Después de dos días durante los que negó irregularidades en una licitación internacional para dragar el canal Martín García, el Gobierno anunció ayer su decisión de excluir del concurso para hacer esa obra a la empresa holandesa Boskalis, sospechada de intervenir en el supuesto intento de coima.
El canciller Héctor Timerman le envió ayer una nota a su par uruguayo, Luis Almagro, para comunicarle la decisión argentina, que -admite- se basa en un informe del Tribunal de Cuentas de Uruguay. En ese documento se mencionaban las dudas sobre la transparencia del proceso. Hasta ayer, la Cancillería había minimizado el resultado de esa auditoría, en la que se atribuía a los delegados argentinos en la comisión que administra el Río de la Plata haber favorecido a Boskalis.
El gobierno uruguayo reaccionó con un breve pero duro comunicado: Almagro le advirtió a Timerman en ese texto que "los efectos jurídicos y económicos de las medidas unilateralmente tomadas serán de exclusiva responsabilidad de su parte".
En su carta a Almagro, Timerman indicó que había ordenado a sus delegados en la comisión binacional "desestimar bajo todo concepto la eventual presentación de una oferta de dicha empresa en el concurso de precios para el mantenimiento del canal". Y, además, dice que la excluirá "de la lista de empresas precalificadas para la licitación pública internacional para la profundización del canal".
La Cancillería había anunciado anteayer su intención de suspender todo el proceso licitatorio hasta que se aclararan las dudas que manifestó Uruguay.
Con el nuevo movimiento, el Gobierno busca despegarse del escándalo, cuando crecen las evidencias de que podría haber más datos comprometedores. Ayer LA NACION reveló que en las actas que analizó el Tribunal de Cuentas uruguayo figuran referencias a "manejos desprolijos" de dinero por parte de los funcionarios argentinos en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP), donde se tramita el dragado.
Al mismo tiempo, con la medida se podría perjudicar Uruguay, pues si la empresa deja de dragar el canal Martín García, las embarcaciones se verían obligadas a usar el canal Emilio Mitre, del lado argentino.
Las sospechas sobre la licitación son investigadas en los tribunales de Comodoro Py, por el juez federal Claudio Bonadio. El juez ya decidió que declararan como testigos ocho funcionarios uruguayos, entre ellos Almagro y el ex embajador en Buenos Aires Francisco Bustillo, quien alertó sobre el presunto intento de soborno, según consignó la auditoría del Tribunal de Cuentas.
Además, dos personas fueron formalmente imputadas por el fiscal Federico Delgado: el diplomático argentino Roberto García Moritán y el empresario Sergio Cetera, responsable comercial de Boskalis, que aspira a quedarse, a través de la firma Riovia, con un nuevo contrato para profundizar el dragado del canal.
Ellos dos y Bustillo estuvieron juntos a fines de 2010, en salones del Jockey Club de Buenos Aires. Según el diplomático uruguayo, García Moritán gestó una reunión allí para involucrarlo en una negociación para beneficiar a Boskalis. García Mortián rechazó las acusaciones, y Bustillo dijo públicamente que cuando Cetera llegó a la cita, se retiró, ante la sospecha de que podrían ofrecerle una coima.
El caso estalló cuando el embajador itinerante uruguayo Julio Baráibar (hombre al que el presidente José Mujica define como "un hermano") dijo que las negociaciones por el dragado estaban empañadas por un intento de coima del que había sido informado Almagro. Baráibar también fue citado por Bonadio. Renunció tras sus declaraciones, pero Mujica -que siempre intentó bajarle el tono político al caso- no le aceptó la renuncia.
Las decisiones sobre la contratación de la empresa que draga el canal Martín García las toma la CARP, integrada por representantes argentinos y uruguayos. Timerman instruyó a los representantes argentinos a "excluir de la lista de empresas precalificadas para la licitación pública internacional para la profundización del canal Martín García" a la firma Boskalis.
La empresa mantiene un contrato desde 1997 para el mantenimiento del dragado. En 2006, se venció y lo prorrogaron sin una nueva licitación. Esta se debía realizar en enero de este año. Pero los plazos se estiraron y la CARP acordó con Boskalis que la firma seguiría dragando el canal mientras se llamaba a un nuevo concurso internacional de precios. Los sobres de ese concurso deben abrirse el lunes próximo.
Timerman anticipó que ésta es una primera medida ante el informe del Tribunal de Cuentas y que luego formulará otras observaciones sobre esa auditoria.
Las reuniones de la CARP quedan documentadas en actas, cuyo contenido no se hizo público, pero los auditores las tuvieron a la vista al realizar el informe. La oposición en la Argentina reclama que sean aportadas a la causa que tramita en el juzgado de Bonadio.
Cuatro gigantescas empresas estaban en carrera para quedarse con la licitación: Dredging International, Van Oord, Jan de Nul y Boskalis.
Boskalis tiene experiencia en el país: participó en la construcción del puente Rosario-Victoria; dragó el puerto de Bahía Blanca, construyó en 2010 -con otra firma holandesa- el gasoducto entre Tierra del Fuego y Santa Cruz, e impulsó, durante el menemismo, la aeroisla para trasladar el aeroparque metropolitano.
Piden informes por otra obra
El diputado Juan Pedro Tunessi (UCR) pidió informes al Gobierno por la adjudicación de la obra de dragado de profundización y mantenimiento en el estuario de Bahía Blanca, por 124 millones de dólares. La adjudicataria es Boskalis, la misma del canal Martín García.
Cambio de discurso
El canciller Timerman fue variando la posición oficial desde que se conoció la crítica auditoría del Tribunal de Cuentas de Uruguay.