Yahoo Noticias ¿Por qué Chile trata a los mapuches como terroristas?
El gobierno de Chile ha recibido un nuevo regaño de Naciones Unidas por el conflicto mapuche. Si las autoridades no actúan con rapidez para alcanzar una solución, la crisis “podría escalar rápidamente y convertirse en disturbios y violencia generalizada”, ha advertido Ben Emmerson, relator especial del organismo multilateral.
¿Cuáles son las causas del enfrentamiento entre los habitantes de la Araucanía y el Estado chileno? ¿Por qué los gobiernos de la democracia no han hallado salida a las tensiones en el sur del país? ¿Qué relación tiene aún la dictadura de Augusto Pinochet con las críticas de la ONU y de organizaciones de derechos humanos?
Chile en el banquillo
El señor Emmerson no comprende por qué La Moneda se empeña en esgrimir la Ley Antiterrorista, una herencia de la dictadura pinochetista, para tratar con los mapuches. “Chile no está enfrentado a ninguna amenaza terrorista”, señaló el funcionario al diario chileno La Tercera.
En su reporte, resultado de una visita de dos semanas al país suramericano, Emmerson recomienda explícitamente “cesar todo uso de la legislación antiterrorista en conexión con las protestas territoriales Mapuche.” El texto califica de “confuso y arbitrario” el uso de esta legislación, “lo que ha resultado en verdadera injusticia” y ha dañado la imagen de las reclamaciones territoriales de los indígenas.
Mas no es la primera vez que el gobierno de Santiago debe sentarse en el banquillo de los acusados. Desde el retorno de la democracia se han sucedido los cuestionamientos al manejo oficial del conflicto mapuche.
Los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) de 2013 reúnen ejemplos recientes de la represión contra los habitantes originarios de la Araucanía. Ambas organizaciones coinciden en sus críticas a la indebida aplicación de la Ley Antiterrorista y las deficiencias del sistema judicial cuando se procesa a miembros de esas comunidades.
A finales de 2013 debe de conocerse la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso “Norín Catrimán y otros vs Chile”, que podría convertirse en la primera condena al Estado chileno por el trato discriminatorio y las violaciones al debido proceso en el caso de ocho líderes mapuches.
¿Qué reclaman los mapuches?
Básicamente los mapuches reivindican su derecho a tierras que pertenecieron a sus ancestros – asentados en la Araucanía desde muchos antes de la colonización--, y ahora ocupan terratenientes y empresas privadas. Los indígenas reprochan al gobierno chileno el incumplimiento de los pactos, el primero establecido en 1641 con los representantes de España, que reconocían su autonomía como pueblo distinto y delimitaban su territorio.
Sin embargo, desde finales del siglo XIX, con la llamada Ocupación de la Araucanía, los mapuches perdieron el control sobre su territorio. Recluidos en reservas como en Norteamérica, los indígenas vieron cómo sus tierras eran entregadas a emigrantes europeos y compañías privadas, que desde entonces han explotado los recursos naturales de la región.
Estudiosos de la historia y la cultura de los mapuches aseguran que su inconformidad trasciende el tema de la propiedad. Sus líderes exigen el reconocimiento oficial como un pueblo diferente al chileno, con poder efectivo sobre las decisiones que afectan a sus comunidades, aunque esta autonomía no signifique la creación de un Estado independiente.
En su informe, Emmerson sugiere que la clave de una estrategia nacional para solucionar el conflicto “debería ser el reconocimiento Constitucional del derecho Mapuche de existir como pueblo indígena dentro del Estado de Chile.”
Pero esas demandas chocan contra la opinión, al parecer mayoritaria entre los políticos de la derecha y la izquierda, de que los chilenos son un pueblo mestizo, cuya identidad no aceptaría en cambio la coexistencia armoniosa con el pueblo mapuche. Según esta idea, los cerca de 700.000 mapuches que han sobrevivido al incesante duelo con las autoridades chilenas, deberían integrarse al resto del país.
Por otra parte, los colonos y empresarios establecidos en el antiguo territorio araucano también exigen el respeto de sus propiedades, adquiridas de acuerdo con las leyes del Estado chileno.
La sombra de Pinochet sobre el conflicto
La crisis mapuche ha develado otra de las huellas del régimen de Pinochet sobre la democracia chilena. Los tribunales han utilizado la Ley 18314 dictada por la Junta Militar en 1984, conocida como Ley Antiterrorista, para juzgar a representantes del movimiento indígena y a mapuches acusados de participar en actos violentos.
El actual gobierno chileno rechaza las críticas por el supuesto uso indebido de esta legislación. En enero pasado, tras el atentado incendiario que costó la vida a dos colonos suizos en la localidad de Vilcún, el presidente Sebastián Piñera descartó que se tratase de criminalizar en particular a los mapuches.
En 2007, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas invitó a La Moneda a elaborar una “definición más precisa de los delitos de terrorismo de tal manera que se asegure que individuos no sean señalados por motivos políticos, religiosos o ideológicos”, en alusión directa a los miembros de la comunidad mapuche.
Ahora el relator Emmerson estima que esa ley “se ha convertido en parte del problema y no parte de la solución.” “La única propuesta en la que todos en este debate parecieran estar de acuerdo es que la situación actual de la ley antiterrorista es insatisfactoria y que requiere de enmienda o derogación, con o sin una legislación que la reemplace”, concluye el funcionario.
