La corrupción como problema público

La corrupción ha pasado a ser una discusión central en la política argentina, durante los últimos años. Si bien durante el kirchnerismo hubo casos escandalosos que captaron la atención de todos (desde la valija de Antonini Wilson, pasando por Skanska, Ciccone y algunas más trágicas como Once), el país arrastra estos problemas desde muchísimo antes.

Sebastián Pereyra, graduado de Ciencia Política en la UBA y doctor en Sociología por la École des Hautes Études en Ciencias Sociales, publicó “Política y transparencia”, donde analiza, básicamente, de qué se habla cuando se habla de corrupción.

¿Por qué la Argentina tiene tantos casos de corrupción? ¿Son política y corrupción sinónimos? ¿Qué rol ocupan los periodistas en todo esto? ¿Se puede hacer política con solo pregonar la anti-corrupción? Aquí, Pereyra responde a estos interrogantes y pinta el panorama de un problema ineludible en los últimos años y la actualidad.

- Para arrancar… ¿es la corrupción un problema mundial pero mucho más marcado en Argentina?

- Efectivamente, desde los años '90 la corrupción se ha transformado en un problema público en innumerables países; en particular en las democracias de occidente. Pero es muy notable cómo en los últimos veinte años de historia de nuestro país, el problema de la corrupción ha estado presente en la opinión pública y en el modo en que distintos actores sociales evalúan la actividad política. También hay que considerar que no muchos países han sufrido crisis institucionales como las que vivió Argentina en 2001 y que allí el problema de la corrupción jugó un papel sumamente importante.

- Luego de hacer la investigación para el libro, ¿qué conclusiones pudiste sacar respecto de la corrupción en Argentina?

- Creo que en las últimas décadas cambió fuertemente nuestro modo de ver y de relacionarnos con la política. Mi principal conclusión, en ese sentido, es que el problema de la corrupción en Argentina adquirió características muy particulares porque expresa la distancia y la ajenidad que siente la ciudadanía respecto de la clase política. Mucho más debido a que la actividad política se ha profesionalizado y se ha desvinculado de nuestra vida cotidiana y de otros ámbitos y aspectos de la vida social. Llamamos corrupción muchas veces a esa incomprensión de la actividad política, en particular cuando se observan resultados no deseados en las gestiones de gobierno. Tenemos una fuerte tendencia a explicar la mala performance económica del país en términos de la corrupción de los políticos; y ello reforzado por el hecho de que quienes ejercen la función pública suelen salir indemnes de las dificultades económicas.

- ¿Y qué consecuencias tiene este solapamiento entre corrupción y política?

- Mi impresión es que la corrupción se ha convertido en uno de los modos recurrentes de criticar la actividad política y a los políticos pero que esa crítica no permite distinguir cosas que son muy diferentes, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con las políticas públicas y sus resultados y otras sobre la opacidad de la propia actividad política y sobre el ejercicio de la función pública: procedimientos, modos de financiamiento, etc. Elementos todos que sería bueno discernir y discutir apropiadamente.

- Si tuvieses que resumir las causas que generan las condiciones para la corrupción en el país, ¿cuáles serían? O dicho de otro modo, ¿por qué en Argentina hay tanta corrupción?

- Una de las explicaciones más clásicas se vincula con el problema de la regulación estatal. La excesiva regulación e intervención del Estado favorece la corrupción como resultado del poder que adquieren los funcionarios. Sin embargo, ese diagnóstico se ha mostrado muy deficiente ya que se refiere a una concepción muy básica de la corrupción (la del modelo del inspector que pide coimas). Así, la ausencia de regulación y control se ha demostrado también como una causa importante de la corrupción y el delito a gran escala. Es decir, tenemos que discutir abiertamente cuáles son los privilegios que estamos dispuestos a acordar a quienes se dedican a la actividad política y ser consecuentes tanto con la sanción como con la tolerancia. Creo que esa evaluación tiene que considerar también a quienes están en contacto con la política; no debemos olvidar que la corrupción es siempre -y en definitiva- una forma de intercambio.

- ¿Hizo la corrupción que la sociedad descrea de la política como herramienta de transformación de la realidad? Si es así, ¿en qué se ve esto?

- Es bastante difícil la respuesta, y no estoy seguro de que sea así o a la inversa. Sí es claro que la desconfianza que produce la actividad política en muchos sectores sociales se expresa en términos de una crítica a la corrupción en la política. Esa crítica puede rastrearse fácilmente observando que desde hace muchos años existe una percepción generalizada de que la actividad política es corrupta. El punto culminante de ese proceso es, sin duda, la crisis de 2001-2002.

- Tenés un capítulo que se dedica al “interés de la prensa en la corrupción”. ¿A qué se debe ese interés?

