LIMA (AP) — Un prominente ambientalista peruano dijo que la policía lo arrestó y golpeó en una región del norte donde el gobierno ha decretado un estado de emergencia después de que tres personas murieron y 21 resultaron heridas en protestas contra el más grande proyecto minero del país.
Marco Arana, un ex sacerdote convertido en activista, dijo en su cuenta de Twitter que la policía lo golpeó dentro de la estación donde permanece retenido.
"Me detuvieron, me golpearon mucho, dentro de la comisaría me volvieron a golpear, puñetes en la cara, riñones, insultos", escribió Arana a través de la red social.
El titular de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Cajamarca, Johnny Díaz, confirmó la detención en declaraciones a la AP, pero dijo que el arresto no obedeció a una orden fiscal sino que se debió a un "tema policial de rutina".
"La detención se ha producido porque (Arana) ha estado al parecer promoviendo las reuniones, que están prohibidas en un estado de emergencia", dijo Díaz.
Según reportes periodísticos, Arana fue arrestado en la plaza principal de la ciudad de Cajamarca, en donde se encontraba reunido con otras personas. Tras su arresto, la policía dispersó a la gente arrojando gases lacrimógenos.
La declaratoria de estado de emergencia supone la suspensión de garantías constitucionales como el derecho de reunión, de libre tránsito, y de inviolabilidad del domicilio.
Fotografías del momento de la detención de Arana fueron difundidas en las redes sociales. En una, aparece rodeado de policías con las manos en alto, en otra se le ve sujetado por el cuello por un agente.
Pedro Francke, miembro del movimiento Tierra y Libertad, liderado por Arana, dijo a la emisora RPP que "la defensa de Marco Arana no tiene contacto con él".
"No se le ha permitido entrar a la comisaría donde está detenido lo cual es ilegal", señaló.
El gobierno declaró el estado de emergencia en Cajamarca y otras dos provincias después de los disturbios del martes entre manifestantes opuestos a la mina contra policías y militares.
Las autoridades reportaron la muerte de tres civiles, dos de ellos de disparos en la cabeza.
Los lugareños se oponen al funcionamiento de la mina Conga, un proyecto aurífero de 4.800 millones de dólares que pertenece a la compañía estadounidense Newmont Mining. El rechazo se debe al temor de que se contaminen sus fuentes de agua.