegerlos, anota la ONG.

En total fueron 199 defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados en 2020, un incremento de 60,4% en comparación con 2019.

Los departamentos con mayor número de casos fueron Cauca (52), Antioquia (23) y Nariño (22), todos con alta presencia militar.

En los tres departamentos operaban las FARC y ahora repunta el conflicto de la mano de grupos armados que se disputan miles de hectáreas de narcocultivos y rentas de la minería ilegal.

Según Somos Defensores, la mayoría de los homicidios se encuentran en la impunidad. Desde 2016, la fiscalía ha logrado condenas en 16% de los 417 casos que investiga, señala.

Solo en 30 casos se ha determinado la responsabilidad de grupos herederos del paramilitarismo; en 25, de disidentes que se marginaron del pacto con las FARC, y en nueve, de guerrilleros del ELN. Ocho agentes de la fuerza pública están implicados en asesinatos de defensores, especificó la organización.

Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el activismo, según oenegés como Global Witness, que censa homicidios de defensores del medioambiente.

En noviembre de 2020, la entonces ministra del interior Alicia Arango reconoció ante el Congreso la "débil presencia y capacidad del Estado en resolver estos desafortunados asesinatos".

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