Emilio Zebadúa
Politólogo
EL UNIVERSAL
El próximo primero de julio se elegirá no sólo a un nuevo presidente de la república, sino una agenda de gobierno para los siguientes seis años. Sin embargo, en uno de los temas prioritarios para el país, el modelo educativo, pareciera que no existe mayor diferencia ni debate alguno entre las propuestas de los distintos candidatos: todos, sin excepción, consideran indispensable elevar la calidad de la educación.
¿Qué diferencia tendrá entonces la elección presidencial para el rumbo educativo del país? El candidato del PRI-PVEM, Enrique Peña Nieto, en su libro, México, la gran esperanza, describe: “En el siglo XXI, el acceso, la generación y la aplicación del conocimiento constituyen la clave para el desarrollo de las sociedades y el éxito de los individuos”.
La campaña de Josefina Vázquez Mota expresa en un spot de televisión que “la educación será mi prioridad porque es la verdadera solución para resolver los problemas de México...”. Santiago Creel ha dicho, “en torno al sistema educativo, México va a necesitar una verdadera revolución en esta materia, porque el atraso que presenta frente a otros países es grande...”. Y Ernesto Cordero: la “educación de calidad (es) un derecho de todos”.
Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador establece en su Proyecto Alternativo de Nación que el “derecho a la educación, (es) base de la transformación del país”. “La educación es la base del desarrollo, permite crear condiciones de equidad, ensancha el disfrute de la vida y hace florecer la democracia”.
Incluso las medidas específicas que propone cualquiera de los candidatos de los tres partidos principales, las pueden compartir (o comparten, de hecho) los otros dos. Ninguno está en contra de lo dicho por alguno de los demás: “infraestructura suficiente”, “becas escolares”, “fomento a la lectura”, “programa integral de internet”, “capacitación de los maestros”, etc. Todos coinciden.
Las diferencias, pues, no aparecen como significativas y, más bien, son parte del gran consenso que existe entre la sociedad, el actual gobierno y los principales organismos internacionales sobre la necesidad de una modernización del sistema educativo. A lo más, se buscan diferenciar a partir de su posición “política” respecto al SNTE y su dirigente, la maestra Elba Esther Gordillo. Pero ésa es justamente una posición política que rehúye el análisis de fondo sobre la problemática educativa que caracteriza a México.
¿Si todos coinciden en la propuesta educativa, dónde están entonces las opciones? ¿Acaso no importa quién llegue a la Presidencia, porque se seguirá el mismo camino educativo (y será, además, la simple continuación de la política del gobierno del presidente Calderón)? ¿Acaso no hay diferencias de fondo y propuestas específicas que establezcan el marco de opciones para la política pública?
Lo que no se logra distinguir a simple vista en el inicio de las campañas presidenciales es que sí hay, en efecto, una profunda disputa por la educación en el país. Pero es una disputa que no se alinea a la competencia entre partidos, ni se expresa a través de ellos; más bien, corre de manera transversal a la contienda partidista. La cruza al interior de cada partido y campaña, recogiendo presiones de fuerzas empresariales, ciudadanas, burocráticas e internacionales, que desean reestructurar a su modo el modelo educativo vigente.
Es evidente que el sistema educativo requiere una transformación en varios de sus componentes y de manera integral. El reto actual es frente a los parámetros de medición: las pruebas escolares estandarizadas. La educación está sujeta ahora a los procesos de la globalización; aunque su rumbo se definirá aquí en México, en gran medida, por medio de la política. Para ello resulta fundamental identificar y analizar la dinámica de la disputa por la educación, y así aprovechar la elección presidencial para que los votantes se puedan expresar en favor del modelo educativo que mejor convenga al país en el siglo XXI.
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