LIMA (AP) — Micaela Flores recuerda vívidamente el día en que, junto con otras 15 campesinas de comunidades del Cusco, la llevaron con engaños a un centro de salud, las encerraron bajo candado y luego la operaron para dejarla estéril.
"Me llevaron adentro jalándome entre dos. 'Vamos a hacerte un chiquito corte, asisito''', le dijeron, según la mujer, quien hoy tiene 54 años. "Yo dije, 'no señora, yo no puedo hacerme eso'... Brava me he puesto ahí dentro, (pero) me agarraron, tumbaron, me amarraron los pies, las manos con (ligas de) jebe, me pusieron la anestesia".
Flores es una de unas 2000 mujeres que denunciaron haber sido esterilizadas contra su voluntad, como parte de un programa de "planificación familiar" emprendido por el gobierno de Alberto Fujimori en 1996.
El programa consistió en la esterilización forzada de unas 300.000 mujeres, según información del propio gobierno.
Los intentos por investigar las denuncias fracasaron y en el 2009 el caso fue archivado bajo el argumento de la prescripción de los cargos de homicidio culposo y negligencia. En octubre pasado, sin embargo, el gobierno, presionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anunció la reapertura del expediente y la Fiscalía dijo que el caso será tratado como un delito de lesa humanidad y por tanto no será prescriptible.
Sin embargo, a la fecha, el expediente sigue siendo estudiado por la fiscal encargada del caso y las víctimas de esterilizaciones forzadas continúan esperando señales claras de que obtendrán justicia.
El caso ha sido asignado a la fiscal Edith Alicia Chamorro, titular de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, que tiene facultades para realización una investigación a nivel nacional. La fiscal Chamorro no quiso dar una entrevista a la AP y se limitó a declarar por teléfono que estaba "evaluando el expediente", un voluminoso legajo compuesto por 62 cuadernos.
Chamorro dijo que no se le ha asignado ninguna asistencia especial y que se maneja con el equipo legal con el que habitualmente trabaja.
El Fiscal de la Nación José Peláez, declinó conceder una entrevista a la AP pese a reiterados llamados.
"¿Por qué razón el señor fiscal, el ministro de salud, la defensoría del pueblo nos han cerrado la puerta? Me da una pena, que nos hagan estas cosas", dijo Flores con tristeza tras llegar a Lima el viernes pasado para la proyección de la película "La cicatriz de Paulina", que aborda el tema de las esterilizaciones forzadas cometidas en los años 90.
Activistas afirman que, además de ser forzadas, las esterilizaciones se realizaron en condiciones insalubres, con seguimiento escaso o nulo, y tienen documentados 18 casos de mujeres que fallecieron por infecciones poco después de ser esterilizadas.
Este podría ser uno de los peores programas de esterilizaciones forzadas dispuestas por un gobierno de que se tiene noticias.
Estos programas comenzaron a funcionar a fines del siglo XIX, con el objetivo de reducir la cantidad de personas con escasa inteligencia y, sobre todo, de enfermos mentales. La idea era purificar la raza dominante.
Alejandra Cárdenas, asesora Legal del Programa para Latinoamérica y el Caribe del Centro por los Derechos Reproductivos, dijo que un caso como el de Perú solo ocurrió en la década del 70 en la India.
"El objetivo era reducir la natalidad en las poblaciones más pobres. El estado implantó todo un programa. Podemos decir que lo que sucedió fue un crimen de lesa humanidad por la escala y la sistematicidad con la que se llevó a cabo", declaró.
Flores pertenece a la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilización Forzada de Cusco, que desde hace 15 años vienen luchando para que se investiguen las denuncias de esterilizaciones forzadas, se castigue a los responsables y se les ofrezca una reparación.
El propio Fujimori anunció en 1995, en un congreso mundial de mujeres en Beijing, que su gobierno emprendería un plan nacional de planificación familiar para que las peruanas pudieran decidir el número de hijos que querían tener.
Fujimori, hoy de 72 años, cumple una condena de 25 años de cárcel por dos matanzas cometidas por militares en su gobierno. Hasta ahora no ha sido investigado en relación con las esterilizaciones.
Nadie imaginó el cariz que tomaría el programa.
Luego de comenzada su aplicación, la prensa reportó la realización de campañas de ligaduras de trompas, a manera de ferias, en las comunidades campesinas en las zonas altoandinas del país, y empezó a recoger denuncias de mujeres que afirmaban haber sido esterilizadas sin su conocimiento o sin su consentimiento, a la fuerza o bajo coerción.
"Esto no fue una decisión espontánea de malos operadores de salud, que de pronto en diferentes zonas del país decidieron implementar este tipo de método anticonceptivo... sino que fue algo dirigido y de conocimiento de las más altas autoridades", afirmó Jeannette Llaja, directora de la organización no gubernamental DEMUS, que ha impulsado la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los principales acusados en el expediente de esterilizaciones que fue archivado fueron los ministros de Salud de la época, Antonio Yong Motta, Marino Costa Bauer, y Alejandro Aguinaga, así como otros funcionarios de rango medio.
Aguinaga, el único que ha hablado en público del tema, solo ha alegado en su defensa que el caso fue archivado y atribuye la reactualización del expediente a intentos por distraer a la opinión pública de casos de presunta corrupción que aparecieron recientemente en el gobierno de Ollanta Humala.
