"Con la enfermedad de Cristina, Clarín demostró que quiere desestabilizar al Gobierno"

Horacio Verbitsky acaba de lanzar "Cuentas pendientes": una bomba de tiempo que está por estallar en el directorio de muchas de las grandes empresas argentinas. Se trata de una compilación de artículos que explicitan y denuncian a quienes fueron los cómplices económicos de la dictadura militar de 1976. "Los golpes en nuestro país no han sido producto de operaciones fantasiosas de las fuerzas armadas, sino el reflejo de relaciones de fuerza, de poder, de procesos históricos, económico-sociales y conflictos de clase", sentencia.

A los 71 años, y con una veintena de libros de investigación publicados, el periodista apunta junto a Juan Pablo Bohoslavsky a sistematizar una enorme cantidad de información que, aún hoy, sigue dispersa. Sociólogos, juristas, periodistas y economistas escriben en los artículos que componen el libro, que tiene un objetivo muchísimo más ambicioso: la creación de una nueva "Comisión de la Verdad", para cerrar legal o simbólicamente las responsabilidades de empresas como Ford, Mercedes Benz, Ledesma o Papel Prensa. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué tipo de acciones legales tiene en mente?

Además, Verbitsky toca un tema que maneja a la perfección: el rol de la Iglesia Católica en la dictadura. El autor de la contundente "Historia política de la Iglesia Católica" (en tres volúmenes), sintetiza cómo no sólo hubo un apoyo ideológico de la Iglesia al régimen de Jorge Rafael Videla, sino además el modo en el que el llamado Vicariato Castrense instruye a las Fuerzas Armadas en la tarea de la "aniquilación del enemigo interno".

Aquí, el autor cuenta un poco por qué decidió encarar este proyecto, qué fines persigue, y analiza a los poderes económicos que hoy quieren desestabilizar al Gobierno, con el cual abiertamente simpatiza: "El kirchnerismo es de lo mejor que le pasó al país por su voluntad de cambio".

- En el libro se ve una sistematización de los actores económicos que incidieron en la dictadura. ¿Hubiese sido posible un golpe sin las operaciones de estas empresas, el agro y demás?

- Bueno, la idea de sistematizar toda la información disponible sobre la complicidad económica de la dictadura tiene que ver con la necesidad de que la democracia argentina compre un seguro de vida contra la desestabilización por poderes fácticos. Con el informe de la Condaep, con los juicios que se iniciaron en el '85, la democracia argentina ha quedado inmunizada contra el golpismo militar. Ese riesgo, hoy, no existe. Incluso con la tremenda crisis de fin de siglo no se produjo una interrupción militar. Pero, en cambio, está a la orden del día la desestabilización por parte de los poderes fácticos, que tuvieron un rol fundamental en el golpe del '76 (y en todos los anteriores).

- ¿Y bajo qué formas se dio la participación de estos actores económicos con el régimen dictatorial?

- Bueno, bajo varias formas, concurrentes, pero distintas. Una es la instigación: el poder económico ha sido instigador del golpe. Pero, además, ha sido su beneficiario, porque las transformaciones introducidas por la fuerza en la sociedad argentina en esos años, produjeron un enorme beneficio para determinados grupos económicos que adquirieron un rol preponderante en la sociedad, muy superior al que tenían previamente. Y además, han sido partícipes y encubridores de muchos de los crímenes realizados por la dictadura.

- ¿Qué beneficios sacaban las empresas a cambio de este apoyo?

- Hay un beneficio básico, general, que es la injerencia del Estado en las relaciones entre el capital y el trabajo, laudando todo conflicto a favor de las empresas y en contra de los trabajadores. Lo cual da por resultado una enorme desprotección a los trabajadores y una enorme transferencia de ingresos a favor de las empresas. En el libro hay un capítulo macroeconómico escrito por Eduardo Basualdo, donde refiere el tipo de transformación que se produjo en la sociedad argentina y el desequilibrio entre capital y trabajo que eso produjo. Por eso en el libro está citada una parte de la carta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, donde dice que, aparte de los crímenes que cometieron, el mayor crimen que cometieron fue la miseria planificada de millones, y eso ha sido en beneficio de las empresas.

- El primer artículo del libro, escrito por Naomi Roth Arriaza, se pregunta por qué la dimensión económica ha estado ausente en la llamada justicia transicional. La retomo, ¿por qué?

- Porque la democracia argentina que emergió en 1983 era, lógicamente, muy débil, y porque el poder económico consolidado durante la dictadura era muy fuerte. Y el contexto internacional, además, privilegiaba a los grupos económicos, los grupos empresarios, en un momento en el que el neoliberalismo tenía un extenso auge alrededor del mundo. Pensá que el primer gobierno de vuelta de la democracia coexiste con el thatcherismo en Inglaterra, Reagan en Estados Unidos, es la apoteosis del liberalismo.

