Solo 1 de cada 4 detenidos por huachicol desde 2006 fue condenado y casi la mitad no pasó ante el juez

Alberto Pradilla
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Casi 14 mil personas fueron detenidas en México entre 2006 y 2020 y acusadas de algún tipo de delito en materia de hidrocarburos según datos de la Fiscalía General de la República (FGR) obtenidos mediante solicitud de acceso a la información. Los arrestos no implicaron procesos judiciales y, mucho menos, condenas. Algo más de la mitad de los detenidos, 7 mil 730, se sentaron ante un tribunal acusados de “huachicoleo” y menos del 25%, 3 mil 465, recibieron algún tipo de sentencia.

Solo en 2020 se hallaron 11 mil 022 tomas ilegales en oleoductos de Pemex, según datos de la propia paraestatal. Los años previos aún se habían encontrado más: 13 mil 137 en 2019 y 14 mil 910 en 2018. En los dos primeros años de Andrés Manuel López Obrador al frente del gobierno fueron más de 24 mil tomas ilegales.

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Los datos muestran que, aunque se realizan operativos policiales contra supuestos responsables del huachicoleo, estos apenas tienen consecuencias, ya que terminan siendo liberados por considerar el MP que no había pruebas suficientes o estar mal armada la investigación.

Al interior de la propia Pemex existe otro modelo de impunidad, que ocurre cuando sus propios empleados son arrestados por el delito de robo de combustible. Según datos de la propia paraestatal, desde 2012 un total de 167 trabajadores de la petrolera mexicana fueron detenidos por huachicoleo. De ellos, únicamente 27 fueron apartados de su puesto de trabajo, ya que los juicios laborales seguían todavía abiertos.

El combate al huachicol fue una de las primeras campañas lanzadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, nada más llegar a la presidencia. En febrero de 2019 anunció la detención de más de 600 personas acusadas de robo de combustible, pero lamentó que más de la mitad fue puesta en libertad debido a que, en su opinión, la ley era laxa. La normativa se cambió mediante reforma constitucional en abril de ese mismo año y se incluyó el robo de combustible como delito considerado “grave” y que amerita prisión preventiva oficiosa.

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En 2020, que fue el único año que funcionó completo con esta reforma, hubo 914 detenidos, de los que solo pasaron ante el juez 215. La FGR contabilizó 261 condenas, pero estas pueden corresponder también a personas que fueron arrestadas en años anteriores. Lo relevante en este caso es que solo el 23% de los capturados fue puesto a disposición de un juez, bien porque el MP consideró que no había pruebas, que era inocente o que el caso estaba mal argumentado. De este modo, el endurecimiento de la pena promovido desde el gobierno se encontró con la misma realidad con la que chocó años anteriores: que los detenidos eran puestos en libertad antes de pasar por el juez.

El Estado de México, con 2 mil 529 detenidos en 14 años, es el territorio con mayor número de arrestos por delitos vinculados al robo de combustible. El Edomex nunca fue el estado con mayor número de tomas irregulares detectadas, aunque en los últimos tres años siempre estuvo entre los principales, solo superado por Hidalgo y Puebla. Como ocurre en todos los casos, una cosa son los detenidos y otra que estos llegasen a juicio o recibiesen alguna condena. De los arrestados, únicamente 797, el 31%, se sentó en el banquillo, mientras que apenas 45, el 1,7% tuvo algún tipo de condena.

Puebla, el segundo estado con mayor número de detenidos con 2 mil 213 detenidos, mil 486 procesados y mil 777 condenados, según los datos de la FGR. Por detrás están Tamaulipas (mil 859 detenidos, mil 232 ante el juez y 94 condenas), Guanajuato (mil 401 detenidos, 582 presentados ante el tribunal y 450 condenados) e Hidalgo (mil 277 detenidos, mil 011 presentados y 83 condenados).

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