Dispuesto a demandar judicialmente al Estado por la deuda que mantiene con las obras sociales sindicales, el líder de la CGT, Hugo Moyano, convocó para el próximo martes a los presidentes de las entidades para definir los pasos a seguir.
Del dinero reclamado, unos 12.000 millones de pesos provienen del aporte obligatorio que se les retiene a los trabajadores de sus respectivos salarios. Y unos $ 2000 millones surgen de los reintegros de prestación de servicios que se brindaban a través de la desaparecida Administración de Programas Especiales (APE), hoy absorbida por la Superintendencia de Servicios de la Salud. El gremio de los camioneros que lidera Moyano ya activó una presentación administrativa en la Superintendencia para exigir la regularización de la deuda. Sólo al sindicato de Moyano el Estado le debería unos 600 millones de pesos. "Estamos desfinanciados", justificó ayer el reclamo Omar Plaini.
El sábado pasado, LA NACION reveló que el Gobierno evalúa ofrecer el pago de un 17% de los 2000 millones de pesos que reconoce adeudarles a las obras sociales sindicales por los reintegros de la APE.
Tras la reunión de consejo directivo, la CGT moyanista denunciará al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), a raíz de la multa que el Ministerio de Trabajo le impuso al gremio de camioneros por el paro que llevó adelante semanas atrás.
También planteará la nulidad por la intromisión del Gobierno en el proceso electoral de la CGT. Como parte de su disputa con Moyano, la presidenta Cristina Kirchner recibirá hoy a la CTA oficialista de Hugo Yasky.