- ¿No estaba preparada la democracia aún para hacer foco sobre las empresas, el sector agropecuario, la Iglesia?

- No, al punto tal que hay una anécdota que marca esto con una gran claridad. El mismo día que comenzó el juicio a Videla, una tarde de abril de 1985, a la noche Alfonsín comió en Olivos con unos 20 grandes empresarios (que en esa época se llamaban "Los capitanes de la industria"), donde ellos se comprometieron a no desestabilizar a su gobierno y permitir que se desarrollara el juicio, si Alfonsín modificaba la política económica que había intentado en su primer año de gobierno. Alfonsín convocó a una movilización para el viernes de esa misma semana, avisando que lo querían desestabilizar. Y cuando llegó la hora de la convocatoria y la gente estaba en la calle, Alfonsín hizo un discurso donde no habló de eso y anunció el cambio de política económica que le habían pedido en aquella comida.

- ¿Cuáles? ¿Qué empresas estuvieron más comprometidas?

- El caso de los trabajadores de Mercedes Benz, el caso de Ford Motors, que eran secuestrados en sus casas por fuerzas de represión que llegaban con las fichas de las fábricas. Todo eso fue tratado en el juicio: el secuestro de empresarios en campo de mayo, que eran interrogados bajo torturas por personal de la Comisión Nacional de Valores fue tratado en el juicio. Y el único condenado por todo eso fue Videla. Pero nos está pasando una cosa, ahora, cuando presentamos el libro: cuando contamos de qué se trata, aparece gente del público que levanta la mano y cuenta casos similares en esa provincia en la que estamos. Deben ser muchísimos, porque ha sido la norma en todo el país.

-O sea que aún con testimonios en los juicios, nadie remarcó estas responsabilidades.

- No, por esta situación que te estaba describiendo. Y aparte, sin restarle el histórico mérito a lo que hizo Alfonsín, él hizo un juicio concebido como un embudo, donde sólo tenían que ser juzgados los comandantes en jefe. Entonces, se analizaban los delitos que se habían cometido en todo el país, pero después eso se cerraba en un embudo, y el único responsable era Videla, Massera… Eso fue un diseño de política de Alfonsín, que era tan arbitrario y contrario a la ley vigente, que en cuanto hubo decisión política de avanzar sobre ese tema, no se pudo sostener. La pretensión de que ese juicio constituía cosa juzgada cuando sólo habían sido juzgadas las juntas, era insostenible.

- Tu tema de investigación es el rol de la conducción episcopal de la Iglesia católica. Y decís que el apoyo de la jerarquía católica fue fundamental. ¿Cómo se manifestó ese apoyo? ¿Qué recibió la Iglesia a cambio?

- Primero, quisiera ser claro en este sentido: yo no estoy diciendo que la Iglesia apoyó a la dictadura porque iba a recibir un beneficio. Ahora, constato que sí lo recibió. Las motivaciones de la Iglesia por apoyar a la dictadura están descritas con detalle en la "Historia política de la Iglesia Católica" que yo he escrito. Ahora, además, sí, tuvieron beneficios. Es muy conocido que el Estado sostiene el culto católico, apostólico y romano, está en el artículo 2 de la Constitución. Ese sostenimiento del culto económicamente no es muy significativo: se le destinaban a los sueldos de obispos y seminaristas no más de 30 millones de pesos al año (a valores actuales). En cambio, los subsidios a la educación confesional, que a mi juicio no están cubiertos por la constitución, es otra cosa, pero es el gran instrumento de penetración de la Iglesia, recibían, a valores de hoy, unos 6 mil millones de pesos anuales de subsidio, a valores de hoy. Y además, hubo una serie de prerrogativas adicionales, como la entrega en comodato de edificios y terrenos en la Ciudad de Buenos Aires. Hubo subsidio a la acción católica, financiación secreta a determinados obispos para que tengan una actitud benevolente a la dictadura…

- Y también está la dimensión ideológica en contra de la subversión.

