LA PLATA.- Tras dos meses de sinsabores por la urgencia para conseguir fondos que ayuden a paliar el déficit de la provincia de Buenos Aires, al gobernador Daniel Scioli lo esperan ahora apenas un par de semanas tranquilas, porque ya asoma en el horizonte una renovada disputa por el "caso Candela" , investigado simultáneamente por la Justicia y por una comisión del Senado cuyos integrantes se muestran mayoritariamente dispuestos a indagar en posibles responsabilidades políticas y policiales en el trágico hecho.
Efectivamente, la comisión especial dedicada a analizar la investigación del crimen de Candela Rodríguez, una niña de once años secuestrada y asesinada el año pasado en Hurlingham, podría citar al ministro de Justicia y Seguridad provincial, Ricardo Casal, y al actual jefe de la policía bonaerense, Hugo Matzkin, y promover que se investiguen posibles irregularidades en la investigación por parte de funcionarios, dijeron ayer a LA NACION fuentes de la propia comisión.
Scioli viene de una desgastante pelea por obtener fondos para pagar las gratificaciones semestrales de gran parte de los empleados públicos bonaerenses, que tuvo que fraccionar en dos cuotas cuando la Nación le envió menos dinero de lo que había pedido. Así, enfrentó siete jornadas de paro de distintos gremios estatales en menos de un mes y echó mano de una medida que su propio vicegobernador, Gabriel Mariotto, cuestionó duramente: la autorización, por decreto, de la renovación de licencias de bingos y salas de juego por los próximos 15 años.
Sólo después de que adoptó esa medida, el gobierno nacional anunció que enviaría más fondos a la provincia. Hoy mismo Scioli tendría disponible ese dinero: 600 millones de pesos, para completar el pago de los aguinaldos esta misma semana. Pero en los primeros días de agosto, no bien termine el receso legislativo, vendrá desde el Senado, ámbito que preside Mariotto, una nueva andanada de cuestionamientos, esta vez en un punto central para su imagen pública: la lucha contra el delito.
La "comisión Candela", creada hace casi cuatro meses en el ámbito del Senado e impulsada por el vicegobernador, se apresta a emitir un dictamen en el que se podrían pedir juicios políticos y promover denuncias penales a funcionarios, anticipó a LA NACION el senador Jorge D'Onofrio, que ideó e integra ese grupo ad hoc dedicado al seguimiento del caso y preside, además, la Comisión de Seguridad de la Cámara alta.
El senador Alberto De Fazio es el único incondicional de Scioli que integra la comisión creada para desbrozar la pesquisa del crimen de Hurlingham. Hubo al menos un caso de una legisladora sciolista que evitó formar parte de ese equipo para no tomar parte en un dictamen que ya por entonces, en marzo, se avizoraba negativo para el gobernador.
Pero ayer, consultado por LA NACION, De Fazio dijo que podría presentar un dictamen en soledad. "La comisión está para investigar, no para tener preconceptos y anticipar dictámenes", señaló. "Ninguno de los testimonios abona la teoría de la complicidad o el encubrimiento por parte de funcionarios. Veo en D'Onofrio una clara animadversión y una manifiesta intención de perjudicar al ministro Casal y a los jefes policiales."
Aunque D'Onofrio no forma parte del círculo de Mariotto, otros miembros de la comisión son muy afines al vicegobernador, quien en los últimos meses ha criticado distintos aspectos de la política de seguridad de Scioli. Algunos sciolistas consultados por LA NACION ven en la creación de la comisión un intento de destronar al ministro del área.
Gremio docente
En tanto, otro de los frentes de conflicto con los que se topará Scioli es con los docentes. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) reclamó al gobierno que no les descuente los tres días en que decidieron realizar paro para reclamar el pago completo de los aguinaldos.
A través de una nota que los docentes enviaron a la Dirección General de Escuelas y Cultura y a Scioli, los educadores reclamaron a las autoridades que "se abstengan" de descontar los días de paro del 6, 11 y 12 de julio. Justificaron su pedido en que "el pago diferido del sueldo anual complementario generó desde la administración un grave incumplimiento de una obligación esencial, como lo es el pago de haberes".
"El trabajo no se presume ni resulta gratuito y el salario es la contraprestación que recibe el trabajador por su prestación de tareas", advirtieron. Remarcaron que "el sueldo anual complementario integra la remuneración y, como tal, su exigibilidad resulta incuestionada".