Washington, 12 Oct (Notimex).- El director del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, John Morton, defendió hoy ante el Congreso la política de deportaciones, que da prioridad a la repatriación de extranjeros criminales.
El ICE da prioridad a "nuestras más altas prioridades: deportar criminales, personas que constituyan un peligro para la seguridad nacional, personas que cruzan la frontera de México a Estados Unidos y reincidentes que ya fueron deportados anteriormente", dijo Morton.
En audiencia ante el Subcomité de Políticas y Control de Inmigración de la Cámara de Representantes, Morton buscó responder a las críticas de republicanos sobre la revisión de unos 300 mil casos de personas sin antecedentes penales y que están pendientes de deportación.
Para legisladores republicanos está medida constituye una "amnistía administrativa" de hecho a cientos de miles de indocumentados, debido a la política del presidente Barack Obama de priorizar la expulsión de personas con antecedentes.
Para aprovechar los limitados recursos, "hemos tomado la difícil decisión" de impulsar políticas que tengan un "sentido común", incluyendo a extranjeros de alta peligrosidad, reincidentes en su ingreso por la frontera y fugitivos de inmigración, dijo Morton.
El ICE divulgó en junio pasado un memorando en el que específica las prioridades en las deportaciones, así como la discreción en esos procesos, para evitar la repatriación de personas que no representan un peligro para la seguridad pública.
El presidente del subcomité de Políticas y Control de Inmigración de la cámara baja, el republicano Elton Gallegly, consideró el memorando como una "política mal guiada", porque al Congreso le corresponde hacer las leyes y al gobierno de Obama aplicarlas.
La representante demócrata Zoe Lofgren se refirió, por su parte, a la necesidad de ese tipo de políticas de alivio, debido a la falta de recursos del ICE para deportar a 11 millones de indocumentados en el país.
Por su parte, el presidente del Consejo Nacional del ICE, Chris Crane, criticó el memorando al indicar que tiene "tonos políticos" para satisfacer a ciertos grupos defensores de los inmigrantes e impide el trabajo de los agentes para aplicar la ley.
Señaló que su organización sindical, que representa a unos siete mil 700 agentes del ICE, emitió en julio de 2010 un voto de desconfianza contra la administración de Morton, a lo que se agrega el descontento de los agentes por la falta de consultas sobre el memorando y otras decisiones importantes.
Crane sostuvo que el memorando establece que cuando se realice una operación en una casa los agentes se enfoquen sólo en la persona que planean arrestar, en lugar de hablar con el resto de los residentes de ese domicilio para identificar a otros transgresores de la ley.
En su testimonio por escrito, Crane destacó el acercamiento del ICE con el público, pero manifestó que las sugerencias de grupos de intereses especiales "no pueden reemplazar las firmes prácticas de aplicación de la ley e información de funcionarios y agentes del ICE en el terreno".
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