Nos cuestan MUY caro

Jimmy Carter, George Bush padre, George Bush hijo y Bill Clinton. (Getty Images)
¿A dónde llama George W. Bush para que su factura de teléfono ascienda a $80,000 al año? ¡Y lo peor es que se la pagamos nosotros!

Bueno, a él y a todos los demás expresidentes. Porque a Bill Clinton también le pagamos la renta de su oficina en Nueva York, que cuesta $579,000 al año. Y a Jimmy Carter solo en sellos de correo le reembolsamos $15,000. (Ver totales más adelante). 

Y no es que nos estén timando. Todo es perfectamente legal. Desde hace medio siglo los contribuyentes al fisco de Estados Unidos corren con los gastos de los expresidentes, independientemente de que ellos sean millonarios, como es el caso de casi todos los “ex” vivos actualmente.

George W. Bush, por ejemplo, ganó $15 millones en el año 2010 dando conferencias, pero nos pasó una factura de gastos de $1.3 millones. Y Bill Clinton también obtuvo $10 millones de sus discursos ese año, pero nos cargó  $1.08 millones.

A George Bush padre le abonamos un importe de $830,000 en gastos de representación ese mismo año (que es el último del que hay datos disponibles), y a Carter $518,000.

En total los contribuyentes pagaron más de $3 millones en un año. Las facturas incluyen viajes, teléfono, renta y otros gastos de representación. Excluyen los gastos de seguridad, de su escolta del servicio secreto, que se paga a través de otro apartado del presupuesto nacional.
 
Ahora un congresista está cuestionando la vigencia de la ley que autoriza esos beneficios y ha propuesto sustituirla por otra que, o bien los elimine por completo o los reduzca, dependiendo de las circunstancias económicas de cada exmandatario.

El congresista Jason Chaffetz (Republicano de Utah) propone eliminar el pago de los gastos a los ex presidentes que ganen más de $400,000 al año.  Y a los que ganen menos, limitarle los gastos a $200,000 al año y pagarles una pensión de otros $200,000. 

La ley que pretende revocar Chaffetz data de la época de Harry Truman. En aquel entonces, el Congreso decidió ayudar a Truman porque después de salir de la Casa Blanca sus finanzas no le llegaban para pagar las facturas. Para mantener la dignidad de la Presidencia de EEUU se aprobó la ley en 1958.