Los 10 avances del kirchnerismo sobre la Justicia en el primer año de gobierno

Iván Ruiz
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El oficialismo impulsó modificaciones en la Justicia como en ninguna otra área en su primer año de gestión y aguarda el aval legislativo
Fuente: Archivo

La pandemia y sus coletazos económicos concentraron la atención del Gobierno durante este 2020. Sólo un área logró romper ese monopolio temático: la Justicia. Después de un parate inicial durante el primer trimestre por el coronavirus, el Gobierno irrumpió desde julio con distintas medidas para hacer reformas en el Poder Judicial.

1. Reforma Judicial

Alberto Fernández había anunciado profundas reformas en la justicia federal apenas asumió como presidente, pero esa intención recién se hizo efectiva casi ocho meses después. El proyecto de reforma judicial fue presentado por el Presidente el 29 de julio, luego fue aprobado en el Senado a fines de agosto y espera a ser tratado en Diputados. La iniciativa intenta licuar el poder de los tribunales de Comodoro Py con la creación de decenas de nuevos juzgados y fiscalías federales no sólo en la Capital, sino también en las provincias. Después del acalorado debate en el Senado, Diputados por ahora no puso fecha para tratar la reforma.

2. Juicio político a Eduardo Casal

El kirchnerismo presentó en agosto el juicio político contra el procurador general, Eduardo Casal. El oficialismo entiende que el funcionario, que fue designado de manera interina en el cargo, protegió al fiscal Carlos Stornelli en las acusaciones por su actuación causa conocida como los cuadernos de las coimas, que involucra a exfuncionarios kirchneristas. También señalaron que el procurador hostigó a la fiscal Gabriela Boquín, que lleva actúa en la disputa judicial por la deuda del Correo Argentino, que involucra a la familia Macri. El kircherismo, sin embargo, no alcanza por ahora la mayoría de dos tercios que necesita en el Congreso para aprobar el juicio político.

3. El caso de Bruglia y Bertuzzi

El oficialismo impulsó la revisión de los traslados de jueces realizados durante los últimos años. El kirchnerismo entendía que no los traslados de jueces que no tuvieron aval del Senado estaban incompletos y apuntó particularmente con máxima celeridad sobre dos casos: los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Después de meses de acusaciones cruzadas con la oposición, la Corte finalmente decidió que todos los traslados son transitorios y que para completar esas vacantes hacen falta realizar concursos.

4. La Oficina Anticorrupción renunció a las querellas

La Oficina Anticorrupción (OA) dejó en octubre las querellas en causas penales, muchos expedientes de corrupción que involucraban a exfuncionarios kirchneristas. El titular del organismo, Félix Crous, argumentó que la decisión fue tomada por falta de personal y limitaciones presupuestarias. La OA ya había renunciado a la querella en el juicio unificado de las causas Hotesur y Los Sauces, donde está involucrada Cristina Kirchner y sus hijos junto a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, entre otros.

5. Pedido de domiciliaria para acusados de corrupción

Cuando la Argentina todavía se preparaba para lo peor de la pandemia, Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos, pidió a la Justicia que el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y el empresario kirchnerista Martín Báez, hijo de Lázaro Báez, ambos detenidos en el penal de Ezeiza, sean beneficiados con prisión domiciliaria ante los inminentes contagios por el coronavirus. Días después del pedido, que fue rechazado por la Justicia, Alberto Fernández dijo que no había sido consultado sobre la decisión, pero que le pareció "absolutamente aceptable".

6. Modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal

Después de la designación del juez Daniel Rafecas como candidato a procurador general, el kirchnerismo avanzó en el Congreso con reformas a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que flexibilizan el número en el Senado para elegir nuevo jefe de los fiscales y limitan su mandato a un período de cinco años. La Cámara Alta aprobó el viernes esta iniciativa ante fuertes críticas de la oposición, Rafecas, por otro lado, advirtió que renuciaría a su candidato si se flexibilizan los criterios para elegir nuevo procurador.

7. Cambios en la Corte Suprema

El Presidente convocó a un comité de expertos para debatir distintas reformas que mejoren el funcionamiento de la Justicia. Entre la nómina de expertos incluyó al jurista Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner. Uno de los temas más controversiales que debatió el comité de especialistas fue la ampliación de la Corte Suprema, que actualmente funciona con cinco miembros. El tema finalmente se diluyó porque no hubo una postura homogénea entre los asesores. El comité, además, recomendó que la Corte sólo trate casos vinculados a disputas constitucionales o de derechos humanos.

8. Modificación del Consejo

El comité de asesores convocado por el Presidente recomendó una modificación en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de elegir y sancionar a los jueces. Los especialistas sugirieron ampliar el Consejo de los 13 miembros actuales a 16 integrantes, pero también recomendaron bajar la representación proporcional de legisladores para intentar que disminuya la influencia de la política dentro del organismo.

9. Ofensiva contra el macrismo

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentó distintas denuncias contra sus predecesores en el cargo, los macristas Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por espionaje a políticos oficialistas y opositores, pero también contra dirigentes sindicales y periodistas, entre otros. Algunas acusaciones quedaron asentadas en los tribunales de Lomas de Zamora y otras en Comodoro Py. Otros organismos del Gobierno hicieron denuncias contra funcionarios macristas: Vialidad Nacional acusó a los exministros Guillermo Dietrich y Javier Iguacel por supuestos actos de corrupción; y la OA denunció a exministro de Salud macrista por 600.000 de vacunas vencidas.

10. Nuevos jueces

Nuevos jueces ganaron influencia desde el regreso del kirchnerismo a la Casa Rosada y otros simplemente recuperaron la influencia que supieron tener. Alejo Ramos Padilla, que fue acusado por el macrismo tras instruir el caso D'Alessio desde Dolores, fue elegido por el Presidente para ocupar el juzgado con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires. Eduardo Farah, que tuvo que dejar la Cámara Federal después de firmar la liberación de Cristóbal López, ahora podría volver a ocupar ese lugar clave dentro de Comodoro Py con el aval del kirchnerismo. Por último, el juez tucumano Daniel Bejas, que supo ser abogado del Partido Justicialista de esa provincia, ahora ocupará la tercera vacante de la Cámara Nacional Electoral.