En el libro sostengo que ese interés es triple. En primer lugar, es profesional porque permite un despliegue de la profesión marcando la distancia y la independencia que existe con el poder político y económico. En segundo lugar, es comercial porque es un modo de generar ventas y obtener audiencia. Y, en tercer lugar, es político porque es un modo de acumular poder y legitimidad para defender ciertos puntos de vista frente a otros.

- Los periodistas, ¿se han transformado en “fiscales de la verdad”? ¿Cómo influye esto en la esfera pública, o de qué modo creés que incide?

- No creo que sean portavoces de la verdad, pero sí representantes de la opinión pública. Los periodistas -algunos de ellos- han logrado erigirse en voces autorizadas para expresar ciertos estados de opinión en algunos momentos y coyunturas específicas. Durante los años '90, ese lugar estuvo relativamente poco disputado y eso permitió un crecimiento sostenido del estatus social de los periodistas. Sin embargo, ese proceso se alteró sensiblemente luego de la crisis de 2001 y de modo más claro en los últimos cuatro o cinco años en los que el periodismo ha estado en el centro de la disputa política. La división del periodismo entre oficialismo y oposición ha impactado sin duda en esa capacidad de los profesionales de erigirse en portavoces de la opinión pública ya que también se segmentaron fuertemente los públicos para los que trabajan.

- ¿Y qué consecuencias tiene esa polarización?

- Mi impresión es que las dos situaciones son algo extremas. El periodismo de la neutralidad de los años '90 hablaba en representación de un interés general que suele ocultar posiciones políticas e ideológicas. El periodismo partisano de estos últimos años tiende a desdibujar y a transformar algunos elementos esenciales (como la credibilidad) que definen la actividad periodística. Yo creo que es bueno que en el trabajo periodístico se expliciten los puntos de vista y los compromisos del mismo modo en que estoy convencido que esos puntos de vista y compromisos no pueden agotar ni definir aquello que hacen los periodistas.

- ¿Qué es el paradigma de la transparencia? ¿Es viable pensarlo en la Argentina?

- El paradigma de la transparencia refiere a un conjunto de herramientas y políticas que fueron surgiendo en las últimas décadas como correlato de los diagnósticos sobre las causas de la corrupción. Lo esencial del paradigma es que propone el desarrollo de controles que eviten la corrupción en lugar de atacar el problema persiguiendo judicialmente a los culpables una vez que los actos de corrupción ya se produjeron. Ese paradigma se aplicó -en parte- con una serie de políticas públicas que se llevaron adelante en los últimos años del segundo gobierno de Menem, durante el gobierno de la Alianza y hasta los primeros años del gobierno de Kirchner. Esas políticas implicaron desde la creación de la Oficina Anticorrupción (1999) hasta el decreto de acceso a la información pública (2003) pasando por la implementación de un sistema de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos. Esas políticas siguen en vigor y han producido algunos resultados importantes en el funcionamiento de la administración pública. Sin embargo, tuvieron y tienen algunas dificultades para hacer frente a las demandas ciudadanas referidas a la corrupción porque, en principio, frente a los escándalos de corrupción las demandas tienden a concentrarse en la intervención del poder judicial y, en segundo lugar, porque esas políticas están diseñadas para detectar y prevenir actos de corrupción fundamentalmente en la administración pública pero no se refieren al funcionamiento global de la actividad política.

- ¿Es la corrupción una impugnación a un proyecto político, o con los altos índices que hay en el país hay que considerarlo una variable que llevará décadas cambiar?

- Una primera aclaración: no existen índices de corrupción. No hay mediciones sobre la magnitud de fenómenos de la corrupción que permitan comparar países o distintos períodos históricos. Lo que existen son, por un lado, mediciones relacionadas con la percepción de la corrupción y, por otro lado, escándalos que nos confrontan con hechos y formas de intercambio que son evaluadas como ilegítimas.

Dicho esto, creo que de todos modos, la lucha contra la corrupción se ha convertido en una herramienta más de la lucha política. Sin embargo, paradójicamente, si miramos las últimas dos décadas, debemos considerar que la lucha contra la corrupción no ha sido un modo muy efectivo de hacer política. Creo que, en parte, ello se debe al hecho de que la política de la anticorrupción esconde una trampa. La anticorrupción suele volverse contra quienes la utilizan como argumento de campaña o como fundamento de sus políticas públicas (en eso consistió en parte la experiencia del gobierno de De la Rúa). En ese sentido, creo que un político que hace campaña exclusivamente denunciando la corrupción es, en cierto modo, un político insolvente; un candidato que no tiene vocación de poder. Considero que quienes se dedican profesionalmente a la política deberían discutir seriamente un conjunto de problemas que afectan al país y no simplemente ofrecerse como modelos de moralización de la actividad política.