17 de 18 ayuntamientos de Querétaro avalan la revocación de mandato

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QUERÉTARO, Qro., julio 15 (EL UNIVERSAL).- La revocación de mandato podrá aplicarse en las administraciones entrantes; en Sesión de Pleno de la 59 Legislatura local se informó que la modificación constitucional fue avalada por la mayoría de los ayuntamientos queretanos. 17 ayuntamientos votaron a favor, únicamente Tequisquiapan votó en contra; 12 emitieron su respuesta favorable y de los que no respondieron se entiende que están a favor.

Entregaron por escrito su respuesta a favor de la reforma Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, Querétaro y Tolimán. El diputado morenista, Néstor Domínguez, consideró que una vez establecida la figura en la Constitución podrá recurrirse a ese mecanismo, sin importar que no se haya establecido el método.

Aún resulta necesario definir las leyes secundarias, la cantidad de firmas que se requiere para solicitar la revocación, así como los votos para que se tome como válida, pero estimó que serán elementos que ya no se aprobarán en esta Legislatura. Urgió a que se publique la reforma lo antes posible, para que pueda aplicarse a los funcionarios entrantes. Se tiene un máximo de dos meses para que pueda publicarse y se aplique a los siguientes funcionarios.

Recordó, que, pese a ya estar aprobada, el gobernador aún tiene oportunidad de vetar la modificación legislativa o, bien, realizarle observaciones y regresarla a la Legislatura, en lugar de solamente publicarla. "Faltan prácticamente dos meses para que se pueda hacer [su publicación]; ya está en la cancha del gobernador, que también tiene el derecho de veto", remarcó el legislador. Modifican fecha de último informe La Legislatura recibió de los ayuntamientos el respaldo requerido para autorizar que se modifique en la Constitución la fecha para el último informe de gobierno de alcaldes, el gobernador y la propia Legislatura. Cabe recordar que el ajuste se programó para evitar que los informes coincidan con la Consulta Popular, programada para el 1 de agosto.

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