Washington, 19 Jun (Notimex).- El Departamento de la Policía de Puerto Rico "está plagada de una cultura de abuso irrestricto y brutalidad", reveló hoy un informe de la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU).
La organización no gubernamental (ONG) de derechos civiles denunció también el fracaso de la policía para resolver casos de violación, violencia doméstica y asesinatos de mujeres por parte de sus cónyuges.
Las deficiencias incluyen además falta de procedimientos en la supervisión e investigación de quejas de abusos, así como sistemas inadecuados de capacitación, supervisión y disciplina a los policías, denunció la ONG.
Los ciudadanos e inmigrantes enfrentan "abusos terribles a manos de su propia fuerza policial, y los gobiernos local y federal dejan que eso ocurra", sostuvo el director de la ACLU, Anthony Romero.
Agregó que el gobierno puertorriqueño ha prometido reformas durante años, pero la sociedad enfrenta un departamento policial "fuera de control", por lo que demanda que el Departamento de Justicia debe tomar "acción inmediata".
Las violaciones a los derechos constitucionales y humanos incluyen fuerza excesiva en comunidades pobres, incluyendo a inmigrantes dominicanos.
Así como, la supresión violenta de manifestantes pacíficos mediante palos, balas de goma y una variante tóxica de gases lacrimógenos que se dejó de usar en Estados Unidos en la década de los años 60, aseveró al ONG.
El reporte indicó que entre 2010 y 2011, un total de 21 civiles murieron a manos de la policía puertorriqueña.
Además, entre 2005 y 2010 más de mil 700 policías fueron arrestados por actividades criminales, que equivale al 10 por ciento de la fuerza policial.
En octubre de 2010, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) detuvo a 61 agentes de la policía puertorriqueña como parte de la mayor operación contra la corrupción policial en la historia de la FBI.
Desde entonces la FBI ha arrestado a más policías puertorriqueños, y las autoridades han condenado a agentes por "plantar" drogas e inventar cargos contra habitantes de un complejo residencial, entre otros delitos, sostuvo la ACLU.
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