El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer investigar si Hebe de Bonafini y su hija Alejandra hicieron viajes de placer pagados con fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Sergio Schoklender, que fue apoderado de la Fundación y mano derecha de Bonafini, declaró el lunes pasado que Alejandra hizo "innumerables viajes al Caribe, con su madre o sus parejas" con dinero de la Fundación "por orden" de Hebe.
"Y puedo asegurarles que resultaron mucho más onerosos que los viajes de su señoría a Punta Cana", declaró, en alusión a las vacaciones del juez Norberto Oyarbide. "Misteriosamente, todas estas cuestiones han sido soslayadas por la fiscalía y el tribunal", dijo Schoklender frente al juez, durante la última declaración en esta causa, en la que se investiga un presunto desvío de fondos públicos que administraban las Madres para construir viviendas.
Ayer, cuatro días después de aquella declaración, el fiscal Di Lello le pidió a Oyarbide que requiriera "en forma urgente" a la Dirección Nacional de Migraciones un informe sobre "los movimientos migratorios de entrada y salida del país" de Bonafini y de su hija, desde 2005 hasta hoy.
En la indagatoria en la que denunció los viajes, Schoklender dijo, además, que el "tren de vida" de la hija de Bonafini "se fue incrementando merced al dinero de las cuentas del exterior, del que Hebe disponía sin notificar a la Fundación ni incorporar esos fondos en la contabilidad" de las Madres. Sostuvo que "por consejo, pedido o recomendación del Poder Ejecutivo", el juzgado y la fiscalía habían decidido destruirlo a él y "garantizar la impunidad absoluta" de Bonafini y su hija.
Alejandra Bonafini fue indagada en este expediente, acusada de haber integrado una asociación ilícita. La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, en cambio, nunca fue citada. Ayer, los abogados de Pablo Schoklender le pidieron a Oyarbide que le tomara declaración por primera vez. Le sugirieron un cuestionario sobre el manejo de fondos en la Fundación y le solicitaron que, de responder Bonafini que desconoce esas cuestiones, le pregunte qué hacía ella como presidenta.
Por ahora, sólo otros acusados han apuntado contra Bonafini. No así el fiscal de la causa. Según Di Lello, "la actividad que desarrollaron los hermanos Schoklender" en la Fundación "es consecuencia directa de la decisión de Hebe de Bonafini [de designarlos], y por ello debe responder". Pero eso no significa que se la pueda acusar de un delito, porque -dijo- hasta ahora no hay pruebas de que hubiera sabido de ninguna estafa.
Cuando explicó por qué no pedía citar a Bonafini, Di Lello solicitó la indagatoria de una larga lista de acusados. Ayer, Oyarbide ordenó 45 nuevas indagatorias sobre la base de aquel pedido.