En 15 años disminuyeron más de la mitad cargos públicos de carrera y aumentaron designaciones: informe anticorrupción

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En 15 años disminuyeron más de la mitad cargos públicos de carrera y aumentaron designaciones, advierte informe contra la corrupción
En 15 años disminuyeron más de la mitad cargos públicos de carrera y aumentaron designaciones, advierte informe contra la corrupción

La profesionalización de los puestos en la administración pública federal se ha estancado, pues de 2005 a 2020 los cargos de carrera se redujeron más de la mitad al pasar de 41 mil 164 plazas potenciales a 20 mil 599. 

En cambio, solo entre 2018 y 2020 hubo un aumento de 106 mil 877 plazas entre personal eventual, de honorarios y las clasificadas como “régimen de contratación no especificado”.

Esta es una de las advertencias que halló el Informe sobre el combate a la corrupción en México, realizado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción (IIRCCC). 

Mediante solicitudes de información y estadísticas de 10 entidades públicas, el estudio comparó el tipo de plazas otorgadas en la administración pública, donde destacan los aumentos y las disminuciones de personal bajo la discrecionalidad y el juicio de quienes toman esas decisiones en el gobierno. 

El informe sostiene que el reclutamiento y el acceso al servicio público no han correspondido con la ley, ni a la evaluación de competencias y méritos.

“La gran mayoría de las plazas de la APF (Administración Pública Federal) no cuenta con controles públicos suficientes para que las decisiones de entrada, ascenso, evaluación y salida de quienes desempeñan funciones públicas, respondan a criterios objetivos basados en la competencia y el mérito. Y debe añadirse que, sobre la base de los datos públicos disponibles, tampoco el SPC (Servicio Profesional de Carrera), pese a su modesta dimensión (apenas el 1.3% del total de los puestos públicos federales), ha sorteado por completo esas carencias”, sostiene el documento.

El informe señala que la existencia de un cuerpo estable de funcionarios públicos no solo aporta a la objetividad y la transparencia de los procedimientos de entrada y salida de las personas servidoras públicas, para evitar el riesgo de la captura política, sino también al uso de otras herramientas de profesionalización que garanticen su competencia. 

En este aspecto, el estudio advierte que, aunque hay un esfuerzo para la impartición de cursos para las personas servidoras públicas, no se pudo verificar “la conexión de sentido entre el diseño de esas herramientas de capacitación y el perfil específico de los cargos públicos a las que van dirigidas”. 

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Opacidad, incertidumbre y discrecionalidad en el uso de recursos públicos

El estudio también advierte que persisten grandes áreas de opacidad que impiden conocer con certeza en qué se utilizaron los recursos, pese a las recomendaciones que año con año emite la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Como ejemplo, destacó las fallas en los procesos de contratación que hace el gobierno.

“Las debilidades y la falta de transparencia respecto a este asunto no son, ni remotamente, nuevas, sino que han sido señaladas reiteradamente por las autoridades de fiscalización —y por la academia, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, los partidos políticos y los medios de comunicación—. Empero, en 2020, el 88.3% de las contrataciones totales se llevaron a cabo mediante procedimientos distintos al de la licitación pública: 79%, por adjudicación directa, pese a que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público señala claramente que este es un procedimiento de excepción, al igual que la invitación a cuando menos tres personas, que únicamente deberían aplicarse bajo circunstancias extraordinarias perfectamente fundamentadas y motivadas. De otra forma, no pueden garantizarse las mejores condiciones de compra para el gobierno”, insistió.

Impunidad en casos de corrupción 

Los autores del estudio señalaron que, además de la impunidad en los casos de corrupción, hay un laberinto jurídico en la investigación y sanción a servidores públicos que cometen estos actos. 

“Se advierte que en 2020, se abrieron 32,406 expedientes pero solo se sancionó a 30 personas servidoras públicas. De otra parte, de las 2,831 carpetas de investigación que fueron abiertas en 2020 por presuntos delitos de corrupción, 2,211 fueron ineficaces para imponer sanciones y solo se judicializaron”, reveló el informe.

Destacó que, en 2017 y 2019, el volumen de expedientes abiertos por faltas administrativas pasó de 28 mil 942 a 99 mil 801, y a diferencia de 2020, cuando hubo más de 32 mil expedientes y 30 sancionados, en aquellos años se sancionó a 218 personas. 

Fracaso en el combate a la corrupción

El informe sostuvo que el combate a la corrupción ha fracasado por varios defectos de implementación, principalmente procrastinación para equipar al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); de simulación, en el cumplimiento de normas que tienen relación con designaciones, presupuesto e información pública, así como de un exceso de burocratización en los procesos administrativos.

“A la luz de la evidencia que hemos reunido en este informe podemos afirmar que, para combatir la corrupción, ya no es necesario modificar las normas jurídicas que están vigentes sino cumplirlas a cabalidad: lo que ha fallado no es el diseño de las instituciones —algunas de ellas, ejemplares para el resto del mundo— sino el cumplimento de sus cometidos”, afirmaron los autores del estudio.

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