La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció el tratado para evitar la doble tributación con Chile y renegocia uno similar con España, al considerar que empresas radicadas en la Argentina los usan para maniobras de elusión fiscal en los Impuestos a las Ganancias y en Bienes Personales.
Fuentes oficiales indicaron a LA NACION que, en el caso chileno, "hubo un perjuicio de unos $ 1000 millones anuales" al fisco argentino, desde 2002, por maniobras presuntamente cometidas por empresas trasandinas o de otros países que usan sociedades de ese país para eludir el pago de estos impuestos nacionales.
La AFIP que conduce Ricardo Echegaray denunció con una carta el tratado bilateral, firmado en 1976, aunque como tiene vigencia hasta fin de año, hay un plazo de seis meses para renegociarlo.
La estrategia se da en un contexto complejo para las arcas fiscales.
En el caso de España, la negociación será de más largo aliento; si bien fuentes del sector privado indicaron que la semana pasada la AFIP "estuvo a punto de denunciar también este acuerdo", la fuente oficial sostuvo que hay "buen espíritu para llegar a un entendimiento".
En el caso chileno, las fuentes aclararon que "desde noviembre hubo siete reuniones para llegar a un acuerdo, pero no fue posible porque la otra parte no mostró voluntad para cambiar aspectos que se consideran perjudiciales para el fisco argentino". Las maniobras detectadas -que, en algunos casos, ya están bajo investigación judicial, como el de una importante firma harinera, y en otros van en ese sentido, como un gran fabricante de golosinas- no pueden ser consideradas evasión, porque estaban bajo el amparo de este convenio, ahora denunciado. "Es elusión fiscal, abuso fraudulento de una norma a través de planificación fiscal", aclaró el funcionario.
Las denuncias se refieren a las siguientes operaciones:
La utilización de "sociedades plataforma", a partir de un acuerdo entre los gobiernos de Eduardo Duhalde y Ricardo Lagos en 2002, para que determinadas empresas no paguen impuestos en ninguno de los dos países, porque son consideradas no residentes. "Eso es doble no imposición y lo que se busca es que paguen en alguno de los dos territorios", agregó la fuente. En el caso español, se utilizarían las entidades de tenencia de valores extranjeros con el mismo fin.
Empresas de terceros países usaban el nombre de sociedades chilenas con inversiones en la Argentina -fue al parecer el caso de una automotriz norteamericana- para no pagar.
Inversores financieros argentinos compraron bonos chilenos, que estaban eximidos de pagar bienes personales, por unos $ 10.000 millones, sobre todo desde que la Argentina denunció en 2008 el convenio con Austria luego de comprobar una maniobra similar.
"La intención es sellar lo que se llama treaty shopping (compra de tratados con fines abusivos), como se hizo con Suiza desde este año. Pero los otros acuerdos no se van a renegociar", indicó la fuente.
La comisión revisora de los acuerdos es liderada por Ricardo Echegaray e integrada por el subsecretario de Ingresos Públicos, Luis Capellano, y el embajador Horacio Salvador.
Por otra parte, la fuente descartó que la minera Pascua Lama sea afectada por el fin del tratado. La compañía indicó a LA NACION que se rigen "por el tratado de integración minera" y como sus beneficios impositivos -convalidados por una resolución del secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa- "no son afectados" por esta reciente decisión.
Los tributaristas César Litvin y Alejandro Altamirano indicaron a LA NACION que es correcta la intención del fisco de tapar los agujeros de la elusión, pero consideraron que, antes de denunciarlo, "se debería haber seguido negociando".
"La doble imposición desalienta el flujo de inversiones porque ningún contribuyente quiere pagar dos veces el impuesto", dijo Litvin.
Altamirano opinó que "hay otras circunstancias más determinantes que no favorecen las inversiones de otros países, como la imposibilidad de girar dividendos al exterior".