- Bueno, de hecho, el programa represivo de la dictadura es un programa elaborado por sectores eclesiásticos. A partir de la creación del Obispado Castrense, que antes se llamaba Vicariato Castrense, se arma la arquitectura del adoctrinamiento de las fuerzas armadas en la doctrina del aniquilamiento del enemigo interno. Aquí, en la Argentina, hay una idea bastante generalizada de que la seguridad nacional fue exportada por Estados Unidos. Esto es relativamente cierto. En la Argentina, el adoctrinamiento militar en la represión, provino de la Iglesia Católica a través del Vicariato Castrense. La Iglesia Católica caracteriza al enemigo subversivo con independencia de que use armas, o no. No es el legítimo combate del Estado contra un desafío armado: es la lucha de tipo teológico contra cualquier desafío a una concepción estática y tradicionalista de la existencia, donde lo que se reprime es el desafío al plan de Dios, a lo que llaman el "orden natural". Y cualquier cosa que se aparte de eso, como el matrimonio igualitario ("la guerra del Diablo", según Bergoglio), es subversiva.

- Ya que nombrás a quien hoy es el Papa, ¿qué rol cumplió en la dictadura Jorge Bergoglio?

- En esos años tuvo un rol secundario porque Bergoglio, en el momento del golpe, no era obispo. Era superior provincial de una orden religiosa importante como la Compañía de Jesús. Él no participa de la planificación y difusión de esta doctrina, pero sí participa en la represión interna en la Iglesia, del sector de la "Teología de la liberación", que otros sectores eclesiásticos denunciaban como infiltrados por el marxismo. El rol que él tiene, en ese sentido, es el control ideológico en la Compañía de Jesús, para purgarla de esas desviaciones. Y en ese sentido hay varios desaparecidos adscriptos a esa tendencia durante su gestión.

- El libro tiene una parte propositiva, que es la de conformar una nueva Comisión Nacional de la Verdad. ¿Qué haría esa comisión? ¿Cómo funcionaría?

- El que está trabajando en eso es Héctor Recalde, que lo va a presentar en el Congreso. Nosotros proponemos que sea una comisión creada por el Congreso, con amplias facultades y dotada de recursos técnicos. Porque aquí hay que estudiar balances, ciclos económicos, peritos contables, economistas, juristas… No es una cosa simple, es una articulación compleja. Y esa Comisión, una vez que termine su tarea, podrá formular recomendaciones, que podrán ser a uno o a los tres poderes del Estado. Una de las tareas que tiene que tener esa Comisión, a mi juicio, es la profundización de lo que nosotros intentamos con este libro: la sistematización de mucha información que ya existe, pero dispersa (en informes de comisiones investigadores del Congreso, dependencias del Ejecutivo, y materiales producidos por las diversas causas judiciales).

- ¿Qué condenas podrían tener estos actores económicos?

- Bueno ahí quiero señalar algo, porque en las presentaciones que hacemos todos se centran en la posibilidad de juicios penales. Eso, en primer lugar, no es el objetivo del libro. Sí hay casos en los cuales deben realizarse juicios penales y desde el CELS lo hemos impulsado, pero el juicio penal sólo se puede hacer a una persona. Y hay muchos de los responsables que ya han muerto, y con la muerte se extingue la acción penal. Ahora, lo que sí se puede hacer, en esos casos, son juicios civiles, porque las empresas son personas jurídicas que tienen una continuidad, de modo que los ilícitos que haya cometido una determinada empresa, son responsabilidad de la misma empresa en el presente. Pero además, hay otro tipo de medidas que no son necesariamente un juicio: se puede poner una placa en los lugares donde funcionaron algunas cámaras patronales que fueron instigadoras, cómplices y encubridoras de los crímenes de la dictadura. Eso no cuesta plata, no le hace perder la libertad a nadie: simplemente declara los hechos tal cual fueron, para que todo el mundo sepa qué pasó allí. ¿Les va a gustar? No. Pero bueno, las sociedades crecen, no sólo con juicios,  sino también con estos actos simbólicos.

- En la línea de lo que plantea el libro, ¿Qué actores económicos de hoy creés que querrían un golpe?

- A mí me parece que la semana pasada, con la enfermedad presidencial, fue evidente cómo desde el Grupo Clarín ha habido prácticamente una convocatoria a desconocer la institucionalidad democrática, cuestionando la posibilidad de que asuma el vicepresidente (contra el cual no hay un solo cargo, y que está en la plenitud del ejercicio de sus funciones). Que no le guste a uno u otro, es otra cosa. Plantear que Boudou no puede asumir la presidencia, es una política desestabilizadora abierta e indudable por parte del Grupo.

- ¿Es llamar a un golpe?

- Es promover la crisis política. Imaginate qué pasaría si tuvieran la fuerza suficiente para impedir que Boudou asumiera la presidencia, y se eligiera un nuevo presidente del Senado. Sería una crisis monstruosa, como la del 2001, y eso es lo que quieren provocar. Y el Grupo Clarín, y La Nación, socia del Grupo, están a la cabeza de eso. No hay más que leer los titulares que publican.

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