Aguinaga no aceptó conceder una entrevista a la AP, al igual que Costa, quien se excusó diciendo que anteriores entrevistas que concedió sobre el tema a otros medios fueron usadas para elaborar "reportajes sesgados y subjetivos".
Los ministros argumentaron en la época de aplicación del plan de esterilizaciones que éstas fueron absolutamente voluntarias y que los casos denunciados por la prensa fueron hechos aislados.
En 2003, desde su autoexilio en Japón, tras haber abandonado Perú por un escándalo de corrupción que hizo caer su gobierno en 2000, Fujimori destacó en un mensaje grabado en vídeo el éxito del programa de esterilizaciones, que, dijo, permitió que Perú redujera su tasa de crecimiento demográfico de 2,3% a 1,7% en una década.
"Nuestro programa funcionó pese a los detractores que nunca faltan y con seguridad habríamos avanzado aún más si no se hubiera magnificado algunos casos aislados", dijo el ex gobernante.
Uno de esos casos fue el de la campesina María Mamérita Mestanza, madre de siete hijos, que accedió a someterse a una esterilización, y días después murió como consecuencia de una infección generalizada.
Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que suscribió en 2003 un acuerdo de solución amistosa con el gobierno peruano por el cual éste se comprometió a indemnizar a los deudos de la víctima, garantizarles educación primaria y secundaria completas y acceso a atención médica gratuita.
No obstante, siete años después la Comisión concluía que Perú había cumplido solo parcialmente el acuerdo.
Ante la insistencia de la Comisión, un representante del gobierno peruano anunció a fines de octubre en una sesión en Washington que la Fiscalía reabriría el caso de las más de 2.000 denuncias de esterilizaciones, cerrado en 2009.
El fiscal Víctor Cubas, quien coordinó anteriormente la investigación de las esterilizaciones forzadas, dijo a la AP que era "factible que se puedan reabrir las investigaciones porque en todo el tramo anterior se investigaron los casos como delitos comunes, no como delitos comunes que constituirían violación a los derechos humanos".
En la nueva investigación, dijo, las esterilizaciones serán tipificadas como delitos de lesa humanidad, lo que implica que no podrán prescribir.
Pero de momento no se conoce el avance de sus indagaciones.
Llaja manifestó su preocupación porque aún "uno no puede evidenciar señales claras" de que se van a dar todas las condiciones para que la investigación prospere.
"Es importante que a esta fiscal le den recursos, le den apoyo, le den soporte, la descarguen de otros casos, como para que pueda ver seriamente el caso (de esterilizaciones), si no está destinado a morir, porque es un caso muy complejo", comentó la activista.
La congresista Hilaria Supa, una indígena representante del Cusco y quien fue una de las primeras denunciantes de las esterilizaciones forzadas que se cometían en su comunidad en Cusco, dijo que los "operadores de salud) tenían la política de decir 'te vamos apoyar si te vas a esterilizar' o le decían es una ley, es un mandato del gobierno y que tienen que cumplir porque es la orden del gobierno".
"Te vamos hacer un corte chiquitito y mañana estás trabajando".
Indicó que las operaciones se realizaban en muy malas condiciones de salubridad e higiene, y no se les hacía a las pacientes un seguimiento postoperatorio. Señaló que muchas mujeres afirmaban haberse sentido abandonadas a su suerte después de ser operadas.
A las que se resistían a someterse a la operación las amenazaban con no registrar a sus bebés recién nacidos. En otros casos, les prometían ayuda, medicina, educación gratuita para sus hijos o les regalaban alimentos, cuenta Supa.
Un hecho que salió a la luz junto con las denuncias de las esterilizaciones fue que el gobierno había impuesto a los operadores de salud metas de ligaduras de trompas y vasectomías que debían ser realizadas.
La obstetra Pilar Arce, quien dio su testimonio para la película "La cicatriz de Paulina", dijo que al llegar a trabajar a un establecimiento de salud en el interior del país se dio con la sorpresa de tener que cumplir una meta.
"Lo primero que me dijeron es 'estas son las metas y hay que cumplirlas. Yo no se cómo tú haces, pero las tienes que cumplir''', recuerda.
Para Llaja, detrás de las esterilizaciones forzadas existió un carga de fuerte discriminación, no solo por el hecho de que el programa estuvo dirigido mayormente a las mujeres de los sectores sociales más bajos y de menor nivel cultural, sino también porque el tema estuvo largos años en el olvido.
"En una situación de discriminación se ha sabido justificar una clara violación de los derechos humanos y eso tiene que ver con el asunto de exclusión que todavía se vive en nuestro país para determinado grupo de mujeres", manifiesta la activista.
Serafina Illa, de 48 años, cuenta que en 1997 fue esterilizada contra su voluntad apenas tras haber dado a luz a su séptimo hijo en un hospital público de la ciudad del Cusco.
Al salir de alta, le dijeron: "Agradece al gobierno de Fujimori que les ha hecho (operar) para que no estén teniendo hijos como chancho, como conejo".
"Así nos han insultado", recuerda.
Supa afirma que en Perú "la justicia no es para los pobres".
"Si hubieran esterilizado de esa manera a las señoras que viven en San Isidro (barrio acomodado de Lima) y otros sitios de gente rica, este hecho no hubiera quedado así, se hubiera volteado a medio mundo", reflexionó.
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Colaboraron con esta información los periodistas Frank Bajak y Martín Villena de AP Lima.
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