El mismo juez, distintos resultados. Al menos por ahora. Esa es la síntesis de la investigación que instruye el juez federal Daniel Rafecas por los presuntos delitos cometidos dentro de la Unidad de Información Financiera (UIF) y que tienen a su presidente, José Sbattella, como protagonista.
Rafecas, el mismo juez que investigó al vicepresidente Amado Boudou, lleva adelante la pesquisa sobre la UIF desde fines de 2011, cuando el fiscal federal Carlos Stornelli concluyó una investigación preliminar que se extendió durante cuatro meses y que había comenzado tras una serie de notas de LA NACION.
Tras concluir que había acumulado "pruebas" suficientes sobre "eventos irregulares" dentro de la UIF, Stornelli les imputó a Sbattella y sus colaboradores directos la presunta comisión de cuatro delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, encubrimiento agravado por omisión de denuncia y violación de secretos, con penas de prisión efectiva.
Sin embargo, la legislación determina que el fiscal que instruye una investigación preliminar no puede radicar una denuncia penal y continuar él mismo a cargo de la pesquisa. Por eso, se sorteó el expediente y recayó, junto a Rafecas, en el fiscal federal Eduardo Taiano.
A diferencia de la decisión que tomó en la causa "Boudou-Ciccone" con el fiscal Carlos Rívolo, Rafecas esa vez no delegó la instrucción de la investigación en manos del fiscal. Optó por mantenerla bajo su control directo, mientras se determina qué tramos retiene de la pesquisa y qué deriva a otros jueces de los tribunales de Comodoro Py, Sergio Torres y Norberto Oyarbide, que ya investigan a Sbattella o a la UIF.
Pero la unidad antilavado arrastra problemas locales e internacionales. Por un lado, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el foro principal intergubernamental del mundo contra el lavado, demanda cambios sustanciales en su funcionamiento como una de las condiciones para sacar al país de su "lista gris".
Por el otro, la unidad antilavado estadounidense (FinCen) cortó el intercambio de información luego de que la UIF filtró información sobre un rival político de la Casa Rosada a un diario afín. Asimismo, las denuncias se acumulan desde hace años. LA NACION reveló a fines de 2009 la existencia de una supuesta "mesa paralela" de expedientes, la pérdida de legajos y el reemplazo de decenas de técnicos por personal no calificado, entre otras irregularidades.