La pregunta del millón que se formulan economistas y empresarios es si la actividad económica seguirá desacelerándose tras el estancamiento del último trimestre, o bien si durante la segunda mitad del año ingresará en una meseta que sirva de base para una posterior recuperación. Las respuestas son dispares, aunque predominan los pronósticos desalentadores. No sólo por el actual escenario de estanflación, sino porque -parafraseando el léxico presidencial- en los últimos ocho meses el gobierno de Cristina Kirchner "se le cayó encima" al sector privado. Fue tal la avalancha de controles cambiarios, restricciones, exigencias arbitrarias a exportadores e importadores, cambios de reglas y medidas sorpresivas, que terminaron por derrumbar la inversión, debilitar el consumo y frenar la producción en los sectores más dinámicos de la economía.
En la base de esta incierta perspectiva está el apego presidencial por los sofismas del "relato" oficial y por atribuir problemas propios a culpables ajenos. En vez de sincerar la inflación y encarar un plan para corregir distorsiones acumuladas (deterioro fiscal y cambiario, déficit energético, tarifas congeladas, subsidios), el Gobierno optó por internarse en el pantano de los controles, para curarse en salud mediante el "blindaje" de las reservas del Banco Central y del superávit comercial. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad: creó innecesariamente un clima de crisis que afecta las expectativas y la actividad económica.
Ahora, al poner fin abruptamente a dos décadas de convertibilidad entre el peso y el dólar, el BCRA impuso un tabique entre ambas monedas que desdobla de hecho el mercado cambiario (con una brecha de 35%). Es difícil que los miles de millones de dólares que en los últimos años salieron del circuito económico para refugiarse en colchones, cajas de seguridad y cuentas en el exterior, vayan a retornar si no existe la posibilidad de comprarlos legalmente en el futuro. Tampoco si la inflación real no cede a pesar de que a la economía se le vino la noche. Aquí se cortó el circuito que permitía a los ahorristas obtener altos rendimientos depositando pesos a tasas de 10% anual para convertirlos luego a dólares. Lo mismo para las empresas que aumentaban fuertemente su facturación con crecimiento a "tasas chinas". Pero esto complica aún más a la economía real, ya que frena al mercado inmobiliario, la construcción y últimamente las ventas de autos y bienes durables. Paradójicamente, con un cepo cambiario cada vez más rígido -y que ya alcanza hasta a los jubilados extranjeros-, la única posibilidad para los particulares de hacerse de dólares al tipo de cambio oficial son los viajes al exterior, aunque con restricciones crecientes. Otro tanto ocurre con los préstamos hipotecarios, cuya conversión a dólares ya tiene plazo fijo para fin de octubre.
Vientos de direcciones variables
De cara a la segunda mitad de 2012, el rompecabezas de las perspectivas económicas todavía está lejos de poder armarse.
El precio récord de la soja por encima de 600 dólares desvirtúa el discurso oficial que atribuye todos los problemas a las turbulencias de la economía mundial. Por lo pronto, significa un alivio ya que aporta divisas y recaudación vía retenciones, o sea, las dos mayores necesidades del Gobierno. No obstante, como ya estaría vendido el 60/70% de la actual cosecha (reducida en 20% por la sequía), el mayor impacto favorable para el PBI se trasladará a la campaña 2012/13 si el clima acompaña. Pero no resuelve los problemas de los productores de cereales y de economías regionales, afectados por cupos, mayores costos en dólares y alta presión tributaria.
Las principales expectativas están puestas en la economía de Brasil, cuyo bajo crecimiento -con contracción industrial- obligó al gobierno de Dilma Rousseff a someterla a una terapia intensiva de reactivación. Aunque los pronósticos prevén una suba de apenas 2% anual -o aún menos- del PBI brasileño, un segundo semestre mejor que el primero tonificaría las ventas a Brasil, especialmente de automotores, que se desplomaron en los últimos meses. Sin embargo, la brecha entre la devaluación del real (16%) y del peso (4,4%) frente al dólar en lo que va de 2012, resta competitividad a las exportaciones argentinas.
Para evitar males mayores, el gobierno de CFK comenzó a negociar discretamente un desmantelamiento recíproco de restricciones y represalias. También algunos sectores advierten últimamente cierta agilización en la aprobación de permisos previos de importación (DJAI) para empresas locales afectadas por falta de insumos. Aún así, siguen sin conocer el criterio oficial para autorizarlos o denegarlos. Paralelamente, las mayores importaciones de gas y combustibles en este invierno neutralizan el alivio para la balanza comercial que significa la baja de 13% en el precio del petróleo.
Ante la fuerte desaceleración de la economía, el Gobierno tiene mucho menos poder de fuego para aplicar medidas anticíclicas como en la recesión de 2009, cuando disponía de superávit primario y la "caja" de las AFJP, logró subir el tipo de cambio real y hasta aplicó un blanqueo de capitales.
Ahora las restricciones fiscales lo colocan ante una encrucijada, debido al deterioro de la recaudación en términos reales. Si sube demasiado el gasto público, aumenta la emisión monetaria para financiarlo a riesgo de mayores presiones inflacionarias o cambiarias. Por eso optó en los últimos dos meses por una homeopática moderación, a costa de endosar a las provincias el costo del ajuste.
La postergación de la suba del mínimo no imponible de Ganancias es otra señal en el mismo sentido, pero resta capacidad de consumo a los asalariados de ingresos medios y altos, un efecto que también sufrirán los estatales bonaerenses con el politizado fraccionamiento del medio aguinaldo. En cambio, el Gobierno optaría por extender el pago de asignaciones familiares como retribución a la futura CGT antimoyanista y elevar la Asignación Universal por Hijo (270 pesos mensuales), invariable desde hace 10 meses. Esto sólo permitirá compensar inflación pasada, como ocurre con la mayoría de los ajustes salariales pactados en paritarias, que promedian 23% y se abonarán en forma fraccionada.
Tampoco parecen demasiado expansivas las medidas crediticias para reactivar la economía. El plan de viviendas (Procrear) que debutará esta semana, tiene una logística compleja que difícilmente compense a corto plazo la retracción de la construcción privada. Y la obligación a los bancos para que otorguen créditos subsidiados a empresas, oculta que el retroceso inversor es un problema de confianza y de trabas para importar equipos.
Otra incógnita es si el Gobierno dejará pasar este año haciendo camino al andar y apostará a la soja para una política más expansiva en 2013, cuando en las elecciones legislativas se juegue la continuidad del cristinismo más allá de 2015. Sería una apuesta riesgosa, sobre todo sin un programa económico que "cierre". Por no recurrir a esta última vía, en 2012 obtendría un raquítico crecimiento del PBI que, en el mejor de los casos, equivaldrá a una cuarta parte del de 2011 (8,9%), con una inflación aún más alta (24/25% anual).